EXP. N.° 00093-2011-PHC/TC

LIMA NORTE

JOSÉ ISABEL

LECCA MERREROS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 3 de marzo de 2011

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Lecca Merreros contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 342, su fecha 19 de agosto del 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 25 de mayo del 2010, don José Isabel Lecca Merreros interpone demanda de hábeas corpus contra el juez del Primer Juzgado Penal Transitorio de Lima Norte, don Milko Ruben Sierra Asencios, y contra el fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Mixa de Puente Piedra, don Víctor Raúl Salazar Lino; solicitando que se tenga por no formulada la acusación fiscal, Dictamen N.º 907-09, de fecha 13 de julio del 2009, por el delito contra la libertad sexual, violación de la libertad sexual y actos contra el pudor de menor de edad. Alega vulneración de los derechos de defensa, al debido proceso y a la libertad individual, y de los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo.

2. Que el recurrente refiere que el proceso penal (Expediente N.º 134-0225) seguido en su contra se inició con la mera sindicación de la supuesta menor agraviada, sin tomar en cuenta que entre la madre de la menor y él existía animadversión; sin que exista ninguna prueba fehaciente en su contra pues no se habría citado a terceras personas que menciona la madre de la menor, para comprobar los dichos en su contra; y tampoco se habría tomado en cuenta las declaraciones juradas de personas que ayudarían a acreditar su inocencia. Asimismo, el Ministerio Público alega conclusiones respecto de la pericia psicológica practicada a la menor, que no están mencionadas en dicho documento, y en el Dictamen N.º 907-09, no se han valorado pruebas de vital importancia, dictaminando un pedido de condena de 12 años de pena privativa de la libertad. De otro lado, aduce que se pretende dictar sentencia a pesar de las irregularidades antes referidas.

3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que el hábeas corpus protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori  afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.

4. El artículo 159.º de la Constitución Política del Perú establece que corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de parte, así como emitir dictámenes antes de las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Desde esta perspectiva, se entiende que el Fiscal no decide, sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue o, en su caso, que determine la responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su función persiguiendo el delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide, por lo que, si bien la actividad del Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal, se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, dicho órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar la libertad individual, pues sus actuaciones son postulatorias y no decisorias sobre lo que la judicatura resuelva.

5. Que si bien el recurrente alega vulneración de los derecho de defensa y el debido proceso, de los fundamentos de la demanda en realidad se aprecia un cuestionamiento de las pruebas que se han actuado en el proceso, así como la valoración que de éstas realizaron el fiscal o el juez emplazados. Ello con el fin de que se determine su inocencia respecto del delito imputado.

6. Que al respecto, este Colegiado ha señalado en reiterada jurisprudencia que la competencia para dilucidar la responsabilidad penal, así como la valoración de medios probatorios que a tal efecto se incorporen al proceso penal son exclusivas de la justicia ordinaria. Las alegaciones respecto a una supuesta falta de responsabilidad penal son materia ajena al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, puesto que la determinación de la responsabilidad penal sustentada en actividades investigatorias y de valoración sustantiva de pruebas es un aspecto propio de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza.

7. Que en consecuencia, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.

8. Que cabe señalar que el recurrente en el escrito del recurso de agravio constitucional a fojas 356 de autos, señala que ya ha sido sentenciado. Al respecto, el artículo 139º, inciso 6), de la Constitución Política del Perú establece como una de las garantías de la administración de justicia la pluralidad de la instancia, que permite que la decisión de la instancia inferior sea revisada por el superior jerárquico, con el fin de corregir errores o arbitrariedades en que se haya incurrido.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA

VERGARA GOTELLI

BEAUMONT CALLIRGOS