EXP. N.° 01421-2011-PHC/TC
LIMA
HÉCTOR
EINER CHINCHA MEJÍA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 12 de mayo de 2011
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vladimiro
Paredes Flores, a favor de don Héctor Einer Chincha Mejía, contra la sentencia
de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 159, su fecha 19 de octubre de
2010, que declaró infundada la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha 20 de julio de
2010 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el titular de la Tercera
Fiscalía Provincial Penal de Lima, don Guillermo Sandoval Ruiz, con el objeto
de que se declare la nulidad de la Resolución Fiscal de fecha 4 de noviembre de
2008, a través de la cual se denuncia penalmente al favorecido por el delito de
estafa (Ingreso 131-2008). Alega la afectación a los derechos al debido
proceso, de defensa, a la tutela efectiva y a la libertad personal, entre otros.
Al respecto afirma que la denuncia es genérica e impersonalizada, por lo que limita o impide un adecuado ejercicio del derecho de defensa del beneficiario. Refiere que se investigó al actor en sede policial por los delitos de apropiación ilícita y estafa; que sin embargo, la cuestionada denuncia solo se dio por el delito de estafa, lo que implica que si no existió la apropiación ilícita, mucho menos puede haber delito de estafa. Alega que los hechos no condicen con la figura del delito de estafa y que el Ministerio Público solo dio cuenta de una parte del Atestado Policial, el cual no tendría valor probatorio. Señala que, tanto en la investigación en sede policial como en la fiscal, la denuncia de parte no le fue notificada correctamente al actor, por lo que no pudo realizar descargo ni contradicción alguna. Agrega que de acuerdo al atestado policial se establece que nunca existió una investigación conforme a los estándares constitucionales, por lo que debe declararse la nulidad de la denuncia penal.
2.
Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200.º, inciso 1, que el
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual
o los derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier
reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual
o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia
cuestionada mediante el hábeas corpus, pues para ello debe examinarse
previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten
relevancia constitucional y, luego, si aquellos agravian el contenido
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal.
Todo ello implica que para que proceda el hábeas corpus el hecho cuya
inconstitucionalidad se denuncia debe necesariamente redundar en una afectación
directa y concreta en el derecho a la libertad individual o, dicho de otro
modo, la afectación a los derechos constitucionales conexos debe incidir de
manera negativa en el derecho a la libertad individual. Es por ello que el Código Procesal Constitucional
prevé en su artículo 5.°, inciso 1, que “no proceden los procesos
constitucionales cuando: (...) los hechos y el petitorio de la demanda
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido
del derecho invocado”.
3.
Que respecto a la procedencia
del hábeas corpus, este Tribunal en
reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien el juez constitucional puede
pronunciarse sobre la eventual violación o amenaza de violación a los derechos
constitucionales conexos, tales como el derecho al debido proceso, a la
motivación de las resoluciones, de defensa, a la tutela procesal efectiva,
etc.; ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre estos derechos y
el derecho a la libertad individual, de modo que la amenaza o violación al
derecho constitucional conexo que se denuncia incida también, en cada caso, de
manera negativa y directa en el derecho a la libertad individual.
4.
Que del análisis de los
Hechos de la demanda de autos este Colegiado aprecia que la presunta afectación
de los derechos reclamados se sustenta en la Resolución Fiscal de fecha 4 de
noviembre de 2008 (fojas 101) y en las supuestas irregularidades que se habrían
cometido durante la investigación preliminar policial y fiscal.
5.
Que en lo que respecta al cuestionamiento constitucional a la denuncia
penal de fecha 4 de noviembre de 2008, corresponde que la demanda sea
rechazada por falta de conexidad directa y negativa de dicho pronunciamiento
fiscal respecto de la libertad personal, que es el derecho fundamental materia
de tutela del hábeas corpus. Al respecto, este Tribunal viene señalando en
reiterada jurisprudencia que si bien es cierto que la
actividad del Ministerio Público, en la investigación del delito, al formalizar
la denuncia penal o formular la acusación fiscal, se encuentra vinculada
al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también
lo es que sus actuaciones durante la investigación
preliminar son postulatorias respecto de lo que el juzgador resuelva
en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad personal,
toda vez que ante una eventual
denuncia o acusación fiscal será el juez penal competente el que determine la
restricción de este derecho que pueda corresponder al inculpado en concreto; lo mismo ocurre con las
investigaciones del delito en sede policial, y es
que aun cuando la actividad investigatoria de la Policía Nacional concluya con
la emisión de un atestado policial, ello no resulta decisorio para el juzgador en la imposición de las medidas
de restricción de la libertad individual que pueda corresponder al actor [Cfr. RTC
07961-2006-PHC/TC, RTC
02688-2008-PHC/TC, RTC
00475-2010-PHC/TC y RTC
01626-2010-PHC/TC, entre otras]. En
consecuencia, corresponde que la demanda sea rechazada toda vez que las
presuntas afectaciones a los derechos reclamados –en la tramitación de la
investigación preliminar del delito en sede policial y fiscal– no inciden de
manera directa y negativa en el derecho a la libertad personal del favorecido
del hábeas corpus.
6.
Que de otro lado, este
Colegiado debe advertir que en la demanda se esgrimen argumentos respecto de irresponsabilidad
penal del actor sustentada en cuestiones probatorias, pues se alega que “el delito de estafa no existió, los hechos no se condicen con la figura del
delito de estafa y que el Atestado Policial no tendría valor probatorio”. Al respecto, el Tribunal Constitucional viene
subrayando en su reiterada jurisprudencia que los juicios de reproche penal de
culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de la pruebas que para su
efecto se actúen en la instancia correspondiente no están referidos en
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la
libertad personal, toda vez que son aspectos propios
de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, encargada de
examinar casos de otra naturaleza, [Cfr. RTC
2849-2004-HC/TC, RTC
04314-2009-PHC/TC, RTC
06133-2007-PHC/TC, RTC
05157-2007-PHC/TC, entre otras].
7.
Que por consiguiente la
demanda debe ser rechazada en aplicación
de la causal de improcedencia prevista en el artículo 5.º, inciso 1, del Código
Procesal Constitucional toda vez que la pretensión y
el fundamento fáctico que la sustenta no están referidos en forma directa al contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal.
Por estas
consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas
corpus de autos.
Publíquese y
notifíquese.
SS.
ÁLVAREZ
MIRANDA
VERGARA
GOTELLI
BEAUMONT
CALLIRGOS