RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 24 de agosto de 2010

VISTA

La solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 02 de julio de 2009, presentada por el abogado de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

ATENDIENDO A

1. Que el primer párrafo del artículo 121º del Código Procesal Constitucional establece: “[c]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación (...), el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido (...)”.

2. Que solicita que se aclare lo desarrollado por el Tribunal en los fundamentos 26, 27 y 28, puesto que el Tribual estaría limitando la consulta solo al acto previo de concesión, y no a los demás actos desarrollados posteriormente que pudiere aprobar el Ministerio de Energía y Minas. Debe recordarse que la interpretación tiene por finalidad facilitar la ejecución de la decisión adoptada. En el presente caso, la inferencia realizada por la demandante en nada explicita el fallo, en tal sentido, la interpretaciones que el demandante tenga a bien realizar sobre aspectos que no han sido discutidos en el presente caso, no conforman aspectos pasibles de ser supuestamente aclarados por este Colegiado.

3. Que de otro lado alega que el Tribunal limita inexplicablemente el ejercicio del derecho a la consulta a los supuestos en que el Estado desee dictar medidas legislativas y administrativas, sin tomar en cuenta que en el artículo 7 del Convenio 169, de la OIT, se incluyen otros supuestos que también obligan al Estado a realizar la consulta a los pueblos indígenas. Al respecto, este Tribunal estima conveniente resaltar que en la sentencia este Tribunal ha hecho referencia al articulo 6 del Convenio referido, en el cual se desarrolla de manera general el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Es de precisarse de otro lado que el artículo 7 del Convenio establece el derecho a la participación de los pueblos indígena, materia que no ha sido relevante para la solución del presente caso. Por lo tanto, tal solicitud debe ser desestimada.

4. Que asimismo indica que el Tribunal traspasa una obligación exclusiva del Estado, esto es llevar a cabo el proceso de consulta a las empresas, cosa que no se desprende del Convenio 169 de la OIT.

5. Que al respecto, es de precisar que en la STC 0022-2009-PI/TC este Tribunal indicó efectivamente que el Estado es el responsable de que se lleve a cabo el proceso de consulta. Esto implica no solamente un rol determinante e inmediato del Estado sino que puede desarrollar un rol supervisor en aquellos casos en donde la intensidad de afectación no sea alta, por ejemplo. Con esto se pretende resaltar, de una lado, la responsabilidad del Estado, de vigilar que se lleve a cabo el proceso de consulta, pero se deja abierta la posibilidad de que tal labor pueda ser realizada desde el ámbito de la supervisión. Tales alternativas no le corresponde decidir a este Tribunal sino al desarrollo normativo a desarrollar por el Congreso de la República. En tal sentido, la aclaración en este punto debe ser también desestimada.

6. Que no obstante lo explicitado en las consideraciones precedentes, este Tribunal estima pertinente desarrollar alguno puntos relativos a la materia del derecho a la consulta que suscita confusión en la opinión pública y en los operadores del derecho.

7. Que si bien este Tribunal explicó que el Convenio 169 fue incorporado al ordenamiento peruano desde 1993, siendo ratificado por el Ejecutivo en 1994 y aplicable desde 1995, es cierto que su vigencia social ha sido sumamente limitada. Por el contrario, en términos de validez, este Tribunal ha resaltado y consolidado dicha calidad respecto el Convenio 169. No obstante, y de otro lado, en términos de eficacia, la normativa del tratado ha sido dificultosa precisamente debido a la omisión de desarrollo normativo apropiado, lo que como se ha anotada generó inseguridad jurídica dentro en el ordenamiento nacional. Las consecuencias de tal omisión y de tal inseguridad han generado un contexto complejo para la emisión de una normativa que desarrolle que pacifique la actual coyuntura. Así, sin bien el Convenio 169, se encuentra vigente en nuestro país desde 1995, este no ha sido materia de regulación por parte del Congreso o del Ejecutivo de manera tal que su tutela pueda ser solicitada de manera sencilla. A su vez, al no haberse implementado tal derecho se ha generado una situación de inseguridad que afecta no solo a los pueblos indígenas sino a aquellas personas que han desarrollado acciones sin que el Estado haya exigido previamente a ello llevar a cabo el proceso de consulta.

8. Que la STC 0022-2009-PI, el Tribunal desarrolló los principios generales mínimos del derecho de consulta. Por consiguiente, el hito marcado por el Tribunal debe ser tomado como una pauta que permita, de ahí en adelante, la plena eficacia del derecho de consulta. Así, en virtud de la función ordenadora y pacificadora del Tribunal Constitucional es que debe establecerse que la obligatoriedad del derecho de consulta debe considerarse como vinculante desde la publicación en la página web, tomando en consideración los principios desarrollados en la referida sentencia.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

1. Declarar NO HA LUGAR la aclaración solicitada, en consecuencia, IMPROCEDENTE.

2. Establecer la obligatoriedad de la consulta desde la publicación de la STC 0022-2009-PI/TC, sujetándose a las consideraciones vertidas en tal pronunciamiento.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN

ETO CRUZ

ÁLVAREZ MIRANDA

VERGARA GOTELLI