EXP. N.° 00759-2011-PC/TC
LIMA
CARLOS ALBERTO
VÍLCHEZ KOOSENG
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 7 de abril de 2011
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Vílchez Kooseng contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 82, su fecha 20 de julio de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que el demandante pretende que se le otorgue la nivelación de su pensión de retiro desde el 1 de enero de 1999, pensión mensual equivalente a lo que percibe un Coronel PNP con arreglo al 74% del total a un Teniente General de la PNP, y como pretensión accesoria solicita los devengados, intereses legales, moratorios y compensatorios, todo ello al amparo del artículo 10 y la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo 213-90-EF.
2. Que este Colegiado en la STC 0168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del presente proceso constitucional.
3. Que en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye precedente vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que, como se sabe, carece de estación probatoria-, se pueda expedir sentencia estimatoria es preciso que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.
4. Que en el presente caso se advierte que el mandato cuyo cumplimiento se requiere no cumple con los requisitos señalados en el considerando anterior, toda vez que no existe un mandato cierto y claro, es decir, en el caso de autos no existe acto administrativo que reconozca de manera cierta, indubitable e incondicional el derecho que se solicita.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ETO CRUZ
VERGARA GOTELLI
URVIOLA HANI