EXP. N.° 04885-2008-PA/TC

LIMA

MANUEL LEONCIO

PÉREZ PAREDES

 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 8 de marzo de 2010

 

VISTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Leoncio Pérez Paredes contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 39 del segundo cuaderno, su fecha 27 de junio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

 

ATENDIENDO A

 

1.      Que con fecha 26 de diciembre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo, y la dirige contra los vocales integrantes de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, señores Manuel Huangal Naveda, Daniel Carrillo Mendoza y Margarita Isabel Zapata Cruz, con el objeto de que se declare la nulidad de la sentencia de segundo grado que declaró fundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por don César Augusto Orellano Lamadrid en su contra, alegando la violación del derecho al debido proceso y a la propiedad.

 

2.      Refiere que con fecha 7 de setiembre de 2007 don César Orellano Lamadrid interpuso una demanda de hábeas corpus en su contra, alegando la violación del derecho a la libertad de tránsito al clausurar un camino carrozable que servía de acceso al inmueble de su propiedad pero que pasaba por el inmueble de propiedad del accionante, la que fue declarada improcedente en primera instancia. Agrega, que la Sala Superior emplazada revocó la apelada, y reformándola declaró fundada la demanda, ordenando el retiro inmediato del cerco instalado. No obstante ello, señala que no fue notificado del recurso de apelación, tampoco del concesorio del mismo y mucho menos de lo actuado en segunda instancia, habiéndose enterado de lo resuelto por la Sala emplazada recién el día en que se le notificó la resolución que ordena se cumpla con lo ejecutoriado, lo cual, afecta su derecho a la defensa. Señala también que la sentencia estimatoria de segundo grado es incongruente, además que contiene una motivación aparente, lo cual, vulnera su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Por último, señala que la referida sentencia también vulnera su derecho a la propiedad, toda vez que de manera arbitraria se le ha ordenado abrir una vía carrozable que pasa por el interior de su inmueble.

 

3.      Que no obstante ello, esto es, pese a existir prima facie fundamentos razonables para analizar sobre la eventual violación de los derechos invocados, las dos instancias judiciales, han declarado liminarmente la improcedencia de la demanda, limitándose a señalar que lo que pretende el actor es enervar el criterio jurisdiccional de los magistrados emplazados y que habría cumplido la sentencia estimatoria sin alegar ninguna indefensión. Por tanto, este Tribunal discrepando con las decisiones judiciales, ordena la admisión a trámite de la demanda de autos, a efectos de evaluar la materia controvertida relacionada con la alegada vulneración de los derecho de defensa, motivación de las resoluciones judiciales y el derecho de propiedad.

 

4.      Que de otro lado, advirtiéndose que la decisión a adoptarse podría, eventualmente, afectar el derecho de defensa de don César Augusto Orellano Lamadrid quien ha sido favorecido con la sentencia estimatoria de segundo grado de hábeas corpus, este Tribunal considera que dicha parte también debe ser formalmente incorporada en el presente proceso constitucional. En tal sentido, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 43º del Código Procesal Constitucional, que señala que: “Cuando de la demanda apareciera la necesidad de comprender a terceros que no han sido emplazados, el juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras personas, si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso los va a afectar.

 

5.      Que sobre la base lo expuesto, al haberse incurrido en un vicio procesal insubsanable que afecta trascendentalmente la decisión adoptada en primera y segunda instancia, resulta de aplicación al caso el segundo párrafo del artículo 20º del Código Procesal Constitucional que establece que si la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, debe anularse y ordenarse la reposición del trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. En tal virtud, el órgano jurisdiccional respectivo, atendiendo a los fundamentos de la presente, debe admitir a trámite la demanda y correr traslado de esta a las partes del procesos.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega

 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, REVOCAR la recurrida y NULO todo lo actuado, desde fojas 106, inclusive, debiendo el órgano jurisdiccional correspondiente admitir a trámite la demanda y correr traslado de esta a las partes, incluyendo a don César Augusto Orellano Lamadrid.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

MESÍA RAMÍREZ

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN

ETO CRUZ

ÁLVAREZ MIRANDA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 04885-2008-PA/TC

LIMA

MANUEL LEONCIO

PÉREZ PAREDES

 

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

 

 

Emito el presente fundamento de voto por los considerandos siguientes:

 

 

1.      Con fecha 26 de diciembre de 2007 don Manuel Leoncio Pérez Paredes interpone demanda de amparo contra los integrantes de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, vocales Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Zapata Cruz, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 8 de noviembre de 2007 recaída en el Expediente N.° 2007-04. Refiere que la cuestionada resolución revocó la apelada y declaró fundada la demanda hábeas corpus ordenando que se retiré el cerco construido en su predio, pues se señala que afectaba el derecho al libre tránsito de don César Augusto Orellano Lamadrid por la supuesta clausura de un camino carrozable.

 

Afirma que se debe declarar la nulidad de la resolución cuestionada por resultar vulneratoria de sus derechos de defensa, debida motivación de las resoluciones judiciales y el derecho de propiedad puesto que en el aludido proceso de hábeas corpus en primera instancia se declaró improcedente la demanda, sin embargo sin haber sido notificado de la apelación de la improcedencia, del concesorio de dicho recurso y mucho menos de lo actuado en la segunda instancia los emplazados estimaron la demanda en segunda instancia a la vez que vulneraron los derechos reclamados. Agrega que la se debe declara la nulidad de la aludida resolución ya que contiene una motivación aparente y además resulta incongruente.

 

2.      De los actuados se aprecia que las instancias judiciales ordinarias del presente proceso constitucional de amparo declararon la improcedencia liminar de la demanda.

 

3.      En cuanto a la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales este Tribunal ha dejado sentando en la sentencia recaída en Expediente N.° 4853-2004-PA/TC, publicada el 22 de mayo de 2007, que el amparo contra amparo y sus variantes (amparo contra habeas corpus, amparo contra habeas data, amparo contra cumplimiento, etc.) procede, tanto contra resoluciones estimatorias como desestimatorias, por una sola y única oportunidad, en defensa de los derechos fundamentales, entre otros supuestos. Posteriormente, en la resolución recaída en el Expediente 01043-2009-PA/TC, publicada el 21 de diciembre de 2009, el Tribunal precisó que amparo contra hábeas corpus no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales (...) a menos que se aprecie un proceder manifiestamente irrazonable que como tal comprometa los derechos fundamentales (subrayado agregado).

 

4.      En el presente caso, mediante la presente demanda de amparo se cuestiona la validez constitucional de la resolución estimatoria de segunda instancia recaída en un proceso de hábeas corpus de la cual se acusa la vulneración de los derechos fundamentales de defensa y de la debida motivación de las resoluciones judiciales (derechos tutelados por el amparo), advirtiéndose que la materia de controversia constitucional –falta de notificación e incongruencia de la cuestionada resolución–es distinta a la que fue la temática en el proceso de hábeas corpus, v. g. La tutela del derecho al libre tránsito respecto a un camino carrozable.

 

5.      Finalmente, debo señalar que coincido con el extremo de la ponencia que en aplicación de lo establecido en el artículo 43° del Código procesal Constitucional dispone la incorporación de don César Augusto Orellano Lamadrid al presente proceso de amparo, pues la resolución judicial de hábeas corpus sometida a examen constitucional le resultó favorable y el Tribunal Constitucional no puede ser adverso a la tutela de su derecho de defensa ante la eventualidad de que quede sin efecto.

 

6.      Por consiguiente, mi voto es porque estimándose el recurso de agravio constitucional se REVOQUE la resolución recurrida a fin de que el a quo del presente proceso constitucional admita a trámite la demanda de autos por cuanto el rechazo liminar sancionado por ambas instancias judiciales constituye un error al juzgar y no un vicio procesal. Esto es así porque i) los hechos denunciados en la demanda involucran derechos fundamentales que están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el proceso de amparo, y ii) la presente demanda no se encuentra manifiestamente inmersa en una causal de improcedencia que convalide la declaración de su rechazo liminar.

 

 

Sr.

JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI