EXP. N.° 00028-2012-PA/TC
LAMBAYEQUE
ANTENOR GUZMÁN
EFFIO
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 17 de mayo de 2012
VISTO
El recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de sentencias constitucionales interpuesto por don Antenor Guzmán Effio contra la resolución expedida por la Sala Especializada de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 171, su fecha 7 de abril de 2011, que declaró improcedente la observación interpuesta por el actor de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que con fecha 30 de junio de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra la ONP solicitando la aplicación de la Ley 23908 a su pensión de jubilación. A fojas 97 la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con fecha 31 de mayo de 2004, declara fundada la demanda y ordena a la emplazada que reajuste su pensión de jubilación de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 23908.
2. Que la ONP, en cumplimiento de ello emitió la Resolución N.° 0000061962-2004-ONP/DC/DL 19990 (f. 112) por la cual otorgó al actor pensión de jubilación dentro de los alcances de la Ley 23908 por la suma actualizada de S/. 48.00, a partir del 1 de agosto de 1990, la misma que incluyendo los incrementos de ley se encuentra actualizada a la fecha en la suma de S/. 586.91.
3. Que al respecto debe indicarse que el recurrente mediante escrito de fecha 13 de julio de 2010 (f.138), observó la resolución antes mencionada solicitando que se dejen sin efecto los descuentos indebidos y se le restituya el aumento de febrero de 1992 y el aumento por costo de vida en forma mensual y permanente, con los respectivos intereses legales. En este contexto, el a quo declaró improcedente la observación (f. 145) por considerar que el demandante no observó el informe puesto a su conocimiento entendiéndose que estaba conforme con la liquidación practicada por la ONP, no siendo por ello apropiado que las partes, cada vez que se les ocurra un nuevo argumento, pretendan revivir el trámite de procesos con resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada. Por su parte, la Sala Superior revisora con fecha 7 de abril de 2011 (f. 171) confirmó la apelada, declarando improcedente la observación formulada por el demandante por considerar que si bien es cierto que los descuentos a que hace referencia el demandante los venía percibiendo antes del proceso, también lo es que de la nueva liquidación practicada por la demandada en ejecución de sentencia se evidencia que estos contienen nuevos conceptos liquidados en aplicación de la Ley 23908, montos que deberían haberse percibido y otros que se percibieron erróneamente, por lo que dicha controversia no corresponde ventilarse en esta vía.
4. Que a fojas 186 de autos obra el recurso de agravio constitucional (RAC) presentado por el demandante contra la resolución antes citada, manifestando que el descuento realizado a su persona resulta ilegal y abusivo conforme con la Ley 28110.
5. Que el Tribunal Constitucional ha comprendido que el derecho a la ejecución de resoluciones constituye parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela judicial. En efecto, en las sentencias 0015-2001-AI/TC, 0016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, este Colegiado ha dejado establecido que “[e]l derecho a la ejecución de resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (...). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido” [fundamento 11]. En esta misma línea de razonamiento, se ha precisado en otra sentencia que “la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”, reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido decidido en el proceso, forma parte imprescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC 4119-2005-AA/TC, fundamento 64).
6. Que en efecto “la actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución de sentencias constituye un elemento fundamental e imprescindible en el logro de una efectiva tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el interés público, dado que el Estado de derecho no puede existir cuando no es posible alcanzar la justicia a través de los órganos establecidos para tal efecto. Para ello, la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas acciones que tiendan a que los justiciables sean repuestos en sus derechos reaccionando frente a posteriores actuaciones o comportamientos que debiliten el contenido material de sus decisiones, pues sólo así se podrán satisfacer los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos” (STC 1042-2002-AA/TC).
7. Que en la RTC 0201-2007-Q/TC, este Colegiado estableció que de manera excepcional puede aceptarse la procedencia del RAC cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias estimatorias emitidas en procesos constitucionales, por parte del Poder Judicial.
8. Que la procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad restablecer el orden jurídico constitucional, correspondiendo al Tribunal valorar el grado de incumplimiento de sus sentencias estimatorias cuando en fase de ejecución el Poder Judicial no cumple dicha función. Asimismo, los órganos jurisdiccionales correspondientes se limitarán a admitir el recurso de agravio constitucional, teniendo habilitada su competencia este Colegiado, ante la negativa del órgano judicial a través del recurso de queja a que se refiere el artículo 19º del Código Procesal Constitucional.
9. Que cabe indicar que la pretensión contenida en el RAC, se encuentra dirigida a que se determine que al amparo de la Ley 28110, no proceden los descuentos realizados a la pensión de jubilación de los conceptos de aumento por costo de vida y aumento de febrero de 1992. Al respecto, este Colegiado debe indicar que el cuestionamiento planteado no guarda relación con lo resuelto en la sentencia de vista de fecha 31 de mayo de 2004.
10. Que este Colegiado concluye que habiéndose ejecutado la Resolución N.° 11, de fecha 31 de mayo de 2004, en sus propios términos, se aprecia que la actuación de las instancias judiciales en ejecución, resultan acordes con lo decidido en la mencionada resolución.
11. Que, en consecuencia, estando ejecutándose la sentencia en sus propios términos, el presente recurso de agravio constitucional debe ser desestimado.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional presentado por el recurrente.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
ETO CRUZ