EXP. N.° 01708-2011-PA/TC

PIURA

PEDRO RAMÍREZ JUÁREZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 17 días del mes de junio de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Beaumont Callirgos

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Ramírez Juárez contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 140, su fecha 29 de marzo de 2011, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Mediante demanda de fecha 14 de setiembre de 2010 y escrito subsanatorio de fecha 12 de octubre de 2010, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de Castilla, solicitando que se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando, con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y los costos. Manifiesta haber laborado como sereno municipal, bajo la modalidad de servicios no personales y mediante contratos administrativo de servicios en periodos diversos, sin embargo, señala que su relación laboral se desnaturalizó debido a que realizó labores de carácter permanente, por lo que al haber tenido la calidad de obrero, pertenece al régimen laboral de la actividad privada.

El Procurador Público de la Municipalidad emplazada deduce las excepciones de incompetencia por razón de la materia y de falta de agotamiento de la vía administrativa; y contesta la demanda manifestando que la relación laboral que mantuvo con el actor se extinguió a consecuencia del vencimiento de su contrato, el cual fue formulado de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1057, régimen laboral especial al que no le resultan aplicables las normas de régimen laboral de la actividad privada.

El Juzgado Mixto de Castilla, con fecha 4 de enero de 2011, declaró infundadas las excepciones propuestas; y con fecha 17 de enero de 2011, declaró infundada la demanda por estimar que la relación laboral del actor se encontraba sujeta a las condiciones del Decreto Legislativo 1057 y que su extinción se produjo de conformidad con lo prescrito por el literal h) del numeral 13.3 del Decreto Supremo 075-2008-PCM

La Sala Superior competente confirmó la apelada por estimar que la contratación administrativa de servicios eminentemente temporal no podía ser acumulada con otras modalidades de contratación para pretender su desnaturalización y alcanzar un efecto restitutorio, efecto del cual no gozaba el régimen del contrato administrativo de servicios.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario o fraudulento. Se alega que la relación contractual del demandante se desnaturalizó debido a que las labores que prestó como sereno municipal eran de naturaleza permanente.

2. Por su parte, la Municipalidad emplazada manifiesta que el demandante laboró bajo contrato administrativo de servicios y que su relación laboral se extinguió como consecuencia del vencimiento del plazo dicho contrato.

3. Considerando los argumentos expuestos por las partes y conforme a los criterios de procedencia establecidos en el precedente vinculante de la STC 00206-2005-PA/TC, en el presente caso corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.

Análisis del caso concreto

4. Para resolver la controversia planteada conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC 00002-2010-PI/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios guarda conformidad con el artículo 27 de la Constitución.

Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, los contratos civiles que suscribió el demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, lo cual es constitucional.

5. Hecha la precisión que antecede, cabe señalar que de acuerdo con la Carta 214-2010-MDC-GAYF-SGL, del 25 de mayo de 2010 (f. 4) y las boletas de pago obrantes de fojas 11 a 24, se encuentra acreditado que el demandante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que culminó al vencer el plazo estipulado en la Adenda N.° 1 del Contrato Administrativo de Servicios N.° 42-2010-MDC-GAYF-SGL, suscrito por las partes, esto es, el 31 de mayo de 2010. Por lo tanto, habiéndose cumplido el plazo de duración del referido contrato, la extinción de la relación laboral del demandante se produjo en forma automática, conforme lo señala el literal h) del numeral 13.1 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM.

Siendo ello así, la extinción de la relación laboral del demandante no afecta derecho constitucional alguno, por lo que no cabe estimar la demanda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración de los derechos alegados por el demandante.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN

EXP. N.° 01708-2011-PA/TC

PIURA

PEDRO RAMÍREZ JUÁREZ

FUNDAMENTO DE VOTO DEL

MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS

Teniendo en cuenta que en el presente caso se verifica la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1057, que regula el denominado “Contrato Administrativo de Servicios” (CAS), y sin perjuicio de lo expresado en el Expediente N.º 00002-2010-PI/TC y su respectiva resolución de aclaración, juzgo conveniente manifestar algunos argumentos adicionales:

1. En general, puede afirmarse que el “Contrato Administrativo de Servicios” (CAS) ha establecido condiciones más favorables para un determinado grupo de trabajadores del sector público, respecto de la afectación de derechos fundamentales producida por los “contratos por locación de servicios” o mal llamados contratos de servicios no personales (SNP), que encubrían verdaderas relaciones de trabajo, tal como lo ha evidenciado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ello, aún cuando desde determinados puntos de vista el régimen CAS es más beneficioso en el contexto actual y por ello resulta válido desde una perspectiva constitucional, según ha quedado expresado en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC, estimo que dicho estatus de «constitucionalidad» es uno que con el tiempo podría devenir en «inconstitucional» si es que el Estado peruano, dentro de un plazo razonable, no toma “acciones” dirigidas a mejorar las condiciones ya implementadas y materializar la respectiva igualdad exigida por la Constitución y, por el contrario, persista en mantener indefinidamente el régimen laboral CAS tal y como está regulado en el Decreto Legislativo N.º 1057 y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.

En efecto, si bien el Tribunal Constitucional ha establecido que las limitaciones o intervenciones en determinados derechos laborales por parte del CAS resultan justificadas (por las razones ya expresadas en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC), ello sólo resulta legítimo en el contexto actual de tránsito hacia mejores condiciones laborales, pero si dichos límites se mantienen indefinidamente resulta claro que se estarían convirtiendo en discriminatorias.

2. En esta obligación del Estado peruano para optimizar progresivamente el goce de los derechos fundamentales laborales de los trabajadores del régimen laboral CAS, deben tomarse en cuenta temas tales como: i) la fijación de límites para la contratación de personal bajo esta modalidad de modo tal que el Estado sólo pueda hacerlo fijando determinados porcentajes respecto del total de trabajadores; ii) la limitación razonable del plazo de duración en el que un trabajador puede estar sujeto al CAS; iii) el fortalecimiento de la estabilidad laboral y la optimización de la protección adecuada contra el despido arbitrario; iv) la regulación para el ejercicio de los derechos colectivos de sindicalización, huelga y negociación colectiva, entre otros derechos laborales que resultaren pertinentes.

3. Asimismo, es imperativo que en un periodo razonable que podría ser, por ejemplo, de 7 años, el Estado debe reconocer derechos equiparables a los regulados en los Decretos Legislativos N.°s 276 y 728 o, caso contrario, la incorporación paulatina de los trabajadores del régimen CAS a los referidos regímenes laborales estatuidos para la respectiva entidad pública, plazo que se justifica en la medida que en la actualidad nos encontramos en una etapa electoral (abril 2011), de modo que serán los siguientes representantes del Estado (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo) los encargados de concretizar gradualmente los aludidos derechos. Si bien este tránsito, que exige nuevos o mayores gastos públicos, debe producirse de manera progresiva, tal como lo dispone la Undécima Disposición Final y Transitoria de la Norma Fundamental, no puede desconocerse que es deber del Estado la materialización de la «igualdad exigida por la Constitución» entre los derechos de los trabajadores CAS y aquellos derechos de otros regímenes laborales del sector público.

S.

BEAUMONT CALLIRGOS