EXP. N.° 04679-2009-PHC/TC

LIMA

CARLOS ROBERTO

SALAZAR SUMAR

 

 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 27 de enero de 2010   

 

 

VISTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alva Farfán, apoderado de don Carlos Roberto Salazar Sumar, contra la sentencia de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 284, su fecha 23 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos; y;

 

ATENDIENDO A 

 

  1. Que, con fecha 10 de diciembre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Carlos Roberto Salazar Sumar, y la dirige contra la Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad de tránsito y libertad individual. Sostiene para tales efectos que con fecha 9 de enero de 1998, en el proceso de alimentos que se siguió en contra del beneficiario, a favor de una de sus menores hijas (Exp. Nº 1013-97), se declaró fundada la demanda, y en tal sentido se ordenó que el beneficiario asista a su hija con el 50% de los haberes que percibía. Refiere, sin embargo, que posteriormente fue demandado con el mismo objeto por otra de sus menores hijas, debido a lo cual, con fecha 01 de diciembre de 2004, el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, en proceso de prorrateo de alimentos, decidió la retención al beneficiario del 60% del total de ingresos, gratificaciones, bonificaciones y demás beneficios que pudiera recibir, siendo éstos distribuidos en razón de 27% a favor de una de sus menores hijas, 23% a favor de la otra, 5% por ciento a favor de su cónyuge y 5% a favor de su madre. Indica, además, que durante la tramitación del segundo proceso de alimentos que se le siguió, la demandante solicitó en cuerda separada la asignación anticipada de alimentos, la cual fue otorgada, imponiéndosele además al beneficiario, el impedimento de salida del país.

 

  1. Que, indica que con fecha 3 de junio de 2005 el beneficiario solicitó al juzgado correspondiente dejar sin efecto la medida de impedimento de salida del país, pues debido al cargo que ejerce como funcionario de una empresa privada, le es imprescindible viajar al extranjero. Considera, a su vez, que la medida de impedimento de salida del país tiene carácter cautelar y que, al haberse emitido sentencia, declarando fundada la demanda, dicha medida restrictiva deviene en innecesaria. Sostiene que pese a lo expresado, con fecha 9 de junio de 2005 (fojas 44) el juzgado emplazado, declaró improcedente su pedido, autorizando únicamente la suspensión del impedimento de salida del país para el periodo comprendido entre los días 11 al 16 de junio de 2005 para efectos de realizar un viaje por motivos laborales a México. Expresa, además, que dicha solicitud fue reiterada con fecha 27 de septiembre de 2007 y 15 de noviembre de 2007, siendo rechazadas ambas por motivos formales, consistentes en no haber solicitado el desarchivamiento del expediente principal, así como el de asignación anticipada, sin merituar debidamente las restricciones constantes que viene sufriendo, para al ejercicio de su derecho a la libertad de tránsito, las cuales se producen en cada oportunidad en que debe viajar al extranjero.

 

Sustracción de la materia en el caso de autos

 

  1. Que, mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2009, el abogado del recurrente adjunta copia de la resolución Nº 122 de fecha 30 de noviembre de 2009 mediante la cual, el juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores ordena el levantamiento del impedimento de salida del país de Carlos Roberto Salazar Sumar, lo que implica el cese de la agresión cuestionada.  

 

  1. Que, no obstante que la presente demanda ha devenido en improcedente, este Tribunal aprecia que en el caso de autos se mantuvo el impedimento de salida del país contra el beneficiario decretado para garantizar el cumplimiento del pago de asignación anticipada de los alimentos, pese a que ya existía sentencia estimatoria firme (fojas 33) que ordenaba al recurrente abonar el 60% de sus haberes mensuales, y más aún, que su centro de trabajo viene cumpliendo con hacer efectivo el descuento judicial conforme se ha acreditado en autos (fojas 39-40). En tal sentido este Tribunal considera necesario establecer precisiones de carácter Constitucional  en cuanto a la medida de impedimento de salida del país en los procesos de alimentos.          

 

Derecho a la libertad de tránsito

 

  1. La Constitución Política del Perú, en el artículo 2º, inciso 11, establece que toda persona tiene derecho: “A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería”. Asimismo, el artículo 25, inciso 6, del Código Procesal Constitucional establece que procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere: “El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad”.

 

  1. El derecho a la libertad de tránsito o de locomoción, por su parte, en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se encuentra contemplado por el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 12.2 y 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 22.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estatuyen: “Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio”, y que “Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley (...)”.

 

La asignación anticipada de los alimentos y el impedimento de salida del país

 

  1. El artículo 674º del Código Procesal Civil señala que “… por la necesidad impostergable del que la pide o por la firmeza de la demanda y prueba aportada, la medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia…”. Y ello debe ser así, ya que en los procesos especiales, sobre todo los de carácter alimentario, resulta imperioso que el juez de la causa disponga una asignación anticipada de los alimentos a favor de quien lo solicita (al inicio o durante el desarrollo del proceso), sin tener que esperar el dictado de una sentencia estimatoria para hacer efectivo el cobro de dicha pensión alimentaria, según lo predica también el artículo 675º del Cuerpo Legal antes acotado. En este sentido, este Tribunal considera, conforme lo ha sostenido anteriormente, que “resulta razonable incluso que se dicte una medida de coerción especial, como el consistente en el impedimento de salida del país del obligado, siempre que no esté debidamente garantizado el pago de la asignación anticipada de los alimentos” (Exp. Nº 02207-2007-PHC/TC). Y es que el artículo 563º del Código Procesal Civil, señala que señala que “… el juez puede prohibir al demandado ausentarse del país, mientras no esté garantizado debidamente el cumplimiento de la asignación anticipada”.

 

  1. En ese sentido, de lo expuesto se colige que mientras la asignación anticipada de los alimentos es una medida temporal sobre el fondo (ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia), el impedimento de salida del país es precisamente una forma de garantizar el cumplimiento de dicha medida temporal. Y es que, como dijimos supra, en tanto no esté debidamente garantizado el pago de la asignación anticipada, resulta totalmente válido decretar provisionalmente el impedimento de salida del país del obligado; ello por el especial carácter de la pretensión, así como por un sentido de justicia para quien solicita los alimentos, que ha tenido que poner en marcha la maquinaria judicial para recién poder percibir una pensión alimenticia.

 

Sentencia firme y garantía suficiente para el pago de pensión alimenticia

 

  1. Cabe puntualizar sin embargo, que cuando el artículo 572º del Código Procesal Civil señala que “Mientras está vigente la sentencia que dispone el pago de alimentos, es exigible al obligado la constitución de garantía suficiente, a criterio del juez”. Supone entonces que, para garantizar el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos, el juez según su criterio, debe exigir al demandado la constitución de una garantía suficiente.

 

  1. Se trata por lo tanto de una situación distinta a la comentada supra, ya que con la constitución de garantía suficiente lo que se busca garantizar, no es la asignación anticipada de los alimentos, sino la sentencia firme que ordena al pago de los alimentos. O dicho en otros términos, lo que se busca garantizar con la constitución de la garantía suficiente no es la ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia (medida temporal sobre el fondo), sino la sentencia misma que ordena al pago de la pensión alimenticia a favor de quien la solicitó. Por tanto, si ya existe sentencia estimatoria firme que ordena el pago de los alimentos, resulta obvio que toda asignación anticipada de los alimentos ha cesado, por ser ésta provisional e instrumental. De modo similar, si ya ha cesado la asignación anticipada de los alimentos, la medida de impedimento de salida del país que hubiere sido impuesta ha de ser levantada, precisamente por carecer de objeto.

 

  1. En ese sentido, cabe precisar que si bien es cierto el impedimento de salida del país puede resultar adecuado con el fin de garantizar el cumplimiento de la asignación anticipada solicitada por la parte demandante en un proceso civil de alimentos, esto no implica que dicha medida pueda permanecer en el tiempo de manera indefinida, pues ello vulneraría el carácter de provisionalidad que informa a las medidas cautelares. En efecto, dicha medida no puede ser absoluta, pues, aún en el caso concreto que requiera decretarse, aquélla debe ser temporal, dado que el juez, atendiendo a las particularidades de cada caso concreto, puede incluso otorgar permisos temporales o disponer otras alternativas menos gravosas.

 

  1. Que, en conclusión, conforme a lo expresado, los órganos jurisdiccionales deben ejercitar los mecanismos adecuados para asegurar el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, pudiendo, de ser el caso, emitir incluso una medida de impedimento de salida del país. Sin embargo, dicha medida no puede mantenerse indefinidamente, lo que implicaría una indebida restricción del derecho de libertad de tránsito. Este Tribunal ha sido del mismo parecer en un caso similar (Cfr. Exp. Nº 2707-2007-PHC/TC).

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

 

HA RESUELTO

 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

LANDA ARROYO

CALLE HAYEN

ÁLVAREZ MIRANDA