EXP. N.° 01704-2011-PA/TC
PIURA
ARTURO PULACHE
ESPINOZA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 26 días del mes de julio de 2011, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Eto Cruz, Vergara Gotelli y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arturo Pulache Espinoza contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 178, su fecha 29 de marzo de 2011, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 14 de setiembre de 2010 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de Castilla, solicitando que se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando, con el abono de las remuneraciones dejadas de percibir y los costos. Manifiesta haber laborado como sereno municipal, bajo la modalidad de servicios no personales y mediante contratos administrativos de servicios en periodos diversos; sin embargo, señala que su relación laboral se desnaturalizó debido a que realizó labores de carácter permanente, por lo que al haber tenido la calidad de obrero pertenece al régimen laboral de la actividad privada.
El Procurador Público de la Municipalidad emplazada deduce las excepciones de incompetencia por razón de la materia y de falta de agotamiento de la vía administrativa; y contesta la demanda manifestando que la relación laboral que mantuvo con el actor se extinguió como consecuencia del vencimiento del plazo de su contrato, el cual fue formulado de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1057, régimen laboral especial al que no le resultan aplicables las normas de régimen laboral de la actividad privada.
El Juzgado Mixto de Piura, con fecha 15 de noviembre de 2010, declaró infundadas las excepciones propuestas; y con fecha 19 de enero de 2011 declaró infundada la demanda, por estimar que la relación laboral del actor se encontraba sujeta a las condiciones del contrato administrativo de servicios, por lo que no le resulta aplicable el régimen procesal de eficacia restitutoria sino únicamente el régimen procesal de eficacia indemnizatoria.
La Sala Superior competente confirmó la apelada por similares fundamentos.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Se alega que la relación laboral del demandante se desnaturalizó debido a que las labores que prestó como sereno municipal eran de naturaleza permanente.
2. Por su parte la Municipalidad emplazada manifiesta que el demandante no fue despedido arbitrariamente, sino que al vencimiento del plazo de su contrato administrativo de servicios se extinguió su relación contractual.
3. Considerando los argumentos expuestos por las partes y conforme a los criterios de procedencia establecidos en el precedente vinculante de la STC 00206-2005-PA/TC, en el presente caso corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.
Análisis del caso concreto
4. Para resolver la controversia planteada conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC 00002-2010-PI/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios guarda conformidad con el artículo 27º de la Constitución.
Consecuentemente en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, el contrato civil que suscribió el demandante se desnaturalizó, pues en el caso que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, que es constitucional.
5. Hecha la precisión que antecede cabe señalar que de acuerdo con la Carta 213-2010-MDC-GAYF-SGL, del 25 de mayo de 2010 (f. 4) y las boletas de pago de fojas 6 a 24, se encuentra acreditado que el demandante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que culminó al vencerse el plazo contenido en la Adenda N.° 01 del contrato administrativo de servicios N.° 53-2010-MDC-GAYF-SGL, suscrito por las partes, esto es, el 31 de mayo de 2010. Por lo tanto, habiéndose
cumplido el plazo de duración del referido contrato, la extinción de la relación laboral del demandante se produjo en forma automática, conforme lo señala el literal h) del numeral 13.1 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM.
Asimismo debe destacarse que en autos no obra prueba que corrobore que el demandante trabajó durante junio y julio de 2010, tal como lo afirma en su demanda, por lo que dicho argumento al no encontrarse probado, no puede ser tomado como cierto.
Siendo ello así la extinción de la relación laboral del demandante no afecta derecho constitucional alguno, por lo que no cabe estimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración de los derechos alegados por el demandante.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ETO CRUZ
VERGARA GOTELLI
URVIOLA HANI