EXP. N.° 03211-2010-PA/TC
LIMA NORTE
NELSON JUPER
RAMOS PULIDO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 10 días del mes
de noviembre de 2010,
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Nelson Juper Ramos
Pulido contra la sentencia expedida por
ANTECEDENTES
Con fecha 2 de diciembre de
2008, el recurrente interpone demanda de amparo contra
El Sexto Juzgado Especializado
en lo Civil de
FUNDAMENTOS
§. Procedencia de la demanda
1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reincorporación del demandante en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Se alega que el demandante, a pesar de haber suscrito contratos de locación de servicios no personales y contratos administrativos de servicio, en los hechos prestó servicios bajo una relación laboral de plazo indeterminado al haberse desnaturalizado sus contratos.
2. Por su parte, la emplazada manifiesta que el demandante no fue despedido arbitrariamente, sino que al vencimiento del plazo de su último contrato administrativo de servicios se extinguió su respectiva relación contractual.
3.
Considerando los
argumentos expuestos por las partes y los criterios de procedencia establecidos
en el precedente vinculante de
§. Análisis de la controversia
4.
Para resolver la
controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC -00002-2010-PI/TC y
03818-2009-PA/TC, así como en
5. Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, los contratos civiles de locación de servicios no personales que suscribió el demandante se desnaturalizó, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un periodo independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, lo que es constitucional.
6.
Hecha la precisión
que antecede, está acreditado con los contratos administrativos de servicios
obrantes de fojas
Siendo ello así, la extinción de la relación laboral del demandante no afecta derecho constitucional alguno, por lo que no cabe estimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos alegados.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
EXP. N.° 03211-2010-PA/TC
LIMA NORTE
NELSON JUPER
RAMOS PULIDO
FUNDAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS
Teniendo en cuenta que en el presente caso se verifica la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1057, que regula el denominado “Contrato Administrativo de Servicios” (CAS), y sin perjuicio de lo expresado en el Expediente N.º 00002-2010-PI/TC y su respectiva resolución de aclaración, juzgo conveniente manifestar algunos argumentos adicionales:
1. En general, puede
afirmarse que el “Contrato Administrativo de Servicios” (CAS) ha establecido
condiciones más favorables para un determinado grupo de trabajadores del sector
público, respecto de la afectación de derechos fundamentales producida por los
“contratos por locación de servicios” o mal llamados contratos de servicios no
personales (SNP), que encubrían verdaderas relaciones de trabajo, tal como lo
ha evidenciado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ello, aún
cuando desde determinados puntos de vista el régimen CAS es más beneficioso en
el contexto actual y por ello resulta válido desde una perspectiva
constitucional, según ha quedado expresado en el Expediente N.°
00002-2010-PI/TC, estimo que dicho estatus de «constitucionalidad» es uno que
con el tiempo podría devenir en «inconstitucional» si es que el Estado peruano,
dentro de un plazo razonable, no toma “acciones” dirigidas a mejorar las
condiciones ya implementadas y materializar la respectiva igualdad exigida por
En efecto, si bien el Tribunal Constitucional ha establecido que las limitaciones o intervenciones en determinados derechos laborales por parte del CAS resultan justificadas (por las razones ya expresadas en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC), ello sólo resulta legítimo en el contexto actual de tránsito hacia mejores condiciones laborales, pero si dichos límites se mantienen indefinidamente resulta claro que se estarían convirtiendo en discriminatorias.
2. En esta obligación del Estado peruano para optimizar progresivamente el goce de los derechos fundamentales laborales de los trabajadores del régimen laboral CAS, deben tomarse en cuenta temas tales como: i) la fijación de límites para la contratación de personal bajo esta modalidad de modo tal que el Estado sólo pueda hacerlo fijando determinados porcentajes respecto del total de trabajadores; ii) la limitación razonable del plazo de duración en el que un trabajador puede estar sujeto al CAS; iii) el fortalecimiento de la estabilidad laboral y la protección adecuada contra el despido arbitrario; iv) la regulación para el ejercicio de los derechos colectivos de sindicalización, huelga y negociación colectiva, entre otros derechos laborales que resultaren pertinentes.
3. Asimismo, es
imperativo que en un periodo razonable que podría ser, por ejemplo, de 7 años,
el Estado debe reconocer derechos equiparables a los regulados en los Decretos
Legislativos N.°s 276 y 728 o, caso contrario, la
incorporación paulatina de los trabajadores del régimen CAS a los referidos
regímenes laborales estatuidos para la respectiva entidad pública, plazo que se
justifica en la medida que en la actualidad (finales de año 2010) nos
encontramos en una etapa pre electoral (abril 2011),
de modo que serán los siguientes representantes del Estado (Poder Legislativo y
Poder Ejecutivo) los encargados de concretizar gradualmente los aludidos
derechos. Si bien este tránsito, que exige nuevos o mayores gastos públicos,
debe producirse de manera progresiva, tal como lo dispone
S.
BEAUMONT CALLIRGOS