EXP. N.° 03628-2010-PA/TC

HUAURA

VÍCTOR HERNÁN

ROQUE DE LOS SANTOS

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

En Lima, a los 31 días del mes de enero de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Hernán Roque de los Santos contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 105, su fecha 25 de junio de 2010, que declara improcedente la demanda de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 4197-2007-ONP/DP/DL 19990, y que en consecuencia, se restituya el pago de la pensión que se le otorgó mediante Resolución 80803-2004-ONP/DC/DL 19990, más devengados, intereses y costos.

 

La emplazada contesta la demanda alegando que se la declare improcedente ya que el actor solicita que se le restituya al pago de su pensión de invalidez y no el reconocimiento de un derecho fundamental vulnerado; o infundada por cuanto en el ejercicio de su labor de fiscalización se detectó suficientes indicios razonables de irregularidad en la documentación presentada por el actor para el otorgamiento de su pensión.

 

El Primer Juzgado Civil de Huaura, con fecha 26 de octubre de 2009, declara fundada en parte la demanda considerando que la emplazada no ha observado el procedimiento legal para declarar la suspensión del acto administrativo firme ni ha notificado al actor del inicio de dicho procedimiento.

 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la demanda en aplicación del artículo 9 del Código Procesal Constitucional y estimando que en autos existen informes médicos contradictorios.

 

 

FUNDAMENTOS

 

1.        De acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-PA/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión  constituye un elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de conformidad con los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 01417-2005-PA/TC.

 

2.        Teniendo en cuenta que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones necesarias para su goce, debe concluirse que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio ha de estar debidamente sustentadas a efectos de evitar  arbitrariedades en la intervención de este derecho.

 

Delimitación del petitorio

 

3.        La pretensión del demandante tiene por objeto la reactivación de su pensión de invalidez a cuyo efecto cuestiona la resolución que declara la suspensión del pago, por lo que corresponde efectuar su evaluación en atención a lo antes citado, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento.

 

Análisis de la controversia

 

4.        El artículo 32.3 de la Ley 27444 expresa que: “En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos [...]” debiendo iniciarse el trámite correspondiente para la declaración de su nulidad y la determinación de las responsabilidades correspondientes.

 

5.        Obviamente la consecuencia inmediata y lógica, previa a la declaración de nulidad del acto administrativo, es la suspensión de sus efectos, dado que lo contrario sería aceptar que pese a comprobar la existencia de ilícito o fraude en la obtención de un derecho, la Administración se encuentra obligada a mantenerlo hasta que se declare la nulidad.

 

6.        Así, en materia previsional se deberá proceder a suspender el pago de las pensiones obtenidas fraudulentamente, pues su continuación supondría poner en riesgo el equilibrio económico del Sistema Nacional de Pensiones y el incumplimiento de la obligación de velar por la intangibilidad de los fondos de la seguridad social. Ello sin dejar de recordar que, conforme a las normas que regulan el Procedimiento Administrativo General a que se ha hecho referencia, procederá a condición de que la ONP compruebe la ilegalidad de la documentación presentada por el pensionista, luego de lo cual asume la carga de realizar las acciones correspondientes a fin de declarar la nulidad de la resolución administrativa que reconoció un derecho fundado en documentos fraudulentos.

 

Análisis del caso

 

7.        El inciso a) del artículo 24 del Decreto Ley 19990 establece que se considera inválido: “Al asegurado que se encuentra en incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región”.

 

8.        De la Resolución 80803-2004-ONP/DC/DL 19990 del 2 de noviembre de 2004 (f. 3), se evidencia que al demandante se otorgó la pensión de invalidez porque, según el Dictamen de Discapacidad de fecha 20 de noviembre de 2003 emitido por el Ministerio de Salud – Hospital de Chancay, se encuentra incapacitado para el trabajo.

 

9.        Consta de la Resolución 4197-2007-ONP/DP/DL 19990, del 29 de noviembre de 2007 (f. 5), que se suspendió la pensión de invalidez en cumplimiento de la obligación de fiscalización posterior contemplada en el artículo 32.1 de la Ley 27444, artículo 3, numeral 14 de la Ley 28532, y lo dispuesto en el Decreto Supremo 063-2007-EF, modificatorio del artículo 54 del reglamento del Decreto Ley 19990, por cuanto: “existen suficientes indicios razonables de irregularidad en la información y/o documentación presentada con el fin de obtener la pensión de invalidez.”; y dado que en concordancia con lo establecido en el artículo 35 del Decreto Ley 19990 “se ha determinado que a la fecha no tienen enfermedad alguna o que tienen una enfermedad diferente a la que motivó el otorgamiento de la pensión de invalidez, conforme queda acreditado con los certificados médicos que obran en cada expediente administrativo (…)”.

 

10.    Que a fojas 101 obra el Certificado de la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades de EsSalud, de fecha 30 de julio de 2007, mediante el cual se sustenta la resolución que declara la suspensión de la pensión de invalidez, que deja constancia de que el actor presenta Dorsalgia y cervicalgia, con 17% de menoscabo global.

 

11.    Importa recordar que el segundo párrafo del artículo 26 del Decreto Ley 19990 establece que, en caso de enfermedad terminal o irreversible, no se exigirá la comprobación periódica del estado de invalidez. Así, sólo está excluida la comprobación periódica –que en esencia está regulada para la incapacidad de carácter temporal- mas no la comprobación o fiscalización posterior que la ONP realice en cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en el artículo 3.14 de la Ley 28532, y en mérito a la facultad de fiscalización posterior otorgada por el artículo 32.1 de la Ley 27444.

 

A este respecto, el tercer párrafo del artículo 26 del Decreto Ley 19999 establece que si, efectuada la verificación posterior, se comprobara que el Certificado Médico de invalidez es falso o contiene datos inexactos, serán responsables de ello, penal y administrativamente, los médicos e incluso el propio solicitante.

 

12.    Resulta pertinente recordar que la facultad de revisión y supervisión posterior de  las pensiones de invalidez definitivas ejercida por la ONP es legítima; consecuentemente, debe rechazarse la pretensión del demandante.

 

13.    Finalmente conviene precisar que el recurrente no ha presentado documentación alguna que sustente su pretensión, motivo por el cual no se ha acreditado la vulneración de derecho constitucional alguno.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental a la pensión

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN

URVIOLA HANI