EXP. N.° 00923-2012-PA/TC
LIMA
LUZ MARINA
SITO JUSTINIANO
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 29 de mayo de 2012
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Marina Sito Justiniano contra la resolución expedida por la Sala Mixta Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 128, su fecha 23 de marzo de 2011, que confirmando la apelada rechazó in límine la demanda y la declaró improcedente; y,
ATENDIENDO A
1. Que con fecha 2 de marzo de 2010, la recurrente interpone demanda de amparo contra el Rector y el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución de Rectorado N.º 0010-2010-R-UNE, del 8 de enero de 2010, que desconociendo su designación en el cargo de Decana de la Facultad de Educación Inicial, designa a doña Donatila Tobalino López en el referido cargo pese a que, según manifiesta, cuenta con una resolución administrativa que la designó para tal cargo emitida por el Decano con acuerdo del Consejo de la Facultad. En consecuencia, persigue que los emplazados emitan la resolución de rectorado, con el acuerdo previo del Consejo Universitario, que la ratifique como decana. Invoca la violación de sus derechos al debido proceso, a la dignidad y al trabajo.
2. Que el Juzgado especializado en lo Civil del Cono Este, con fecha 9 de marzo de 2010, declaró improcedente, in límine, la demanda por estimar que la controversia debe ser dilucidada en sede ordinaria, siendo de aplicación el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional.
3. Que la Sala Mixta Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó dicha decisión por el mismo fundamento.
4. Que tal como ya ha sido establecido por este Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente N.º 0206-2005-PA/TC, la vigencia del Código Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen legal del proceso de amparo ya que establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la procedencia de las demandas de amparo. Con ello se cambia el anterior régimen procesal del amparo que establecía un sistema alternativo. En efecto, conforme al artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, no proceden las demandas constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado.
5. Que sobre el particular, este Colegiado ha precisado que “(...) tanto lo que estableció en su momento la Ley N.° 23506 y lo que prescribe hoy el Código Procesal Constitucional, respecto al amparo alternativo y al amparo residual, ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario” [Exp. N.° 4196-2004-AA/TC, F. 6].
6. Que en efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138º de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a efectuar el control difuso conforme a su artículo 138º.
7. Que consecuentemente, solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad de proteger el derecho constitucional presuntamente lesionado y es igualmente idóneo para tal fin, el demandante debe acudir a dicho proceso.
8. Que en el presente caso, el acto presuntamente lesivo se encuentra constituido por la Resolución de Rectorado N.º 0010-2010-R-UNE, del 8 de enero de 2010, el cual puede ser cuestionado a través del proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N.º 27584. Dicho procedimiento constituye una “vía procedimental específica” para la remoción del presunto acto lesivo de los derechos constitucionales invocados en la demanda y, a la vez, resulta también una vía “igualmente satisfactoria” respecto al “mecanismo extraordinario” del amparo, razón por la que la controversia planteada debió ser dilucidada en el referido proceso.
9. Que en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN