EXP. N.° 01928-2011-PA/TC
LIMA
ALFREDO DELGADO
DE LA FLOR ROSELLÓ
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 26 de agosto de 2011
VISTO
El recurso de apelación interpuesto por don Alfredo Delgado de la Flor Roselló contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 203, su fecha 29 de marzo de 2010, que declaró infundada la observación formulada por el recurrente contra la resolución dictada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en la etapa de ejecución de sentencia; y,
ATENDIENDO A
1. Que en la etapa de ejecución de sentencia del proceso de amparo seguido contra la ONP se le ordenó a ésta que cumpla con ejecutar la sentencia de la Sexta Sala Civil de fecha 11 de diciembre de 2006 (f. 66). En respuesta la ONP emitió la Resolución 1843-2007-ONP/DC/DL 18846, de fecha 12 de abril de 2007 (f. 72), por la cual reajustó la pensión de invalidez vitalicia del actor por el monto ascendente a S/. 600.00 a partir del 1 de diciembre de 2004.
2. Que ante ello el recurrente formuló observación (f. 120), por considerar que se está desvirtuando el contenido de la sentencia que estableció “…es de concluirse que a éste le corresponde gozar de una pensión de invalidez permanente total del 100% en atención a la incapacidad orgánica funcional que padece a consecuencia de la neumoconiosis (silicosis) con un grado de discapacidad del 90%...”. y que no debió aplicarse al tope pensionario establecido en el artículo 3 del Decreto Ley 25967.
3. Que por su parte la ONP (f. 147) expresa que como el monto de la pensión de invalidez vitalicia establecido luego del reajuste es mayor al máximo de S/. 600.00 nuevos soles, es válido que se reduzca a dicho monto.
4. Que la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 29 de marzo de 2010, declaró infundada la observación efectuada por el demandante por considerar que la renta vitalicia está sujeta a los topes pensionarios previstos por el artículo 78 del Decreto Ley 19990.
5. Que el Tribunal Constitucional ha comprendido que el derecho a la ejecución de resoluciones constituye parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela judicial. En efecto, en la STC 0015-2001-AI/TC, STC 0016-2001-AI/TC y en la STC 004-2002-AI/TC, este Colegiado ha dejado establecido que “[e]l derecho a la ejecución de resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (...). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido” [fundamento 11]. En esta misma línea de razonamiento, se ha precisado en otra sentencia que “la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”, reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC 4119-2005-AA/TC, fundamento 64).
6. Que en efecto “la actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución de sentencias constituye un elemento fundamental e imprescindible en el logro de una efectiva tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el interés público, dado que el Estado de Derecho no puede existir cuando no es posible alcanzar la justicia a través de los órganos establecidos para tal efecto. Para ello, la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas acciones que tiendan a que los justiciables sean repuestos en sus derechos reaccionando frente a posteriores actuaciones o comportamientos que debiliten el contenido material de sus decisiones, pues sólo así se podrán satisfacer los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos” (STC 1042-2002-AA/TC).
7. Que en el caso, la controversia consiste en determinar si en fase de ejecución de sentencia se desvirtuó lo decidido a favor del recurrente en el proceso de amparo a que se ha hecho referencia en el considerando 1, supra.
8. Que la sentencia materia de ejecución (f. 66) ordena que “la Oficina de Normalización Previsional cumpla con reajustar la pensión de renta vitalicia del actor, a la correspondiente a una pensión de invalidez permanente total del 100%”.
9. Que de la resolución cuestionada (f. 72) y del Informe de la División de Calificaciones de la ONP (f. 74-76) se desprende que se reajustó la pensión de invalidez vitalicia del actor, en la suma de S/. 600.00 nuevos soles, basándose en:
“que, de conformidad con el artículo 3º del Decreto Ley 25967, la pensión máxima mensual que abonará la Oficina de Normalización Previsional, por cualquiera de los regímenes pensionarios que administra, no podrá ser mayor de S/. 600.00 Nuevos Soles (seiscientos con 00/100 Nuevos Soles), al momento de otorgarse el derecho”.
10. Que siendo así, corresponde determinar si las pensiones de invalidez vitalicias reguladas conforme al Decreto Ley 18846 o su sustitutoria, la Ley 26790, se encuentran sujetas a los topes previsionales.
11. Que al efecto, es importante recordar que este Tribunal en la STC 2513-2007-PA/TC, que constituye precedente vinculante, en sus fundamentos 30 y 31 ha reiterado las consideraciones expuestas en los fundamentos 87 y 117 de la STC 10063-2006-PA/TC, en el sentido que los montos de pensión mínima establecido por la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 817 para los regímenes a cargo de la ONP, no son aplicables a la pensión vitalicia del Decreto Ley 18846 ni a su sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley 26790, básicamente porque los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cubiertos por el Decreto Ley 18846 no están comprendidos en el régimen del Decreto Ley 19990 y porque es una pensión adicional a la generada por el riesgo de la jubilación (edad y aportaciones).
Asimismo ha precisado que los montos de pensión mínima establecidos por la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 817 no son aplicables a la pensión vitalicia del Decreto Ley 18846 ni a su sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley 26790, debido a que ambas prestaciones se encuentran previstas para cubrir riesgos y contingencias diferentes y se financian con fuentes distintas e independientes.
12. Que de lo reseñado este Colegiado concluye que si a las pensiones vitalicias reguladas por el Decreto Ley 18846, o su sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley 26790, no les resulta aplicable el monto mínimo regulado por el Decreto Legislativo 817, por las razones expuestas, tampoco correspondería aplicarse a estas pensiones el monto de la pensión máxima regulada en el artículo 3º del Decreto Ley 25967, pues este último decreto ley es norma sustitutoria del Decreto Ley 19990.
13. Que en ese sentido, este Colegiado considera que la emplazada, en etapa de ejecución, emitió la resolución cuestionada de manera defectuosa, sin tener en cuenta los parámetros indicados en la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2006, dictada por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, por cuanto el monto de la pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional, conforme con la Ley 26790, no se encuentra supeditado a la pensión máxima regulada por el Decreto Ley 25967; por tal motivo la ONP deberá emitir nueva resolución otorgándole al actor la pensión sin aplicar el Decreto Ley 25967. Estando a ello, debe estimarse la pretensión planteada por el recurrente en el recurso de agravio constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
1. Declarar FUNDADO, el recurso de agravio constitucional presentado por el demandante; en consecuencia, NULA la Resolución 1843-2007-ONP/DC/DL 18846.
2. Reponiéndose las cosas al estado anterior de su vulneración, ordena a la emplazada que emita nueva resolución reajustando el monto de la pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional conforme a la Ley 26790 y su Reglamento, el Decreto Supremo 003-98-SA, y conforme a los considerandos de la presente resolución.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ETO CRUZ
VERGARA GOTELLI
URVIOLA HANI