EXP. N.° 01432-2011-PA/TC
AYACUCHO
JULIO
CÉSAR
RIVERA ORDÓÑEZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 17 días del mes de junio
de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Álvarez Miranda, Vergara Gotelli y Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto, del
magistrado Beaumont Callirgos
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Rivera Ordóñez contra la sentencia expedida por la Sala Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 648, su fecha 19 de enero de 2011, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 11 de diciembre de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo contra el Jefe de la Oficina Zonal de Ayacucho y el Director Ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), solicitando que se declaren inaplicables los contratos administrativos de servicios suscritos; y que en consecuencia se deje sin efecto el despido arbitrario del que habría sido objeto y que sea repuesto en el cargo de Asistente Administrativo del área de Administración de la Oficina Zonal de Ayacucho que venía ocupando. Refiere que pese a que suscribió diversos contratos de servicios no personales y posteriormente contratos administrativos de servicios, en los hechos se configuró una relación laboral a plazo indeterminado, por lo que al haber sido despedido sin expresión de una causa justa prevista en la ley, se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario.
El Jefe Zonal de la Oficina de Ayacucho propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y de incompetencia por razón de la materia, y contesta la demanda argumentando que no se produjo un despido arbitrario sino la conclusión del plazo establecido en el último contrato administrativo de servicios suscrito entre las partes. Refiere que no tiene injerencia respecto a la situación laboral del demandante y que carece de las facultades necesarias para representar a la emplazada en la presente controversia.
El Apoderado del organismo emplazado propone las excepciones de incompetencia por razón de la materia y de falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda señalando que al momento de su cese el demandante no estaba sujeto al régimen laboral de la actividad privada y que por ello no le resulta aplicable lo dispuesto en la STC 00206-2005-PA/TC. Manifiesta que la vía del proceso contencioso-administrativo es la vía procedimental, igualmente satisfactoria, para resolver el caso de autos.
El Procurador Público del organismo emplazado, propone las excepciones de incompetencia por razón de la materia y de falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda argumentando que desde julio de 2008 el demandante libre y voluntariamente prestó sus servicios bajo el régimen previsto por el Decreto Legislativo N.º 1057, por lo que no habiendo existido una relación laboral propiamente dicha el demandante no fue objeto de un despido arbitrario.
El Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de Huamanga, con fecha 8 de junio de 2010 declara infundadas las excepciones propuestas; y con fecha 14 de julio de 2010, declara fundada la demanda, por estimar que de los medios probatorios que obran en autos y en aplicación del principio de primacía de la realidad ha quedado acreditado que en los hechos, entre el demandante y el organismo emplazado, existió una relación laboral a plazo indeterminado, por lo que sólo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral.
La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por considerar que el demandante no ha sido víctima de un despido arbitrario, por cuanto el vínculo laboral se extinguió cuando venció el plazo establecido en el último contrato administrativo de servicios que suscribieron las partes.
FUNDAMENTOS
Petitorio y procedencia de la demanda de amparo
1. El objeto de la demanda es la reposición del recurrente en el cargo que venía desempeñando porque habría sido despedido arbitrariamente. Alega el demandante que pese a que suscribió contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios, en los hechos se configuró una relación laboral a plazo indeterminado.
2.
Siendo así, conforme a los
criterios de procedencia establecidos en el precedente vinculante de
Análisis
del caso concreto
3. Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC 00002-2010-PI/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios guarda conformidad con el artículo 27.° de la Constitución.
Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción de los contratos administrativos de servicios, los contratos civiles que habría suscrito el demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio de los contratos administrativos de servicios, lo cual es constitucional.
4. Cabe señalar que con la adenda al contrato administrativo de servicios de fecha 30 de setiembre de 2009, obrante a fojas 159, queda demostrado que el demandante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que culminó al vencer el plazo establecido en su último contrato administrativo de servicios. Por lo tanto, habiéndose cumplido el plazo de duración del referido contrato, la extinción de la relación laboral del demandante se produjo en forma automática, conforme lo señala el literal h) del numeral 13.1 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM.
Por lo tanto, la extinción de la relación laboral del demandante no afecta derecho constitucional alguno, por lo que no cabe estimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA
la demanda, por no haberse acreditado la vulneración de los derechos
constitucionales alegados.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ÁLVAREZ
MIRANDA
VERGARA
GOTELLI
BEAUMONT CALLIRGOS
EXP. N.° 01432-2011-PA/TC
AYACUCHO
JULIO
CÉSAR
RIVERA ORDÓÑEZ
FUNDAMENTO
DE VOTO DEL
MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS
Teniendo en cuenta que en el presente caso se verifica la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1057, que regula el denominado “Contrato Administrativo de Servicios” (CAS), y sin perjuicio de lo expresado en el Expediente N.º 00002-2010-PI/TC y su respectiva resolución de aclaración, juzgo conveniente manifestar algunos argumentos adicionales:
1.
En general, puede afirmarse que el
“Contrato Administrativo de Servicios” (CAS) ha establecido condiciones más
favorables para un determinado grupo de trabajadores del sector público,
respecto de la afectación de derechos fundamentales producida por los
“contratos por locación de servicios” o mal llamados contratos de servicios no
personales (SNP), que encubrían verdaderas relaciones de trabajo, tal como lo
ha evidenciado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ello,
aún cuando desde determinados puntos de vista el régimen CAS es más beneficioso
en el contexto actual y
por ello resulta válido desde una perspectiva constitucional, según ha quedado
expresado en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC, estimo que dicho estatus de
«constitucionalidad» es uno que con el tiempo podría devenir en
«inconstitucional» si es que el Estado peruano, dentro de un plazo razonable,
no toma “acciones” dirigidas a mejorar las condiciones ya implementadas y
materializar la respectiva igualdad exigida por la Constitución y, por el
contrario, persista en mantener indefinidamente el régimen laboral CAS tal y como está regulado en el Decreto
Legislativo N.º 1057 y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
En efecto, si bien el Tribunal
Constitucional ha establecido que las limitaciones o intervenciones en
determinados derechos laborales por parte del CAS resultan justificadas (por
las razones ya expresadas en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC), ello sólo
resulta legítimo en el contexto actual de tránsito hacia mejores condiciones
laborales, pero si dichos límites se mantienen indefinidamente resulta claro
que se estarían convirtiendo en discriminatorias.
2.
En esta obligación del Estado peruano
para optimizar progresivamente el goce de los derechos fundamentales laborales
de los trabajadores del régimen laboral CAS, deben tomarse en cuenta temas
tales como: i) la fijación de límites
para la contratación de personal bajo esta modalidad de modo tal que el Estado
sólo pueda hacerlo fijando determinados porcentajes respecto del total de
trabajadores; ii) la limitación razonable del plazo de duración en el
que un trabajador puede estar sujeto al CAS; iii) el fortalecimiento de la
estabilidad laboral y la optimización de la protección adecuada contra el
despido arbitrario; iv) la regulación para el ejercicio de los derechos
colectivos de sindicalización, huelga y negociación colectiva, entre otros
derechos laborales que resultaren pertinentes.
3.
Asimismo, es imperativo que en un
periodo razonable que podría ser, por ejemplo, de 7 años, el Estado debe
reconocer derechos equiparables a los regulados en los Decretos Legislativos
N.°s 276 y 728 o, caso contrario, la incorporación paulatina de los
trabajadores del régimen CAS a los referidos regímenes laborales estatuidos
para la respectiva entidad pública, plazo que se justifica en la medida que en
la actualidad nos encontramos en una etapa electoral (abril 2011), de modo que
serán los siguientes representantes del Estado (Poder Legislativo y Poder
Ejecutivo) los encargados de concretizar gradualmente los aludidos derechos. Si
bien este tránsito, que exige nuevos o mayores gastos públicos, debe producirse
de manera progresiva, tal como lo dispone la Undécima Disposición Final y
Transitoria de la Norma Fundamental, no puede desconocerse que es deber del
Estado la materialización de la «igualdad exigida por la Constitución» entre
los derechos de los trabajadores CAS y aquellos derechos de otros regímenes
laborales del sector público.
S.
BEAUMONT
CALLIRGOS