EXP. N 05254-2009-PHD/TC

ICA

VICENTE BAUTISTA

CUEVA

 

            

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 4 días del mes de mayo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Vicente Bautista Cueva  contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de folios 95, su fecha 1 de setiembre de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

            Con fecha 4 de diciembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra el Banco de la Nación solicitando que se le extienda un certificado de trabajo y se informe sobre la dirección exacta en donde se encuentran los libros y planillas de su ex-empleador, el ex Banco Regional del Sur Medio y Callao, y de haberlos entregado a la Oficina de Normalización Previsional, se otorgue copia del acta de entrega debidamente suscrita por ambas instituciones.

 

            La demandada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, afirmando que en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.° 27806), el recurrente estaba en la obligación procedimental de interponer los recursos que le confiere la ley a efectos de impugnar la denegatoria ficta de la entidad demandada. Contestando la demanda aduce que como consecuencia del siniestro ocurrido con fecha 28 de julio de 2000, gran parte de los archivos del Banco de Nación se incineraron, por lo que no puede brindarle al demandante una respuesta contundente. De otro lado, alega que de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Planillas de Pago (Decreto Supremo N.° 001-98-TR), los empleadores están obligados a conservar sus planillas de pago, el duplicado de las boletas y las constancias correspondientes hasta 5 años después de efectuado el pago, debiendo remitir las planillas de pago a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), lo que justifica el hecho de que el Banco no tiene ni tendría porqué conservar el libro de planillas.

 

 

            El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Ica declara infundada la excepción propuesta argumentando que el demandante cumplió con lo establecido en el artículo 69 del Código Procesal Constitucional, no siéndole exigible agotar la vía administrativa. Con fecha 18 de mayo de 2009 declara fundada la demanda, estimando que lo que solicita el demandante es que se le brinde información del lugar donde se encuentran los libros de planillas, mas no está solicitando que se brinden copias de éstas, tarea que no es difícil de cumplir, por lo que la demanda debe ser amparada.

 

La Sala revisora declara infundada la demanda, considerando que la información solicitada por el recurrente no se encuentra comprendida dentro de los supuestos del artículo 61 del Código Procesal Constitucional, toda vez que su pretensión está dirigida a que se le informe el lugar donde se encuentran los libros de planillas del ex Banco Regional Sur Medio y Callao, siendo distinto el caso que se solicita copia de los libros referidos o boletas de pago, entre otros. Asimismo indica que existían suficientes datos para determinar la posible ubicación de tales documentos, esto es, en la División de Compensaciones o en el Archivo General  del Banco de la Nación, no descartándose la posibilidad de que se encuentren en los archivos de la Oficina de Normalización Previsional, por lo que le correspondería a la ONP proceder a la verificación de la información brindada. Finalmente, estima que debe tomarse en cuenta que en el año 2000, la sede en donde se encontraba el Archivo General del Banco de la Nación fue destruido por un atentado.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      Previamente debe delimitarse lo solicitado por el demandante. Con carta notarial de fecha 11 de setiembre de 2008 solicita que se le otorgue un certificado de trabajo, con indicación de la dirección en donde se encuentran los libros de planillas del Banco Regional Sur medio y Callao. Posteriormente, mediante carta de fecha 31 de octubre de 2008, reitera que solicita información sobre la ubicación de los libros de planilla del ex Banco Regional Sur Medio y Callao (Ex-Surmeban). En  la demanda de hábeas data solicita que se ordene se le extienda un certificado de trabajo y se informe sobre la dirección exacta en donde se encuentra los libros y planillas del Ex-Surmeban.

2.      El hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos reconocidos en los incisos 5) y 6) del artículo 2 de la Constitución, siendo estos el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. De acuerdo al artículo 61.1 del Código Procesal Constitucional, el derecho de acceso a la información consiste en “acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de soporte material.” Y en lo referente al derecho de autodeterminación informativa, de conformidad con el artículo 61.2 del referido código, consiste en “conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Asimismo, a hacer suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales.”

 

3.      En este caso se está solicitando la ubicación de determinada información en virtud del artículo 61.1 del Código Procesal Constitucional, y a partir de ello que se emita un certificado de trabajo. Todo ello lo hace el demandante con la finalidad de poder iniciar los trámites respectivos ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para acceder a su pensión de jubilación. Se trata entonces de un caso de acceso a la información pública puesto que se solicita la ubicación de las planillas de una entidad pública como lo era del ex Banco Regional Sur Medio y Callao. Esta información versa sobre los manejos presupuestales de una entidad estatal, específicamente sobre el  pago de sus trabajadores.

 

4.      Frente a las solicitudes presentadas por el demandante, el Banco de la Nación, Sucursal “B” Ica, contestó que, de acuerdo a lo informado por la División de Administración Personal, no cuenta con información laboral del actor. Sustenta ello en que no tiene la obligación de conservar las boletas de pago y planillas por haber transcurrido más de 5 años, de conformidad con el artículo 21 del Decreto Supremo N.° 001-98-TR. De otro lado, al contestar la demanda, alega que no puede entregar la información solicitada debido a que con fecha 28 de julio de 2000 gran parte de los archivos del Banco de la Nación fueron incinerados en acontecimientos ajenos a su voluntad. 

 

5.      Este Tribunal entiende que la posición de la entidad demandada no resulta del todo convincente. En primer lugar debido a la contradicción de posiciones: de un lado se afirma que no se encontraba la información solicitada debido a que ya no tenía la obligación de tenerla y, de otro lado, se alega que tales documentos fueron destruidos en el incendio ocurrido en la sede del Banco de la Nación, lugar en que estaba también el archivo general. Y en segundo lugar, debido a que, a folios 44, se aprecia que el Jefe de División Compensaciones del Departamento de Personal, certifica -con fecha 30 de mayo de 2008-, que de acuerdo a los documentos que obran en los archivos de la Institución, se puede acreditar que Fernando Benavides Uribe laboró en el Ex-Banco Regional Sur Medio y Callao desde el 16 de octubre de 1965 hasta el 15 de octubre de 1992, encontrándose la documentación en custodia del archivo general del Banco de la Nación.

 

6.      Tomando en consideración que el demandante alega que laboró en el Banco Ex-Surmeban desde el 1 de setiembre de 1965 hasta el 3 de agosto de 1987, y que, según documento obrante a folios 44, existe documentación sobre fechas similares en el archivo general del Banco de la Nación, es factible inferir que obra tal información sobre el demandante en poder de la demandada, y que ésta no se destruyó en el referido incendio de la sede del Banco de la Nación. Ello también puede inferirse de lo expuesto en la contestación de la demanda, exactamente a folios 30, en cuanto se alega que la entidad viene agotando los medios para cumplir con el pedido solicitado.

 

7.      Puesto que no existe certeza sobre la destrucción de tal documentación, es responsabilidad de la entidad demandada indicar la ubicación de las planillas solicitadas por el demandante. En todo caso, si es que la entidad demandada no cuenta con la información debido a que la remitió a otra entidad, debe mostrar los documentos que acrediten dicho traslado.

 

8.      En cuanto a la solicitud del actor de obtener un certificado de trabajo, e independientemente de la denominación que dicho documento pueda tener, a juicio de este Tribunal esta pretensión debe ser estimada, toda vez que, como resulta obvio, se trata de información concerniente al recurrente que sólo a él le puede interesar y que la emplazada podría, eventualmente, proporcionarle, si es que resulta evidente que puede contar con ella. Este criterio ha sido establecido en las Resoluciones 6661-2008-HD/TC y 01515-2009-HD/TC, emitidas por este Tribunal.

 

9.      El artículo 56 del Código Procesal Constitucional establece que, en caso de declararse fundada la demanda, se impondrá el pago los costos y costas. Sin embargo, en los “procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado al pago de costos”. Siendo el Banco de la Nación una entidad del Estado, sólo procede el pago de costos.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.    Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la violación del derecho de acceso a la información pública.

 

2.  Ordena que el Banco de la Nación le entregue en el plazo de 2 días la información que este solicito en sus cartas de fechas 11 de setiembre  y 31 de octubre de 2008, con el abono de los costos.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ