EXP. N.° 03523-2010-PA/TC

LA LIBERTAD

BENITO QUEZADA

ZAPATA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 9 de noviembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Benito Quezada Zapata contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 160, su fecha 27 de abril de 2010, que declaró infundada la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 24 de abril de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 30324-2007-ONP/DC/DL19990, de fecha 4 de abril de 2007, y que en consecuencia se restituya el pago de la pensión de invalidez que venía percibiendo. Asimismo solicita el pago de los devengados, los intereses legales y los costos del proceso.

2. Que de acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-PI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión se constituye como un elemento del contenido esencial de este derecho, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de acuerdo a los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/TC.

3. Que estando a que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones que resultan necesarias para su goce; se concluye que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio deben encontrar debido sustento legal, así como una argumentación suficiente y razonable, para efectos de evitar la arbitrariedad en la intervención de este derecho.

4. Que considerando que la pretensión demandada se encuentra dirigida a cuestionar la caducidad del derecho a la pensión del recurrente, corresponde efectuar la evaluación del caso concreto en atención a lo antes precitado, teniendo presente que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito.

5. Que conforme al artículo 33.a) del Decreto Ley 19990 las pensiones de invalidez caducan Por haber recuperado el pensionista la capacidad física o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en grado tal que le permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la pensión que recibe.

6. Que el artículo 24.a) del Decreto Ley 19990 establece que se considera inválido: Al asegurado que se encuentra en incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región.

7. Que de la Resolución 29621-2005-ONP/DC/DL 19990, de fecha 8 de abril de 2005 se evidencia que al demandante se le otorgó pensión de invalidez definitiva porque, según el Certificado Médico de Invalidez D.S. 057-2002-EF, de fecha 19 de enero de 2005, emitido por el Hospital La Fora Guadalupe, perteneciente al Ministerio de Salud, padece “osteortrasis lumbo sacra”, con un menoscabo de 85%, y que por lo tanto su incapacidad es de naturaleza permanente total (f. 6).

8. Que no obstante de la Resolución 30324-2007-ONP/DC/DL 19990, de fecha 4 de abril de 2007, se desprende que de acuerdo con el Dictamen de la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades, el recurrente presenta una enfermedad distinta a la que generó el derecho a la pensión que se le otorgó y con un grado de incapacidad que no le impide ganar un monto equivalente al que percibe como pensión, por lo que se declara caduca la pensión de invalidez conforme al artículo 33 del Decreto Ley 19990 (f.9).

9. Que la emplazada, a fojas 46 del Expediente Administrativo, ofrece como medio de prueba el Certificado Médico – DL – 19990 (DS 166-2005-EF); emitido por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray, de EsSalud, de fecha 20 de febrero de 2007, con el que demuestra lo argumentado en la resolución que declara la caducidad de la pensión de invalidez del demandante, y que le diagnostica lumbalgia, con un menoscabo global de 14%.

10. Que por consiguiente este Colegiado estima que es necesario determinar fehacientemente el estado actual de salud del actor y el grado de incapacidad que posee, ya que existe un grado de contradicción respecto a lo argumentado por ambas partes. En ese sentido estos hechos controvertidos deberán dilucidarse en un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, precisándose que queda expedita la vía para que se acuda el proceso a que hubiere lugar.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI

ÁLVAREZ MIRANDA

URVIOLA HANI