EXP. N.° 03556-2009-PA/TC
LIMA
SANTIAGO PASSONI
HINOSTROZA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 23 de setiembre de 2010
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Santiago Passoni
Hinostroza contra la resolución de fecha 23 de abril del 2009, segundo
cuaderno, expedida por
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha 20 de
agosto del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo contra el juez a
cargo del Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Carabayllo, Sr. Walter Eduardo Campos Murillo, solicitando
se ordene a la judicatura cumpla con ejecutar la resolución N.º 292 expedida
por
Sostiene que siguió proceso de cumplimiento contra
2.
Que cabe precisar
que las instancias inferiores han rechazado liminarmente
la demanda, así
3. Que entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien todavía no es demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y formal requerida, corresponde entonces ordenar al inferior a admitir la demanda a trámite y correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es “el recurso interpuesto” y no la demanda. Debemos manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al Tribunal Constitucional sólo referirse al tema del cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional, y nada más. Por lo tanto, estamos frente a dicha decisión sin proceso y sin demandado.
4. Que en atención a lo señalado este Tribunal considera que es materia de la alzada el pronunciamiento respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse por la confirmatoria o la revocatoria del auto de rechazo liminar. Sin embargo, este Colegiado ha venido considerando que excepcionalmente podría ingresar al fondo, para darle la razón al demandante, en casos de suma urgencia cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, es decir cuando por ejemplo se evidencie estado de salud grave o edad avanzada del demandante. Sin embargo, en el presente caso no se observa razón de urgencia que amerite un pronunciamiento de fondo, por lo que sólo nos limitaremos a lo que nos es propio.
5.
Que de autos se desprende que lo que en puridad pretende el recurrente
mediante el presente proceso de amparo es cuestionar un proceso que se torna
inconstitucional en una de sus fases o etapas, como es la fase de ejecución de
sentencia, etapa donde el recurrente al haber solicitado el cumplimiento de la
sentencia constitucional dio lugar a que el ahora emplazado expida la
resolución de fecha 5 de marzo de 2008, imponiendo una multa a
6. Que este Tribunal Constitucional ha señalado en forma reiterada que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva) (STC N.º 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e).
7. Que en ese sentido y en vista a que la autoridad judicial demandada ha resuelto el pedido del demandante sin otro tipo de consideración que la de hacer valer su derecho de acuerdo a ley, hace presumir una evidente contravención al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales del recurrente, toda vez que en ningún momento le indica las razones por las cuales desestima su pedido, cuando este último aparentemente se encontraría sustentado en disposición expresa del Código Procesal Constitucional.
8.
Que así este
Colegiado considera que aun cuando el segundo párrafo del artículo 22º del
Código Procesal Constitucional admite una lectura según la cual el juzgador constitucional
tiene la facultad de destituir de manera directa a aquellas autoridades que son
renuentes a acatar el mandato contenido en las sentencias estimatorias, ello no
significa que en todos los casos deba aplicarse dicha norma sin hacer distingos
entre el tipo de autoridad. En efecto no es lo mismo una autoridad
administrativa ordinaria, a la que se le aplica en todos sus extremos lo
previsto por la norma, que una autoridad elegida por mandato o decisión
popular. Aunque todas ellas ciertamente se encuentran sometidas a
9.
Que este Tribunal,
como ya lo ha adelantado, observa que el juzgado demandado en lugar de
argumentar razones que lo lleven a estimar o no el pedido del recurrente,
incurre en una clamorosa falta de motivación resolutoria. En tales
circunstancias y verificándose que el tema planteado sí resulta de relevancia
constitucional, se deben revocar las decisiones impugnadas ordenándose la
admisión a trámite de la demanda con audiencia del demandado y del Alcalde de
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
RESUELVE, con el voto singular del magistrado Álvarez Miranda, que se agrega
REVOCAR las resoluciones de fechas 26
de de setiembre del 2008 y 23 de abril del 2009,
debiendo
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
URVIOLA HANI
EXP. N.° 03556-2009-PA/TC
LIMA
SANTIAGO PASSONI
HINOSTROZA
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA
Con el debido respeto por la opinión del ponente emito el presente voto singular por las siguientes razones:
1. Tal como fluye de autos:
a. A través de
b. Mediante Resolución Nro. 24 [Expediente Nº 2005-0366-0-2702-JM-CI-01], expedida con fecha 5 de marzo de 2008 (foja 6),
el Juzgado Mixto del Módulo de Justicia de Carabayllo
de
c. De ahí que, en la medida que el Gobierno Local demandado no cumplió con lo ordenado por el Juez de ejecución, el demandante solicitó la destitución de Miguel Augusto Ríos Zarzosa del cargo de Alcalde Distrital de Carabayllo en aplicación de lo estipulado en el artículo 22º del citado Código (foja 7).
d. Sin embargo, mediante Resolución Nº 26 emitida con fecha 18 de junio de 2008 (foja 8), no se atendió dicho pedido indicándose que dicho pedido debía “hacerlo valer conforme a ley”.
e. Si bien con fecha 20 de agosto de 2008, el demandante interpuso demanda de amparo (foja 9) contra el Juez de ejecución; en la medida que del tenor de su texto no se aprecia con claridad qué es lo que se solicita, el A-quo ordenó que precise su petitum (foja 13), lo que fue acatado mediante escrito presentado el 19 de setiembre de 2008 (foja 18).
En tal sentido se advierte que, en buena cuenta, a
través del presente proceso, el demandante cuestiona
i.)
El cumplimiento de lo ordenado en
ii.) La destitución del Alcalde del Distrito de Carabayllo.
2. Ahora bien, según el artículo 4º del Código Procesal Constitucional, únicamente procede el amparo contra resoluciones judiciales “firmes”, esto es, aquellas contra las cuales se han agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada (STC 2494-2005-AA/TC, fundamento 16). En esa línea, también ha dicho que por resolución judicial firme, debe entenderse a aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia (STC 4107-2004-HC/TC, fundamento 5).
3.
Por consiguiente, en la medida que
el demandante no ha impugnado
4.
Sin perjuicio de lo expuesto, lo
resuelto en este proceso no enerva lo dispuesto en su momento en el proceso de
cumplimiento, razón por la cual, su ejecución debe discurrir por su cauce
correspondiente, en consecuencia, se exhorta al Juez de
Sr.
ÁLVAREZ MIRANDA