EXP. N.° 00773-2011-PA/TC
PUNO
HERNÁN HERMINIO
GUTIÉRREZ LEGUÍA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 27 días del mes de junio
de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto,
adjunto, del magistrado Beaumont Callirgos
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hernán Herminio Gutiérrez Leguía contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 538, su fecha 30 de diciembre de 2010, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 21 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario incausado del cual habría sido objeto; y que, por consiguiente, se le reponga en el cargo que venía desempeñando como Técnico I de Campo y se le abonen las remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta que ha laborado en forma ininterrumpida para la entidad emplazada desde el 10 de junio de 2003 hasta el 1 de octubre de 2008; que tiene un récord laboral de 5 años, 3 meses y 21 días; que suscribió contratos de locación de servicios, no obstante que realizó labores de naturaleza permanente, sujetos a un horario de trabajo, bajo subordinación y dependencia.
El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de COFOPRI propone las excepciones de incompetencia por razón de la materia, de falta de agotamiento de la vía administrativa y de prescripción, y contesta la demanda alegando que el proceso contencioso-administrativo es la vía idónea para resolver la controversia, por cuanto el demandante se encontraba sujeto al régimen especial normado por el Decreto Legislativo 1057, por lo que correspondía agotar la vía administrativa; asimismo, señala que no se han vulnerado los derechos alegados por el actor, teniendo en cuenta que prestó sus servicios voluntariamente bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios.
El Segundo Juzgado Mixto de Puno,
con fecha 19 de marzo de 2010, declara improcedentes las excepciones propuestas
y la contestación de la demanda por extemporáneas, y declara rebelde a la entidad emplazada, y con fecha 1 de septiembre de 2010, declara infundada la
demanda, por estimar que no
habido despido arbitrario, sino la conclusión del Contrato Administrativo de Servicios
por vencimiento del plazo.
La Sala Superior competente confirma la apelada, por considerar que el Contrato Administrativo de Servicios es un régimen laboral especial de conformidad con lo dispuesto en la STC N.º 0002-2010-PI/TC, por lo que no resulta aplicable al caso el principio de primacía de la realidad.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Se alega que el demandante, a pesar de haber suscrito contratos de locación de servicios, en los hechos prestó servicios bajo una relación laboral.
2. Por su parte, la parte emplazada manifiesta que el demandante no fue despedido arbitrariamente, sino que cuando venció el plazo de su último contrato administrativo de servicios se extinguió su respectiva relación contractual.
3. Expuestos los argumentos por las partes y conforme a los criterios
de procedencia establecidos en el precedente vinculante establecido en
Análisis del caso concreto
4. Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en
las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC,
así como en
Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción del contrato mencionado, los contratos civiles que suscribió el demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, lo que es constitucional.
5. Hecha la precisión que antecede, cabe señalar que con el Contrato Administrativo de Servicios y sus cláusulas adicionales, obrantes de fojas 341 a 344 y 349 a 350, queda demostrado que el demandante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que culminó al vencer el plazo de su último contrato. Por lo tanto, habiéndose cumplido el plazo de duración del referido contrato, la extinción de la relación laboral del demandante se produjo en forma automática, conforme lo señala el literal h) del numeral 13.1 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM.
Siendo ello así, la extinción de la relación laboral del demandante no afecta derecho constitucional alguno, por lo que no cabe estimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA
la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos alegados.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ÁLVAREZ MIRANDA
BEAUMONT CALLIRGOS
URVIOLA HANI
EXP. N.° 00773-2011-PA/TC
PUNO
HERNÁN HERMINIO
GUTIÉRREZ LEGUÍA
FUNDAMENTO
DE VOTO DEL
MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS
Teniendo en cuenta que en el presente caso se verifica la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1057, que regula el denominado “Contrato Administrativo de Servicios” (CAS), y sin perjuicio de lo expresado en el Expediente N.º 00002-2010-PI/TC y su respectiva resolución de aclaración, juzgo conveniente manifestar algunos argumentos adicionales:
1.
En general, puede afirmarse que el
“Contrato Administrativo de Servicios” (CAS) ha establecido condiciones más
favorables para un determinado grupo de trabajadores del sector público,
respecto de la afectación de derechos fundamentales producida por los
“contratos por locación de servicios” o mal llamados contratos de servicios no
personales (SNP), que encubrían verdaderas relaciones de trabajo, tal como lo
ha evidenciado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ello, aún
cuando desde determinados puntos de vista el régimen CAS es más beneficioso en el contexto actual y por
ello resulta válido desde una perspectiva constitucional, según ha quedado
expresado en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC, estimo que dicho estatus de
«constitucionalidad» es uno que con el tiempo podría devenir en
«inconstitucional» si es que el Estado peruano, dentro de un plazo razonable,
no toma “acciones” dirigidas a mejorar las condiciones ya implementadas y
materializar la respectiva igualdad exigida por la Constitución y, por el
contrario, persista en mantener indefinidamente el régimen laboral CAS tal y como está regulado en el Decreto
Legislativo N.º 1057 y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
En efecto, si bien el Tribunal Constitucional
ha establecido que las limitaciones o intervenciones en determinados derechos
laborales por parte del CAS resultan justificadas (por las razones ya
expresadas en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC), ello sólo resulta legítimo
en el contexto actual de tránsito hacia mejores condiciones laborales, pero si
dichos límites se mantienen indefinidamente resulta claro que se estarían
convirtiendo en discriminatorias.
2.
En esta obligación del Estado peruano
para optimizar progresivamente el goce de los derechos fundamentales laborales
de los trabajadores del régimen laboral CAS, deben tomarse en cuenta temas
tales como: i) la fijación de límites
para la contratación de personal bajo esta modalidad de modo tal que el Estado
sólo pueda hacerlo fijando determinados porcentajes respecto del total de
trabajadores; ii) la limitación razonable del plazo de duración en el
que un trabajador puede estar sujeto al CAS; iii) el fortalecimiento de la
estabilidad laboral y la optimización de la protección adecuada contra el
despido arbitrario; iv) la regulación para el ejercicio de los derechos
colectivos de sindicalización, huelga y negociación colectiva, entre otros
derechos laborales que resultaren pertinentes.
3.
Asimismo, es imperativo que en un
periodo razonable que podría ser, por ejemplo, de 7 años, el Estado debe
reconocer derechos equiparables a los regulados en los Decretos Legislativos
N.°s 276 y 728 o, caso contrario, la incorporación paulatina de los
trabajadores del régimen CAS a los referidos regímenes laborales estatuidos
para la respectiva entidad pública, plazo que se justifica en la medida que en
la actualidad nos encontramos en una etapa electoral (abril 2011), de modo que
serán los siguientes representantes del Estado (Poder Legislativo y Poder
Ejecutivo) los encargados de concretizar gradualmente los aludidos derechos. Si
bien este tránsito, que exige nuevos o mayores gastos públicos, debe producirse
de manera progresiva, tal como lo dispone la Undécima Disposición Final y
Transitoria de la Norma Fundamental, no puede desconocerse que es deber del
Estado la materialización de la «igualdad exigida por la Constitución» entre
los derechos de los trabajadores CAS y aquellos derechos de otros regímenes
laborales del sector público.
S.
BEAUMONT
CALLIRGOS