EXP. N.° 03235-2010-PA/TC
MAGDA
BERTHA FERNÁNDEZ
JUSTINIANO
DE SIPIRÁN
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 4 de octubre de 2010
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Magda Bertha Fernández Justiniano de Sipirán contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 116, su fecha 19 de mayo de 2010, que declaró infundada la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha 13 de febrero
de 2009, la recurrente interpone demanda de amparo contra
2. Que, de acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-PI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión constituye un elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de conformidad con los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/TC.
3. Que estando a que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones necesarias para su goce; debe concluirse que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio han de estar debidamente sustentadas a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención de este derecho.
4. Que la pretensión de autos se encuentra dirigida a cuestionar la caducidad del derecho a la pensión de la recurrente, por lo que corresponde efectuar su evaluación en atención a lo antes precitado, teniendo presente que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito.
5. Que conforme al artículo 33.a) del Decreto Ley 19990, las pensiones de invalidez caducan “Por haber recuperado el pensionista la capacidad física o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en grado tal que le permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la pensión que recibe”.
6. Que el artículo 24.a) del Decreto Ley 19990 establece que se considera inválido: Al asegurado que se encuentra en incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región.
7.
Que de
8. Que no obstante, de la Resolución 31393-2007-ONP/DC/DL 19990, de fecha 10 de abril de 2007, se desprende que, de acuerdo con el Dictamen de Comisión Médica de fojas 223 del expediente administrativo, el recurrente presenta una enfermedad distinta a la que generó el derecho a la pensión que se le otorgó y con un grado de incapacidad que no le impide ganar un monto equivalente al que percibe como pensión, por lo que se declara caduca la pensión de invalidez conforme al artículo 33 del Decreto Ley 19990 (f. 5).
9. Que la emplazada, a fojas 223 del expediente administrativo, ofrece como medio de prueba el Certificado de la Comisión Médica Evaluadora y Calificadora de Incapacidades de EsSalud, de fecha 15 de febrero de 2007, con el que demuestra lo argumentado en la resolución que declara la caducidad de la pensión de invalidez del demandante, dado que dicho documento indica que el demandante presenta gonoartrosis de rodilla izquierda, artroplastía de rodilla y lumbalgia no especificada, con un 22% de menoscabo global.
10.
Que, a su turno, el
recurrente, para acreditar su pretensión, presenta el Informe de Evaluación
Médica de Incapacidad, de fecha 2 de mayo de 2007, del Hospital II de EsSalud
de Chócope (f. 264 del expediente administrativo), el cual concluye que padece
de coxartrosis no especificada, osteoporosis avanzada y presenta prótesis sin
indicar el grado de menoscabo.
11.
Que al efecto importa
recordar que, en la STC 2513-2007-PA/TC, fundamento 45.b), este Colegiado
estableció que: “En todos los procesos
de amparo que se encuentren en trámite, y cuya pretensión sea el otorgamiento
de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846 o de una pensión de
invalidez conforme a la Ley N.º 26790 y al Decreto Supremo N.º 003-98-SA, los
jueces deberán requerirle al demandante para que presente en el plazo máximo de
60 días hábiles, como pericia, el dictamen o certificado médico emitido por una
Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades de EsSalud, o del
Ministerio de Salud o de una EPS, siempre
y cuando el demandante para acreditar la enfermedad profesional haya adjuntado
a su demanda o presentado durante el proceso un examen o certificado médico
expedido por una entidad pública, y no exista contradicción entre los
documentos presentados” (énfasis agregado).
12. Que si bien el citado precedente regula el acceso a la pensión de invalidez por enfermedad profesional, la declaratoria de improcedencia obedece a que no se tiene certeza respecto a la enfermedad del actor y que sin un Certificado de Comisión Médica Evaluadora no es posible emitir juicio sobre la controversia. Asimismo, este Colegiado hace hincapié en que el proceso de amparo no es la vía idónea para resolver este tipo de pretensiones, ya que, por su evidente controversia, se hace necesario someterlas a una actividad probatoria amplia a fin de poder establecer, con certeza si el demandante sigue padeciendo de incapacidad para el trabajo en un grado tal que le impide ganar un monto equivalente al que percibe como pensión.
13. Que, por tanto, estos hechos controvertidos deberán dilucidarse en un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, por lo que queda expedita la vía para acudir al proceso a que hubiere lugar.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la
autoridad que le confiere
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ