EXP. N.° 03930-2011-PA/TC
LIMA
RICARDO SEMINARIO
EGO AGUIRRE
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 13 de octubre de 2011
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Seminario Ego Aguirre contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 109, su fecha 3 de mayo de 2011, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y
ATENDIENDO A
1. Que el demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 91290-2007-ONP/DC/DL 19990, de fecha 16 de noviembre de 2007, y que en consecuencia se le otorgue pensión de jubilación de conformidad con el Decreto Ley 19990, en virtud a la totalidad de sus aportaciones, con el abono de los devengados, los intereses legales y los costos procesales.
2. Que asimismo en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como en la RTC 04762-2007-PA/TC, este Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin.
3. Que a efectos de acreditar sus aportaciones, a fojas 7, el actor ha presentado el certificado de trabajo expedido por la empresa Servicios Generales Carranza E.I.R.L., en el que se indica que laboró desde el 19 de setiembre de 1975 hasta el 28 de octubre de 1988. Sobre el particular, debe precisarse que dicho documento, por sí solo, no genera convicción en este Colegiado, pues en la sentencia y en la resolución de aclaración mencionadas en el considerando precedente se ha establecido que dado que el proceso de amparo carece de etapa probatoria conforme al artículo 9 del Código Procesal Constitucional, únicamente se podrán acreditar aportaciones cuando el recurrente adjunte a su demanda documentación idónea (certificado de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, etc.) para que, valorando en conjunto dicha documentación, sea posible crear certeza en el juez acerca de los periodos laborados.
4. Que asimismo cabe mencionar que este Colegiado considera que la declaración jurada del empleador (f. 8), en esencia, no constituye documentación adicional idónea capaz de sustentar el periodo de aportaciones alegados, puesto que conforme al artículo 54 del Reglamento del Decreto Ley 19990, la declaración jurada del empleador solo podrá ser tomada en cuenta cuando esté suscrita por el representante legal, debiéndose acreditar tal condición con la copia literal de la ficha emitida por Registros Públicos en la que se señale que existió la correspondiente retención al Sistema Nacional de Pensiones a favor del asegurado, lo cual no ocurre en el presente caso. Cabe precisar que en el expediente administrativo tampoco obra documentación adicional que sirva para acreditar los aportes no reconocidos por la emplazada.
5. Que en consecuencia se trata de una controversia que debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, por lo que queda expedita la vía para que el demandante acuda al proceso que corresponda.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN