EXP. N.° 03930-2010-PA/TC

ANCASH

FLORENCIO JESÚS

NAVARRO SÁNCHEZ

 

           

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 26 de enero de 2011

 

VISTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florencio Jesús Navarro Sánchez contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, de fojas 26, su fecha 21 de julio de 2010, que confirmando la apelada rechazó in límine y declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y,

 

ATENDIENDO A

 

Petitorio de la demanda

 

1.      Que con fecha 19 de abril de 2010 el recurrente interpone demanda de amparo contra el Decano del Colegio de Abogados de Ancash, y aunque no identifica cuál es el acto lesivo, de autos fluye que se encuentra constituido por la falta de respuesta de parte del referido colegio profesional a la denuncia que interpusiera el 11 de marzo de 2008. Alega que se vulneran sus derechos al debido proceso, a la igualdad entre las partes y a la respuesta escrita (sic).

 

2.      Que el actor sustenta su demanda manifestando que el 11 de marzo de 2008 presentó una denuncia por inconducta contra la letrada Amparo Mautino Camones, quien a su juicio estaría estimulando tipos de estafa, y a pesar del tiempo transcurrido no obtiene respuesta alguna.

 

Resolución de primera instancia

 

3.      Que según consta a fojas 12 y 13 de autos el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, mediante resolución del 21 de abril de 2010, declaró improcedente in limine la demanda en aplicación del artículo 5.1º del Código Procesal Constitucional.

 

Resolución de segunda instancia

 

4.      Que por su parte la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash (fojas 26 a 28) confirmó dicha decisión en aplicación del artículo 5.2º del Código Procesal Constitucional.

 

La posición del Tribunal Constitucional respecto de dichos pronunciamientos

 

5.      Que este Colegiado discrepa del razonamiento de los magistrados de las instancias precedentes toda vez que si bien los artículos 5.1º y 5.2º del Código Procesal Constitucional los habilitan para –en el legítimo e independiente ejercicio de la función jurisdiccional– desestimar liminarmente una demanda, sin embargo no se ha tenido en cuenta que lo que aquí se cuestiona guarda directa relación con el derecho de petición, que conforme a la doctrina jurisprudencial de este Tribunal (Cfr. Expedientes N.os 0941-2001-AA/TC, 0343-2004-AA/TC, 1042-2002-AA/TC, entre otros tantos), no sólo puede, sino que merece ser objeto de tutela a través de los procesos constitucionales como el amparo incoado.

 

6.      Que en efecto más allá de las cuestiones que dieron lugar a la interposición de la denuncia por parte del actor, y que no corresponde dilucidar en sede constitucional, debe tenerse presente que de autos fluye que el acto lesivo lo constituiría la falta de respuesta a una denuncia interpuesta hace más de dos años, lo que acredita, o por lo menos justifica, la admisión a trámite de la demanda para dilucidar la cuestión controvertida.

 

7.      Que por último el Tribunal Constitucional estima pertinente recordar que el rechazo liminar únicamente será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre la improcedencia de la demanda, lo que como ha quedado explicado supra no ocurre en el caso de autos, debiendo tenerse presente, además, los fines y principios procesales que orientan los procesos constitucionales, entre ellos, y para lo que al caso concreto se refiere, aquel que dispone que si en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación.

 

Quebrantamiento de forma

 

8.      Que en consecuencia este Tribunal considera que se ha producido un indebido rechazo liminar de la demanda por parte de los jueces de las instancias precedentes, toda vez que no se presentan los supuestos habilitantes para ello previstos en el artículo 5º del Código Procesal Constitucional, conforme lo establece, además, el numeral 47º del adjetivo acotado, y que conllevan al quebrantamiento de forma en la tramitación del proceso de amparo en los términos establecidos en el artículo 20° del mismo cuerpo legal.

 

9.      Que por ello, debe procederse con arreglo a dicho dispositivo, debiendo reponerse la causa al estado en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de amparo de autos y corra traslado de ella al emplazado.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega

 

REVOCAR la resolución de grado corriente a fojas 26 a 28, así como la resolución de primera instancia que corre a fojas 12 y 13 y, MODIFICÁNDOLAS, ordena se remitan los autos al Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, de la Corte Superior de Justicia de Ancash, a fin de que admita la demanda de amparo de autos y la tramite con arreglo a ley corriendo traslado de ella al emplazado.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

ÁLVAREZ MIRANDA

VERGARA GOTELLI

URVIOLA HANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 03930-2010-PA/TC

ANCASH

FLORENCIO JESÚS

NAVARRO SÁNCHEZ

  

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

 

     Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones:

 

1.      En el presente caso la resolución traída a mi Despacho decide declarar la revocatoria del auto de rechazo liminar disponiendo la admisión a trámite de la demanda, en atención a que consideran los jueces de las instancias precedentes han rechazado liminarmente la demanda indebidamente, puesto que del análisis realizado de la demanda la pretensión de la recurrente tiene contenido constitucional que debe ser revisado a través del presente proceso constitucional de amparo. No obstante ello advierto que en el fundamento 8 de la resolución en mayoría que si bien declara la revocatoria del auto de rechazo liminar, utiliza para ello argumentos que sustentan la nulidad a la que se refiere el artículo 20º del Código Procesal Constitucional, lo que expresa una confusión respecto a estas figuras. 

 

1.      Es así que en el proyecto puesto a mi vista se observa que se declara la revocatoria  con argumentos referidos a la nulidad, razón por lo que quiero precisar las diferencias entre una y otro instituto procesal. La revocatoria está referida a un error en el razonamiento lógico jurídico -error in iudicando o error en el juzgar-, correspondiéndole al superior la corrección de dicho razonamiento que se reputa como errado.

 

2.      El instituto de la nulidad en cambio suele definirse como la sanción de invalidación que la ley impone a determinado acto procesal viciado, privándolo de sus efectos jurídicos por haberse apartado de los requisitos o formas que la ley señala para la eficacia del acto. Es importante dejar establecido que la función de la nulidad en cuanto sanción procesal no es la de afianzar el cumplimiento de las formas por la forma misma sino el de consolidar la formalidad necesaria como garantía de cumplimiento de requisitos mínimos exigidos por la ley. Por tanto es exigible la formalidad impuesta por la ley y detestable el simple formalismo por estéril e ineficaz. Cabe expresar que precisamente el artículo 20º del Código Procesal Constitucional regula la figura de la nulidad ante un vicio dentro del proceso constitucional, no pudiéndose aplicar cuando nos referimos a la revocatoria.

 

3.      Por ello advirtiéndose en el proyecto un error al juzgar y no un vicio, corresponde entonces es la figura de la revocatoria y no de la nulidad, por lo que los fundamentos utilizados son incompatibles, razón por la que rechazo dichos fundamentos.

 

 

4.      Asimismo quiero expresar que la resolución en mayoría revoca tanto la resolución de primera como de segunda instancia, lo que es incorrecto, puesto que solo es materia del recurso de agravio constitucional la resolución que confirmó el auto de rechazo liminar, correspondiendo el pronunciamiento de este Colegiado solo respecto de dicha resolución.

 

Es por lo expuesto considero que en el presente caso resulta aplicable la figura de la REVOCATORIA del auto de rechazo liminar venido en grado, debiéndose en consecuencia admitirse a trámite la demanda. 

 

 

Sr.

 

 

VERGARA GOTELLI