EXP. N.° 03562-2011-PA/TC

LIMA

ROSA AMPELIA

GÓMEZ PÉREZ

DE ACUÑA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de octubre de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Ampelia Gómez Pérez contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 30, su fecha 9 de junio de 2011, que declara improcedente la demanda de autos; y,

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de agosto de 2010, la recurrente interpone demanda de amparo contra el HSBC Bank Perú, solicitando el cese de las amenazas contra sus derechos a la propiedad e inviolabilidad de domicilio, por cuanto se vienen realizando en su domicilio actos de requerimiento de una deuda que jamás contrajo con dicha entidad, perturbando su normal desenvolvimiento, menoscabando su integridad personal y libertad individual. 

Señala que los avisos de cobranza se encuentran dirigidos a don Carlos Alberto Campos Carhuachinchay, pariente político de la recurrente, que no domicilia más en dicho predio, precisando que nunca se constituyó como garante del deudor, ni le otorgó permiso para el uso de la dirección domiciliaria de su predio, en ese sentido se encuentra ante un peligro inminente del despojo de sus bienes, motivo por el cual solicita el cese de los referidos requerimientos.

El Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, con resolución de fecha 12 de octubre del 2010, declara improcedente la demanda por considerar que el mencionado requerimiento no es la persona de la recurrente sino a un tercero por lo que existen otras vía procedimentales igualmente satisfactorias para la protección del derecho invocado.

La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada considerando que la amenaza descrita no es tal, en la medida que el requerimiento no está dirigido a la recurrente.

FUNDAMENTOS

1. La presente demanda está referida a que los supuestos actos lesivos estarían constituidos, principalmente, por los actos de requerimiento a su domicilio de una deuda que jamás contrajo con la entidad bancaria HSBC Bank Perú, perturbando su normal desenvolvimiento, por lo que solicita el cese de las amenazas contra sus derechos a la propiedad e inviolabilidad de domicilio.

2. Si bien el proceso constitucional de amparo procede para el caso de amenazas de vulneración de derechos constitucionales, tal como lo menciona expresamente el artículo 200º, inciso 2, de la Constitución, es importante resaltar que la amenaza debe poseer dos rasgos esenciales: certeza e inminencia, de modo que dicho riesgo pueda ser atendible a través del proceso constitucional de amparo.

3. Cabe recordar que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado indicando que la procedencia del amparo para casos de amenaza de vulneración de derechos constitucionales está supeditada a que tal amenaza sea cierta e inminente. Así, en la STC N.º 0091-2004-PA/TC, específicamente en el fundamento 8, se afirmó que para ser objeto de protección frente a una amenaza a través de los procesos constitucionales, esta “debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva. En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada en hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente realización, esto es, que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. A su vez el perjuicio que se ocasione en el futuro debe ser real, pues tiene que estar basado en hechos verdaderos, efectivo, lo cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de los derechos tutelados; tangible, esto es, que debe percibirse de manera precisa; e ineludible, entendiendo que implicará irremediablemente una vulneración concreta” (subrayado agregado).

4. En ese sentido, del análisis del caso de autos, se desprende que la “amenaza” que sustentaría la pretensión de la recurrente no cumple con tales requisitos en la medida que no puede ser calificada como cierta e inminente, pues la recurrente refiere que los requerimientos realizados a su domicilio afectarían su derecho de propiedad, apreciándose de autos a fojas 15, que efectivamente el aviso de cobranza está dirigido a don Carlos Alberto Campos Carhuachinchay, tercero que mantiene una obligación de pago con la demandada, por lo que la amenaza invocada se sustenta en una suposición respecto de los posibles actos a realizar por la entidad bancaria, observándose que no se encuentran indicios que la demandada pretenda el cobro específicamente a la recurrente mediante la afectación de sus bienes, por lo que los requerimientos realizados no implican que se vaya a producir indefectiblemente una conducta que atente contra los derechos constitucionales invocados, ni que sucederían en el futuro.

5. Por consiguiente y en la medida que en el presente caso no se ha acreditado que la amenaza invocada por la recurrente resulte cierta ni inminente, la demanda debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo, por no haberse acreditado la vulneración de los derechos invocados.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN