EXP. N.°
03588-2007-PHD/TC
JUNÍN
ANTONIO FAUSTINO
VILLAGARAY SÁNCHEZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 18 días del mes de mayo de 2010, el Tribunal Constitucional en
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa
Arroyo, Beaumont Callirgos,
Calle Hayen, Eto Cruz y
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Faustino Villagaray Sánchez y empresa de transportes ETAMSE S.R.L. contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de
la Corte Superior
de Justicia de Junín, de fojas 197, su fecha 27 de marzo de 2007, que declara
improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 11 de febrero de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas data contra
don Pío Fernando Barrios Ipenza, alcalde de la Municipalidad Provincial
de Huancayo, don Julio Carrillo Cuya, Director de Transporte, y doña Michele Antignani Dorsi, Presidente de la Comisión de Transporte de dicha corporación,
solicitando se le proporcione copias de: a) el estado del proceso de
investigación y resultado del informe del examen especial de la Dirección de Transporte
y Tránsito de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, período abril de 1997 a
marzo de 2002; b) el estado de las impugnaciones de la empresa ETAMSE Y ETASE
concernientes a la expedición de las tarjetas de circulación y títulos habilitantes; c) el informe de la Comisión de Transportes
de las acciones realizadas con referencia a los reclamos de la empresa ETAMSE;
d) los actuados y oficio para las órdenes de captura de sus vehículos por
carencia de tarjetas de circulación, órdenes ejecutadas en los operativos de
los días 10, 11, 12, 13 y 14 de octubre de 2003, y e) del contrato suscrito por
su representada con la abogada Roxana Manrique Rondón, al igual que la
información referente a su currículum vitae,
colegiatura y habilitación profesional. Sostiene que la denegatoria de brindar
tal información lesiona su derecho de acceso a la información pública.
Afirma el recurrente que pese a
que en reiteradas oportunidades ha solicitado se le entregue la información
solicitada, los demandados no han emitido respuesta alguna a su pedido.
Los demandados Michele Antignani
Dorsi y Pío Fernando Barrios Ipenza
proponen las excepciones de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda y de falta de agotamiento de la vía administrativa.
Luis Felipe Guerrero Muñoz, Gerente de Tránsito y
Transporte de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, propone las excepciones
de representación defectuosa o insuficiente del demandante, de falta de
legitimidad para obrar del demandante y de falta de agotamiento de la vía
previa; y respecto al fondo de la demanda afirma que la empresa de transportes
no tiene existencia formal dentro del registro de empresas de transporte
de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, debido a que su
situación se encuentra en proceso judicial pendiente, por lo que no obra
documentación ni los antecedentes que se solicitan.
El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 24 de
noviembre de 2006, declara fundada la excepción de representación defectuosa
del demandante, nulo todo lo actuado, improcedente la demanda e infundadas las
demás excepciones planteadas, por considerar que Antonio Faustino Villagaray Sánchez no adjunta el poder de representación de
la empresa de Transportes ETAMSE S.R.L.
La Sala revisora confirma la apelada en
todos sus extremos.
FUNDAMENTOS
1. El
demandado Luis Felipe Guerrero Muñoz, Gerente de
Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, ha
planteado la excepción de representación insuficiente del demandante.
2. La
excepción de representación
defectuosa del demandante debe ser desestimada. Aun cuando el recurrente no ha
acreditado representación conferida por la empresa ETAMSE, resulta evidente la
impertinencia de tal exigencia, pues no se adecua al cumplimiento de los fines
del proceso constitucional. En efecto, que no se acredite la representación de
la empresa no significa ausencia de la pretensión de acceso a la información
solicitada a título personal. Esta conclusión se ve además reforzada desde una
interpretación teleológica del artículo 40 del Código Procesal Constitucional,
en función de un adecuado cumplimiento de los fines del proceso constitucional,
contemplados en el artículo II del Título Preliminar del citado Código. Esto no
niega que, en el caso de protección de otros derechos, tal exigencia resulte
esencial, tal como el caso de la libertad de empresa, de trabajo, de propiedad,
donde el título de representación de la persona jurídica resulta
imprescindible. No es éste el caso cuando se trata de la protección
jurisdiccional del derecho de acceso a la información que corresponde a toda
persona.
3.
El objeto de
la presente demanda de hábeas data consiste en que la Dirección de Transporte
y Tránsito de la
Municipalidad Provincial de Huancayo le proporcione al
demandante la información descrita en su petitorio, en relación a los vehículos
de su propiedad.
4. La Constitución garantiza el derecho de acceso a la
información (artículo 2, inciso 5 de la Constitución). Según aquélla “toda persona tiene
derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a
recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que
suponga el pedido”.
5. Este
Tribunal se ha pronunciado respecto a los alcances del derecho en cuestión en la STC 1797-2002-HD/TC, señalando
que “[...] el derecho de acceso a la información pública tiene una doble
dimensión. Por un lado, se trata de un derecho individual, en el sentido de que
garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información
que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que
pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto
como constitucionalmente legítimas [...] En segundo lugar, el derecho de acceso
a la información tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de
todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna [...]. Desde
este punto de vista, la información sobre la manera como se maneja la res
pública termina convirtiéndose en un auténtico bien público o colectivo que
ha de estar al alcance de cualquier individuo”. Como se observa, desde ambas
perspectivas el derecho de acceso a la información pública se sustenta en una cotitularidad inherente a todos los ciudadanos sobre el
manejo de la información que se encuentre en poder o se origine en el Estado.
6. No
obstante de conformidad con el artículo 62 del Código Procesal Constitucional,
la procedencia de la demanda de hábeas data está sujeta a que “el demandante
previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto a
los derechos a que se refiere el artículo anterior, y que el demandado se haya
ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los 10 días
útiles siguientes a la presentación de la solicitud tratándose del derecho
reconocido por el artículo 2 inciso 5) de la Constitución, o
dentro de los dos días si se trata del derecho reconocido por el artículo 2
inciso 6) de la
Constitución”; excepcionalmente se “podrá prescindir de este
requisito cuando su exigencia genere inminente peligro de sufrir daño irreparable,
el que deberá ser acreditado por el demandante. Aparte de dicho requisito, no
será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir”.
7. En
el presente caso se aprecia que el demandante ha solicitado la información
antes señalada mediante los documentos de fechas 6 de noviembre de 2003 (folio
2) y 29 de diciembre de 2004 (folio 4), los mismos que no han sido respondidos
dentro del plazo establecido por ley. Entonces, constatándose que se ha
cumplido el requisito del artículo 62 del Código antes referido, cabe realizar
el análisis sustantivo de la controversia constitucional.
8. De
la revisión de los documentos adjuntados se aprecia que la Municipalidad
demandada no entregó la información referente al estado del proceso de
investigación y resultado del informe del examen especial de la Dirección de Transportes
y Tránsito de la
Municipalidad Provincial de Huancayo (abril 1997-marzo 2002),
así como la información relativa al estado de las impugnaciones de la empresa
ETAMSE y ETASE, referentes a la expedición de las tarjetas de circulación y
títulos habilitantes; ni el informe de la Comisión de Transporte de
las acciones realizadas referente a los reclamos de la empresa; tampoco entregó
las copias de los actuados y oficio para las órdenes de captura de vehículos
por carencia de tarjetas de circulación (operativo); así como copia del
contrato suscrito por la empresa con la abogada Roxana Manrique Rondón, ni la
información referente a su currículum vitae y su
colegiatura y habilitación profesional.
9. El
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información tiene límites, ya
que “se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que
expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”. Sin
embargo, no teniendo la información solicitada relación alguna con la intimidad
personal ni con la seguridad nacional, y al no existir ley que prohíba la
entrega de información, resulta aceptable el pedido del recurrente, siempre que
se trate de documentos que obren en poder de los demandados.
10. Asimismo debe
precisarse que el artículo 17 de la
Ley N.° 27806 (Ley de transparencia y acceso a la información
pública) estipula, con respecto al procedimiento para la solicitud de
información, que “ El solicitante deberá abonar el importe correspondiente a
los costos de reproducción de la información requerida”, en concordancia con el
segundo párrafo del citado artículo que establece que “El monto de la tasa debe
figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada
entidad de la
Administración Pública”, monto que el demandante no se niega
a pagar.
11. De acuerdo con lo
dicho, este Colegiado considera que la demanda debe estimarse, en tanto no existe
impedimento alguno para que los emplazados brinden el acceso a la información
pública generada en el ejercicio de sus funciones.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
1.
Declarar INFUNDADA
la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante
respecto de la empresa ETAMSE y ETASE.
2.
Declarar FUNDADA
la demanda de hábeas data de don Antonio Faustino Villagaray
Sánchez.
3.
Ordenar a los demandados que proporcionen a don Antonio Faustino Villagaray Sánchez copia de la información solicitada, previo pago del costo que
supone el pedido.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA