EXP. N.° 02182-2011-PA/TC

LIMA

TEÓFILO CÁCERES PALACIOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 ddías del mes de julio de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Cáceres Palacios contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 86, su fecha 20 de enero de 2011, que declara infundada la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le incremente el monto de su pensión de jubilación, al considerar que le correspondía la aplicación del beneficio establecido en los artículos 1 y 4 de la Ley 23908, con abono de los devengados, intereses, costas y costos.

La emplazada contesta la demanda alegando que al actor se le ha otorgado en su pensión de jubilación un monto superior al que resultaría de aplicarle la Ley 23908.

El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 18 de mayo de 2010, declara infundada la demanda respecto al reajuste de su pensión inicial considerando que la pensión inicial reconocida fue superior al monto según la Ley 23908, e improcedente con relación al reajuste de pensión de los demás periodos distintos de la pensión inicial.

La Sala civil competente declara infundada la demanda por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. Considerando los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1) y 38 del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la parte demandante, resulta procedente que este Colegiado efectúe su verificación por las objetivas circunstancias del caso (grave estado de salud), a fin de evitar consecuencias irreparables.

Delimitación del petitorio

2. El demandante solicita que se incremente el monto de su pensión de jubilación, al considerar que le correspondía la aplicación de los beneficios establecidos en la Ley 23908, más devengados, intereses, costas y costos.

Análisis de la controversia

3. En la STC 5189-2005-PA/TC, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó precisar los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC/TC para la aplicación de la Ley 23908, durante su periodo de vigencia, y ha dispuesto la observancia obligatoria, de los fundamentos jurídicos 5 y 7-21.

4. De la Resolución 640-DP-SGP-GZLE-IPSS-90, obrante a fojas 3, se evidencia que al causante se le otorgó su pensión a partir del 1 de abril de 1990, por la cantidad de ocho millones de intis mensuales, según la Carta Normativa 017-DNP-IPSS-90. Al respecto, se debe precisar que a la fecha de inicio de dicha pensión se encontraba vigente el Decreto Supremo 16 y 17-89-TR, que estableció en I/. 430,000.00 el sueldo mínimo vital, por lo que, en aplicación de la Ley 23908, la pensión mínima legal ascendió a 1'290,000. Por consiguiente, como el monto de dicha pensión superó el mínimo, el beneficio dispuesto en la Ley 23908 no le resultaba aplicable. No obstante, de ser el caso, queda la vía expedita para que el actor ejercite su derecho de reclamar los montos dejados de percibir con posterioridad hasta el 18 de diciembre de 1992.

5. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 27655, la pensión mínima del Régimen del Decreto Ley 19990 está determinada en atención al número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. En ese sentido y en concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatural 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3-1-2002), se dispuso incrementar los niveles de pensión mínima mensual de las pensiones, estableciéndose en S/. 415.00 el monto mínimo de las pensiones con 20 años o más de aportaciones.

6. Por consiguiente, al constatarse de autos que la demandante percibe un monto superior al de la pensión mínima vigente, concluimos que, actualmente, no se está vulnerando su derecho al mínimo legal.

7. En cuanto al reajuste automático de la pensión, este Tribunal ha señalado que se encuentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero del Régimen del Decreto Ley 19990, y que no se efectúa en forma indexada o automática. Asimismo, que ello fue previsto desde su creación y posteriormente recogido por la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, que establece que el reajuste periódico de las pensiones que administra el Estado se atiende con arreglo a las previsiones presupuestarias.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADA la afectación al derecho al mínimo vital vigente, la aplicación de la Ley 23908 a la pensión inicial del actor y la indexación trimestral automática.

2. IMPROCEDENTE la aplicación de la Ley 23908 con posterioridad al otorgamiento a la pensión hasta el 18 de diciembre de 1992, sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía para ejercer el derecho de acción ante el juez competente.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN