EXP. N.° 03204-2010-PHC/TC
ANCASH
JAVIER
GRIMALDO
ALEJOS ALEJOS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 27 días del mes de octubre
de 2010,
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Grimaldo
Alejos Alejos contra la sentencia expedida por
ANTECEDENTES
Con 26 de
marzo de 2010, don Javier Grimaldo Alejos Alejos interpone demanda de hábeas corpus a favor suyo
y de doña Clara Beatriz López Morillo contra el Juez del Juzgado Mixto de
Refiere el
demandante acerca de una serie de procesos judiciales entre él y un grupo de
personas que son sus enemigos políticos y se creen con derecho de ser asociados
de la citada asociación civil, proceso en el que resultaron vencedores y además
ocuparon algunos cargos directivos; que sin embargo, dichas personas los volvieron
a denunciar por delitos que ya habían sido archivados, por lo que el fiscal
emplazado formalizó denuncia penal (Denuncia 55-2009) en virtud de la cual se
les viene procesando de manera irregular ante el referido juzgado (Exp.
2009-22), por delitos inexistentes y porque se les ha denegado los medios
probatorios que han ofrecido, tales como pericias grafotécnicas, contables, confrontaciones,
inspección judicial, la remisión de expedientes judiciales de los procesos que
han ganado, proceso en el que el fiscal emitió un dictamen prevaricador en
concierto con el juez emplazado, por lo que solicita la rectificación del auto
de apertura de instrucción con la finalidad de ampliar la pena a seis años de
pena privativa de la libertad con el objeto de encarcelarles. Agrega que en el
acto de lectura de sentencia la favorecida no concurrió porque no fue
notificada oportunamente, que se realizó
en una fecha anterior a la señalada, que el juez emplazado permitió la
participación de la abogada de la parte civil y del supuesto representante de
la citada Asociación, quienes solicitaron que se revoque la comparecencia
restringida otorgada a la favorecida por el mandato de detención; que el juez
emplazado no ha cumplido con resolver los siete escritos presentados por el
recurrente, que ha admitido un padrón de asociados de fecha 11 de marzo de 1997,
que no tiene ninguna validez; que las actas de lectura de sentencia son nulas por
haberla suscrito el fiscal emplazado, porque nunca fueron notificados de dicha diligencia;
que el auto de apertura de instrucción ordenó la ejecución de diligencias que
no se han actuado en el proceso. Añade que el auto de apertura de instrucción no
expresa adecuadamente la calificación de modo específico del delito que
correspondería a los hechos denunciados y que el juez emplazado ha sido
sobornado para perjudicarlos.
Realizada la
investigación sumaria, el juez emplazado sostiene que viene tramitando el
proceso cuestionado dentro del marco legal, el cual se encuentra con acusación fiscal
y señalada la fecha para la lectura de sentencia, cumpliendo con los términos establecidos
en nuestro ordenamiento procesal penal, y que el objeto de la presente demanda
es el de dilatar el proceso para que no se dé la lectura de sentencia.
El Tercer Juzgado
Penal de Huaraz, con fecha 30 de abril de 2010, declara infundada la demanda
por considerar que en el proceso en cuestión no se advierte irregularidad
alguna, que no se le ha recortado el derecho de defensa a los recurrentes, quienes
vienen defendiéndose conforme a ley, y que es en el citado proceso donde se
determinará su responsabilidad penal; agregando que tienen el derecho de
interponer los recursos impugnatorios en caso de no estar de acuerdo con la
sentencia condenatoria.
FUNDAMENTOS
Delimitación del
petitorio
1. El demandante solicita la nulidad del
auto de apertura de instrucción de fecha 7 de mayo de 2009, así como del
proceso penal seguido contra él y
la favorecida (Exp. 2009-22), por la presunta comisión de los delitos contra el
patrimonio- apropiación ilícita, estafa, usurpación agravada, daños agravados,
contra la tranquilidad pública-asociación ilícita para delinquir y contra la fe
pública-falsificación de documentos en general en agravio de la asociación
civil Círculo Social Deportivo Sihuas porque, a su criterio, resultan vulneratorios
a los principios y derechos constitucionales invocados en la demanda, para lo
cual cuestiona la labor del fiscal provincial y del juez emplazados.
Análisis del caso
concreto
Cuestionamiento de las
resoluciones expedidas por los representantes del Ministerio Público
2.
Respecto
al cuestionamiento de la formalización de la denuncia y del dictamen fiscal de
fojas 264 del cuaderno acompañado y de fojas 85 de autos, este Tribunal en reiterada jurisprudencia
ha precisado que las
actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso
decisorias sobre lo que la judicatura resuelva.
Cuestionamiento del proceso penal
3. En lo que respecta a la alegada denegación y no actuación de medios probatorios durante la etapa de instrucción sin que exista sentencia, este Tribunal considera que es una incidencia que no afecta directamente el derecho a la libertad en conexidad con los demás derechos constitucionales invocados, toda vez que el recurrente tiene derecho al impugnar la sentencia al interior del proceso penal, en el supuesto de que no se haya considerado ni merituado los medios probatorios ofrecidos, pudiendo ejercer su derecho a la pluralidad de instancias.
4. Respecto a la pretensión referida a la indebida tipificación de los delitos en el cuestionado auto de apertura de instrucción, ello concierne exclusivamente a la justicia ordinaria, por lo que no puede ser objeto de análisis en los procesos constitucionales de la libertad.
5. Y respecto a la falta de notificación a la favorecida con la fecha para la lectura de sentencia y que ésta se ha realizado un día antes de la fecha programada, conforme se advierte a fojas 873 del cuaderno acompañado ante la inconcurrencia del abogado defensor del recurrente y ante la concurrencia de la favorecida se reprogramó la citada diligencia notificándosele en dicho acto al recurrente y disponiéndose que se notifique a la favorecida en su domicilio, a efectos de no recortarle su derecho de defensa, y respecto de las alegaciones referentes a incidencias procesales, resulta de aplicación el artículo 5.º, inciso 1, del Código Procesal Constitucional
6.
En
consecuencia respecto a los fundamentos 2, 3, 4, y 5 supra resulta de aplicación el artículo 5º, inciso 1, del Código
Procesal Constitucional, por lo que en este extremo la demanda debe ser
declarada improcedente.
Cuestionamiento del auto de apertura de instrucción
7.
El Tribunal Constitucional también ha señalado que la necesidad de que las
resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio
de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho constitucional
de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la
impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con
8.
El artículo 77.° del Código
de Procedimientos Penales establece como requisitos para el dictado del auto de
apertura de instrucción (fojas 295 del cuaderno acompañado) que en los actuados
haya indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de
un delito, que se haya individualizado a los inculpados y que la acción penal
no haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. En
el caso de autos, el considerando primero de la resolución cuestionada sí
precisa los elementos de juicio reveladores de la existencia de los delitos
imputados a los recurrentes: “(…) los denunciados
con fines ilícitos y con el objeto de tener un provecho económico personal,
planificaron cuidadosamente cómo apoderarse del importe de los arriendos, que
adeudaba ESSALUD por el alquiler del local del Círculo Social Deportivo Sihuas,
que ascendían aproximadamente a la suma de S/. 87,000.00 nuevos soles y
quedarse como propietarios del inmueble, y en forma ocultan a sus allegados y a
terceras personas, iniciando éste plan el día 19 de enero de 2008, usando los
nombres del vice presidente de ese entonces Aquiles Romero Román, como supuesto
convocante a dicha asamblea, para darle validez al acto de acuerdo a sus
estatutos y como participantes en dicha asamblea a los asociados Máx Romero
Gambini, Elva Castillo de Melgarejo, Saturnino Fermín Capa Azaña, Virgilio
Jesús Contreras Valois, los mismos que
no participaron en ésta asamblea, y se eligieron los denunciados en su
condición de conviviente como Presidente Clara Beatriz López Morillo y como
Tesorero Javier Grimaldo Alejos Alejos (…) y luego con fecha 23 de enero de
2008, lo inscribieron en los Registros Públicos de la ciudad de Huaraz (…) y
con fecha 14 de marzo de 2008, cobran la suma de S/. 82,438.00 y la suma de S/.
5,262.00 nuevos soles dinero que adeudaba ESSALUD-SIHUAS y con fecha 06 de
diciembre de 2008, elaboran un acta para la venta del local institucional, cuyas
actas aparecen las firmas falsificadas de Virgilio Jesús Contreras Valois y
otros, y en esta supuesta asamblea aprueban la venta de dicho inmueble (…)
materializada la venta del referido inmueble el 23 de diciembre del 2008, donde
aparece la denunciada vendiendo el inmueble a su conviviente Javier Grimaldo
Alejos Alejos, por la suma de S/. 32,000-00 nuevos soles, mediante escritura
pública, y luego de tomar posesión del inmueble los denunciados, realizan
modificaciones en su estructura, causando daños considerables al haber cambiar
las puertas originales y arrendarlo parte de los ambientes. Y la certificación
en el quinto tomo que supuestamente fue certificada por el Juez de Paz de Segunda
Nominación de esta ciudad Clodoaldo L. Pérez DE
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del
Perú,
HA RESUELTO
1.
Declarar
IMPROCEDENTE la demanda respecto a
los fundamentos 2, 3, 4 y 5 supra.
2.
Declarar
INFUNDADA la demanda porque no se ha
acreditado la amenaza a la libertad personal
del demandante, ni la
vulneración de sus derechos al debido proceso, de defensa, a la
motivación de las resoluciones judiciales, e igualdad ante la ley.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ