EXP. N.° 03453-2011-PA/TC

LA LIBERTAD

SEGUNDO QUISPE

HUAYLA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 22 de setiembre de 2011

VISTO

            El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Quispe Huayla contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 79, su fecha 9 de junio de 2011, que declara infundada la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto Ley 19990, con el abono de devengados, intereses y costos.

2. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, así como en su resolución aclaratoria, este Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin.

3. Que a efectos de acreditar las aportaciones no reconocidas por la demandada, el recurrente ha adjuntado un certificado de trabajo emitido por Ramón R. Moreno S.A. que afirma que el actor trabajó del 19 de abril de 1965 al 14 de agosto de 1976, el cual, al no estar sustentados en documentación adicional, no genera convicción en la vía del amparo, para el reconocimiento de aportes.

4. Que, si bien en la sentencia invocada se señala que en el caso de que el documento presentado en original, copia legalizada o fedateada sea el único medio probatorio adjuntado para acreditar periodos de aportaciones, el juez deberá requerir al demandante para que presente documentación adicional que corrobore lo que se pretende acreditar, es necesario precisar que dicha regla es aplicable sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando la mencionada sentencia fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el presente caso, debido a que la demanda se interpuso el 22 de diciembre de 2010.

5. Que en consecuencia, se concluye que se trata de una controversia que debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9º del Código Procesal Constitucional; por lo que queda expedita la vía para que el demandante acuda al proceso que corresponda.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ETO CRUZ

VERGARA GOTELLI

URVIOLA HANI