EXP. N.° 01312-2011-PC/TC

LIMA

BETTY NAVARRO

CUEVA DE ENCINA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 12 de mayo de 2011

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Betty Navarro Cueva de Encina contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 200, su fecha 12 de enero de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la recurrente interpone demanda de cumplimiento contra el Banco de la Nación solicitando que el emplazado cumpla con lo dispuesto por las Leyes 27803 y 29059 y su reglamento, el Decreto Supremo 014-2002-TR, en atención a que se encuentra en el listado de extrabajadores cesados irregularmente, publicado por la Resolución Suprema 028-2009-TR, y que, en consecuencia, se ordene su reincorporación.

2. Que este Colegiado en la STC 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del presente proceso constitucional.

3. Que en el fundamento 14 de la sentencia precitada que constituye precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que en un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver –que, como se sabe, carece de estación probatoria– se pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser ineludible y de obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional –excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

4. Que en el presente caso las normas cuyo cumplimiento se solicita contienen un mandato condicional de satisfacción compleja, puesto que como lo señala el Decreto Supremo 014-2002-TR, que aprueba el reglamento de la Ley 27803, los extrabajadores podrán ser reincorporados al puesto de trabajo del que fueron cesados en la medida en que existan las correspondientes plazas vacantes y presupuestadas, y aquellos que no alcanzaren plaza vacante podrán ser reubicados en otras igualmente vacantes del sector público, situación que no ha podido acreditarse en estos autos; por lo tanto, al no reunir la presente demanda los requisitos mínimos establecidos en la sentencia antes citada, debe ser desestimada.

5. Que si bien es cierto que en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA –publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005–, también lo es que dichas reglas son aplicables solo a los casos que se encontraban en trámite cuando la STC 168-2005-PC fue publicada. En el caso de autos, no se presenta dicho supuesto, dado que la demanda se interpuso el 11 de mayo de 2010.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA

VERGARA GOTELLI

BEAUMONT CALLIRGOS