EXP. N.° 02222-2010-PA/TC
ICA
MIGUEL ÁNGEL
QUISPE MORA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 4 de enero de 2011
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ángel Quispe Mora contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 245, su fecha 13 de abril de 2010, que declara improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Comandancia General de la Marina y la Caja de Pensiones Militar Policial, con el objeto que se le otorgue pensión renovable de invalidez por acto de servicio, dentro de los alcances del artículo 11 del Decreto Ley 19846. Asimismo solicita el pago de pensiones devengadas, intereses legales y costas y costos procesales. Sostiene que padece de la enfermedad “discreta distorsión de la reorganización trabecular subcondrial de ambas cabezas humerales a predominio derecho en relación a incipiente necrosis vascular” (sic), adquirida cuando se encontraba como dotación, buzo operativo y bajo responsabilidad y custodia del servicio de salvamento de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú.
2. Que el Cuarto Juzgado Civil Transitorio de Ica, con fecha 11 de diciembre de 2009, declara improcedente la demanda por estimar que los exámenes médicos presentados no resultan idóneos para acreditar a través del presente proceso de amparo la enfermedad invocada. Por su parte la Sala Civil revisora, confirma la apelada por similar fundamento.
3. Que en la STC 01417-2005-PA/TC este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención; en consecuencia, al encontrarse la pretensión del actor comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b de la precitada sentencia, se procede al análisis de la cuestión controvertida.
4. Que lo pretendido por el accionante es que modifique su condición de pase al retiro que en su caso fue “a su solicitud”, conforme fluye de la Resolución 0486-89-CGMG, del 17 de julio de 1989 (f. 3), y como consecuencia de ello acceder a una pensión de invalidez prevista en el artículo 11 del Decreto Ley 19846.
5. Que este Tribunal Constitucional ha señalado en la STC 07171-2006-PA/TC (fundamento 5), al resolver un caso similar, que “conforme a las normas que regulan la pensión de invalidez en el régimen militar y policial, es acertado afirmar que solo es posible lograr el reconocimiento administrativo de una pensión de invalidez a través de la verificación de dos situaciones. En primer lugar, la condición de inválido por inaptitud o incapacidad para permanecer en situación de actividad, y en segundo lugar, que dicho estado se haya producido en acto o como consecuencia del servicio, conforme al artículo 7 del Decreto Ley 19846. Así, para determinar la condición de inválido, el artículo 22 del Decreto Supremo 009-98-DE-CCFA, reglamento del referido decreto ley, prevé el cumplimiento de una serie de exigencias que, al ser verificadas, concluyen con la expedición de la resolución administrativa que declara la causal de invalidez o incapacidad y dispone el pase al retiro. En cuanto a la comprobación de que la condición que invalida al servidor se produjo en acto o como consecuencia de servicio, el mismo texto legal ha establecido en el artículo 25 que el dictamen de asesoría legal tiene por objeto, luego de evaluar la documentación respectiva, emitir una opinión sobre la naturaleza de la invalidez del servidor en relación a las labores prestadas”.
6. Que asimismo en la sentencia precitada (fundamento 6) se ha dejado sentado cuál es la actividad ordinaria que recae en el servidor militar o policial, señalando que es aquél “quien debe someterse a las exigencias previstas en el ordenamiento legal para que, en mérito al parte o informe del hecho, el informe médico de la Junta de la Sanidad de la Fuerzas Armadas o Policiales; y por último, el dictamen de la asesoría legal, pueda establecerse la relación de causalidad que necesariamente debe existir entre los servicios prestados por el servidor y la inaptitud psicofísica generada. Solo de este modo se podrá determinar si la afección que padece el personal militar o policial se ha generado en un acto de servicio o como consecuencia del mismo. Tal circunstancia, como se ha indicado, debería ocurrir en virtud del procedimiento previsto legalmente, sin embargo, en el caso de autos, lo pretendido es que el Tribunal Constitucional –de manera extraordinaria– verifique las dos situaciones anotadas en el fundamento 5 supra, vale decir, la condición de inválido por inaptitud o incapacidad para permanecer en actividad, y que dicho estado se haya producido en acto de servicio o como consecuencia del mismo, y luego de ello determine si corresponde que el pase a retiro se efectúe por incapacidad psicofísica en acto de servicio” (énfasis agregado).
7. Que a partir de las premisas mencionadas, utilizadas también en la STC 00757-2008-PA/TC, es factible concluir que en el caso de autos el actor no ha cumplido con el procedimiento administrativo que lo habilitaría para acceder a una pensión de invalidez y por ello carece del dictamen de la Junta de la Sanidad de las Fuerzas Armadas o Policiales.
8. Que sobre el particular el actor ha manifestado que la “Directiva para la atención médica a los sobrevivientes del B.A.P. “Pacocha” y al personal naval que participó en su reflotamiento” - DISAMAR N.º 005-2001 ha dispuesto, de modo arbitrario, que solo se conformará la Junta de Sanidad para el personal en actividad, lo cual no fluye con claridad en tanto la mencionada directiva también crea una Junta Médica Permanente que tiene competencia para desarrollar actividades de control y tratamiento del personal naval en retiro.
9. Que de lo indicado se concluye que el actor no ha cumplido con acompañar documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos para el acceso a una pensión de invalidez, principalmente en lo relativo a la acreditación de la enfermedad y consecuente incapacidad, lo que distingue su caso del pronunciamiento emitido por este Tribunal en la STC 05372-2005-PA/TC.
10. Que la situación descrita, a juicio de este Colegiado, no permite establecer la incapacidad del demandante, más aún si el documento aportado por el actor ha sido elaborado por una entidad privada lo que, de acuerdo a los precedentes sobre riegos profesionales no constituye prueba idónea. Por tal motivo teniendo en consideración que el proceso de amparo carece de estación probatoria, según lo prevé el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, se desestima la demanda, quedando a salvo el derecho del actor.
11. Que sin perjuicio de lo indicado se advierte que hasta la fecha la codemandada, Comandancia General de la Marina no ha dado respuesta a la comunicación remitida por el actor, con fecha 14 de julio de 2009, obrante a fojas 30, lo que constituye, desde la perspectiva de este Colegiado, una condición para que el demandante pueda, cuando menos, contar con un dictamen médico expedido por entidad competente y a partir de ello que la Administración verifique si reúne los requisitos para acceder a la pensión de invalidez.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI