EXP. N.° 03401-2010-PA/TC

LIMA

ROY ROBERT

AGUIRRE CASTILLO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 15 de octubre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roy Robert Aguirre Castillo contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 31, su fecha 26 de mayo de 2010, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 13 de noviembre de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Policía Nacional del Perú solicitando que se ordene a la demandada que cesen los actos que vulneran sus derechos constitucionales a la igualdad, entre otros, al no aplicar los beneficios establecidos por el Decreto Supremo Nº 213-90-EF, y que se le pague devengados, intereses legales y costos del proceso.

2. Que este Colegiado, en la STC N.º 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral de los regímenes privado y público.

3. Que conforme al fundamento 23 del referido precedente deben dilucidarse en la vía contencioso-administrativa por ser idónea, adecuada y satisfactoria como el proceso de amparo para resolver las controversias laborales públicas “las pretensiones por conflictos jurídicos individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el personal  dependiente  al  servicio  de  la  Administración pública y que se derivan de  derechos  reconocidos  por  la  ley,  tales  como  nombramiento,   impugnación de adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de procedimientos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación por tiempo de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración con motivo de la Ley N.º 27803, entre otros”.

4. Que de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 25 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5º, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, se determina que, en el presente caso, la pretensión de la parte demandante no procede porque existe una vía procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección de los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, que está constituida por el proceso contencioso-administrativo, dado que dicho proceso permite la actuación de medios probatorios, presentándose como un mecanismo más eficaz para la dilucidación de las pretensiones como la de autos. Por lo tanto la demanda debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI

ÁLVAREZ MIRANDA

URVIOLA HANI