EXP. N.° 02945-2011-PHD/TC
LIMA
ROSA EVELINA
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 6 de setiembre de 2011
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Evelina Sánchez Rodríguez contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 134, su fecha 13 de mayo de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que con fecha 26 de mayo de 2010 la recurrente, invocando la violación de su derecho de acceso a la información pública, interpone demanda de habeas data contra la empresa Telefónica del Perú S.A.A., solicitando que se le entregue copias certificadas de la siguiente información:
a) Las plazas vacantes y presupuestadas desde el año 2002 a la fecha.
b) El cuadro de asignación de personal con las modificaciones que hubiera sufrido desde el año 2002 a la fecha.
c) El cuadro analítico de personal y sus modificatorias desde el año 2002 a la fecha.
d) El presupuesto analítico de personal y sus modificatorias desde el año 2002 a la fecha.
e) La relación de plazas vacantes y presupuestadas generadas desde el año 2002 a la fecha.
f) La relación de plazas vacantes y presupuestadas ocupadas por contrato administrativo de servicios o contrato de plazo indeterminado desde el año 2002 a la fecha.
g) La relación de plazas vacantes y presupuestadas por personal contratado sujeto a modalidad o por servicios no personales.
2. Que el Primer Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 7 de diciembre de 2010, declaró fundada la demanda por considerar que la información que solicita la actora guarda relación con el conocimiento de datos relativos a intereses personales y/o individuales como una posible reposición al puesto laboral.
3. Que por su parte la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda por estimar que la información solicitada no guarda relación con el servicio público que presta la empresa demandada.
4. Que el derecho de acceso a la información pública, previsto en el inciso 5) del artículo 2º de la Constitución, supone –como este Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia– la facultad que tiene toda persona de solicitar sin expresión de causa y acceder a la información que se encuentra en poder, principalmente, de las entidades estatales. En lo que respecta al acceso a la información que se encuentra en poder de entes no estatales, es decir, personas jurídicas de derecho privado, no toda la información que posean se encuentra exenta de ser conocida, ya que en atención al tipo de labor que realizan es posible que puedan tener alguna que sea de naturaleza pública, y por ende susceptible de ser exigida y conocida por el público en general. En este contexto, las personas jurídicas a quienes puede solicitarse este tipo de información son aquellas que, pese a encontrarse bajo el régimen privado, prestan servicios públicos o ejercen función administrativa de acuerdo con lo establecido en el inciso 8) del artículo 1º de la Ley N.º 27444, del Procedimiento Administrativo General.
5. Que de conformidad con el fundamento 7 de la sentencia recaída en el Expediente N.º 00390-2007-PHD/TC y, a tenor de lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM, las personas jurídicas privadas que brinden servicios públicos o efectúen funciones administrativas están obligadas a informar sobre: a) las características de los servicios públicos que prestan; b) sus tarifas; y c) sobre las funciones administrativas que ejercen (bajo concesión, delegación o autorización del Estado). Lo que supone que la información accesible siempre habrá de referirse a alguno de estos tres aspectos y no a otros, siendo éste el ámbito de información que puede solicitarse a una persona jurídica de derecho privado.
6. Que si bien el servicio de telefonía que presta la empresa emplazada se configura como un servicio público, sin embargo la información solicitada por la recurrente –cuadros analítico y de asignación de personal, número y relación de plazas vacantes, tipo de contrataciones, entre otras– no se encuentra referida a los supuestos a los que se ha hecho mención en el considerando 5, supra, pues se trata de información que corresponde a la organización interna de la empresa.
7. Que en consecuencia la demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 5.1º del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio no inciden en forma directa en el contenido constitucionalmente protegido del invocado derecho de acceso a la información pública.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ETO CRUZ
VERGARA GOTELLI
URVIOLA HANI