EXP. N.° 01434-2011-PA/TC
MOQUEGUA
YONNY
GERMÁN
DÍAZ
CAMACHO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima (Tacna), a los 22 días del mes de
junio de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto,
adjunto, del magistrado Beaumont Callirgos
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Yonny Germán Díaz Camacho contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 458, su fecha 25 de febrero de 2011, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 11 de febrero de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Moquegua del Ministerio de Agricultura, solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario del que habría sido objeto; y que, en consecuencia, sea repuesto en el cargo de inspector de cuarentena vegetal que venía ocupando, se le reconozca todos sus derechos laborales y el pago de las costas y los costos del proceso. Manifiesta que si bien suscribió contratos de locación de servicios y posteriormente contratos administrativos de servicios, en los hechos se configuró una relación laboral a plazo indeterminado en aplicación del principio de primacía de la realidad. Refiere que desde el 6 de febrero de 2006 comenzó a prestar sus servicios, y que realizó sus labores de manera ininterrumpida hasta el 31 de diciembre de 2008, fecha en que fue despedido arbitrariamente, vulnerándose sus derechos al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y al debido proceso.
El Procurador Público del Ministerio emplazado propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de prescripción, y contesta la demanda argumentando que, en la medida en que sólo se mantuvo una relación de naturaleza civil con el demandante, no existió vínculo laboral, y que el cese se produjo como consecuencia del vencimiento del plazo establecido en el contrato administrativo de servicios suscrito por las partes.
El Segundo Juzgado Mixto de Mariscal Nieto, con fecha 3 de marzo de 2010, declaró improcedente la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e infundada la excepción de prescripción; y con fecha 29 de octubre de 2010, declaró infundada la demanda, por considerar que la relación laboral que mantuvieron las partes culminó cuando venció el plazo previsto en el respectivo contrato administrativo de servicios, conforme lo ha precisado el Tribunal Constitucional en la STC N.º 03818-2009-PA/TC.
La Sala Superior competente confirmó la apelada por los mismos fundamentos.
FUNDAMENTOS
Petitorio y procedencia de la demanda
1. El objeto de la demanda es la reposición del recurrente en el cargo que venía desempeñando dado que habría sido despedido arbitrariamente. Alega el demandante que pese a que suscribió contratos de locación de servicios, en los hechos se configuró una relación laboral a plazo indeterminado.
2.
Siendo así, conforme a los
criterios de procedencia establecidos en el precedente vinculante de
Análisis del caso concreto
3. Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC 00002-2010-PI/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios guarda conformidad con el artículo 27.° de la Constitución.
Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción de los contratos administrativos de servicios, los contratos civiles que habría suscrito el demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio de los contratos administrativos de servicios, lo cual es constitucional.
4. Cabe señalar que con el Contrato Administrativo de Servicios N.º 010-2008-SENASA-MOQUEGUA, obrante a fojas 258, queda demostrado que el demandante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que culminó al vencer el plazo establecido en su contrato administrativo de servicios. Por lo tanto, habiéndose cumplido el plazo de duración del referido contrato, la extinción de la relación laboral del demandante se produjo en forma automática, conforme lo señala el literal h) del numeral 13.1 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM.
Por lo tanto, la extinción de la relación laboral del demandante no afecta derecho constitucional alguno, por lo que no cabe estimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA
la demanda, por no haberse acreditado la vulneración de los derechos
constitucionales alegados.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ÁLVAREZ MIRANDA
BEAUMONT CALLIRGOS
URVIOLA HANI
EXP. N.° 01434-2011-PA/TC
MOQUEGUA
YONNY
GERMÁN
DÍAZ
CAMACHO
FUNDAMENTO
DE VOTO DEL
MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS
Teniendo en cuenta que en el presente caso se verifica la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1057, que regula el denominado “Contrato Administrativo de Servicios” (CAS), y sin perjuicio de lo expresado en el Expediente N.º 00002-2010-PI/TC y su respectiva resolución de aclaración, juzgo conveniente manifestar algunos argumentos adicionales:
1.
En general, puede afirmarse que el
“Contrato Administrativo de Servicios” (CAS) ha establecido condiciones más
favorables para un determinado grupo de trabajadores del sector público,
respecto de la afectación de derechos fundamentales producida por los
“contratos por locación de servicios” o mal llamados contratos de servicios no
personales (SNP), que encubrían verdaderas relaciones de trabajo, tal como lo
ha evidenciado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ello,
aún cuando desde determinados puntos de vista el régimen CAS es más beneficioso
en el contexto actual y
por ello resulta válido desde una perspectiva constitucional, según ha quedado
expresado en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC, estimo que dicho estatus de
«constitucionalidad» es uno que con el tiempo podría devenir en «inconstitucional»
si es que el Estado peruano, dentro de un plazo razonable, no toma “acciones”
dirigidas a mejorar las condiciones ya implementadas y materializar la
respectiva igualdad exigida por la Constitución y, por el contrario, persista
en mantener indefinidamente el
régimen laboral CAS tal y como está regulado en el Decreto Legislativo N.º 1057
y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
En efecto, si bien el Tribunal
Constitucional ha establecido que las limitaciones o intervenciones en
determinados derechos laborales por parte del CAS resultan justificadas (por
las razones ya expresadas en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC), ello sólo
resulta legítimo en el contexto actual de tránsito hacia mejores condiciones
laborales, pero si dichos límites se mantienen indefinidamente resulta claro
que se estarían convirtiendo en discriminatorias.
2.
En esta obligación del Estado peruano
para optimizar progresivamente el goce de los derechos fundamentales laborales
de los trabajadores del régimen laboral CAS, deben tomarse en cuenta temas
tales como: i) la fijación de límites
para la contratación de personal bajo esta modalidad de modo tal que el Estado
sólo pueda hacerlo fijando determinados porcentajes respecto del total de
trabajadores; ii) la limitación razonable del plazo de duración en el
que un trabajador puede estar sujeto al CAS; iii) el fortalecimiento de la
estabilidad laboral y la optimización de la protección adecuada contra el
despido arbitrario; iv) la regulación para el ejercicio de los derechos colectivos
de sindicalización, huelga y negociación colectiva, entre otros derechos
laborales que resultaren pertinentes.
3.
Asimismo, es imperativo que en un
periodo razonable que podría ser, por ejemplo, de 7 años, el Estado debe
reconocer derechos equiparables a los regulados en los Decretos Legislativos
N.°s 276 y 728 o, caso contrario, la incorporación paulatina de los
trabajadores del régimen CAS a los referidos regímenes laborales estatuidos
para la respectiva entidad pública, plazo que se justifica en la medida que en
la actualidad nos encontramos en una etapa electoral (abril 2011), de modo que
serán los siguientes representantes del Estado (Poder Legislativo y Poder
Ejecutivo) los encargados de concretizar gradualmente los aludidos derechos. Si
bien este tránsito, que exige nuevos o mayores gastos públicos, debe producirse
de manera progresiva, tal como lo dispone la Undécima Disposición Final y
Transitoria de la Norma Fundamental, no puede desconocerse que es deber del
Estado la materialización de la «igualdad exigida por la Constitución» entre
los derechos de los trabajadores CAS y aquellos derechos de otros regímenes
laborales del sector público.
S.
BEAUMONT
CALLIRGOS