EXP. N.° 01245-2012-PA/TC
ICA
LUIS JOTARDO
LOYOLA MENDOZA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 5 días del mes de junio de 2012, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Jotardo Loyola Mendoza contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 148, su fecha 31 de enero de 2012, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 1738-2010-ONP/DSO.SI/DL 19990, que le suspende la pensión de jubilación, y que en consecuencia se le restituya la pensión otorgada por Resolución 71317-2005-ONP/DC/DL 19990 dentro de los alcances del Decreto Ley 19990.
La emplazada contesta la demanda alegando que se suspendió la pensión del actor porque en ejercicio del control posterior y teniendo en cuenta el informe grafotécnico se determinó que la documentación que presentó para obtener su pensión fue irregular.
El Quinto Juzgado Civil Transitorio de Ica con fecha 22 de setiembre de 2011 declara fundada la demanda, por estimar que la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año contado a partir de la fecha en que ha quedado consentido y que en el presente caso dicha facultad ha prescrito.
La Sala Superior declara infundada la demanda puesto que al actor se le suspendió la pensión por existir indicios razonables de irregularidad en la información y/o documentación presentada para el otorgamiento del derecho pensionario.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1. De acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-AI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión constituye un elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, el cual encuentra protección en el amparo de conformidad con los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 01417-2005-PA/TC.
2. Teniendo en cuenta que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones necesarias para su goce; debe concluirse que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio han de estar debidamente sustentadas a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención de este derecho.
Delimitación del petitorio
3. El demandante solicita que se restituya el pago de su pensión de jubilación otorgada según el Decreto Ley 19990.
Análisis de la controversia
4. En las SSTC 03429-2009-PA/TC y 05903-2009-PA/TC se ha ratificado el criterio uniforme de este Tribunal respecto a la motivación de los actos administrativos señalándose que “[…] la motivación de actos administrativos constituye una garantía constitucional del administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos. En ese sentido, la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el artículo IV del Título preliminar establece que el debido procedimiento es uno de los principios del procedimiento administrativo. En atención a este, se reconoce que “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho […]” (fundamento 6).
5. En la misma línea las sentencias precitadas han establecido que “[…] en materia previsional, se deberá proceder a suspender el pago de las pensiones obtenidas fraudulentamente, pues su continuación supondría poner en riesgo el equilibrio económico del Sistema Nacional de Pensiones y el incumplimiento de la obligación de velar por la intangibilidad de los fondos de la seguridad social. Ello sin dejar de recordar que, conforme a las normas que regulan el procedimiento administrativo general [….], procederá a condición de que la ONP compruebe la ilegalidad de la documentación presentada por el pensionista, luego de lo cual asume la carga de ejecutar las acciones correspondientes a fin de declarar la nulidad de la resolución administrativa que reconoció un derecho fundado en documentos fraudulentos” (fundamento 15).
6. La conclusión a la que se llega en los pronunciamientos mencionados supra, luego de evaluar la obligaciones de control ex ante y ex post de los derechos pensionarios, originadas en el artículo 3.14 de la Ley 28532 y en el artículo 32.1 de la Ley 27444, respectivamente, es que “Siendo así, si la ONP decide suspender el pago de la pensión, la resolución administrativa que al efecto se expida debe establecer con certeza que uno o más documentos que sustentan el derecho a la pensión son fraudulentos o contienen datos inexactos; además, y en vista de la gravedad de la medida, toda vez que deja sin sustento económico al pensionista, debe cumplirse la obligación de fundamentar debida y suficientemente la decisión, dado que carecerá de validez en caso de que la motivación sea insuficiente o esté sustentada en términos genéricos o vagos. Y ello es así porque la motivación de los actos administrativos, más aún de aquellos que extinguen o modifican una relación jurídica (caducidad y suspensión) es una obligación de la Administración y un derecho del administrado, incluso considerando la motivación por remisión a informes u otros, caso en el cual la ONP está en la obligación de presentarlos para sustentar su actuación y poder ejercer el control constitucional de su actuación” (fundamento 18).
7. Teniendo en cuenta la línea de razonamiento expuesta, principalmente en lo concerniente a la obligación de la entidad previsional de presentar los informes u otra documentación que sustente la resolución administrativa que declara la extinción de un derecho, en las SSTC 03540-2010-PA/TC y 03545-2010-PA/TC se ha señalado que “la suspensión de la pensión de jubilación del demandante obedece a la existencia de irregularidades en la documentación que sustenta su derecho. Ello configura una medida razonable mediante la cual la Administración garantiza que el otorgamiento de dichas prestaciones se encuentre de acuerdo a ley. Por lo tanto, en el presente caso, la Administración no ha cometido un acto arbitrario mediante el cual vulnere el derecho a la seguridad social del demandante; por el contrario, ha ejercido de manera legítima su facultad de fiscalización” (fundamento 14).
8. En los pronunciamientos indicados, la entidad previsional presentó como medios de prueba los expedientes administrativos, precisando que el Informe 003-2008-DSO.SI/ONP, expedido por la Subdirección de Inspección y Control de la ONP el 2 de junio de 2008, consignaba la existencia de indicios razonables de irregularidad (uniprocedencia mecanográfica, diferencias gráficas, temporalidad impropia, temporalidad de firma y uniprocedencia, falsificación de sello notarial, fotocomposición, inconsistencia en la secuencia lógica numérica, inconsistencia de contenido de la información, inconsistencia por incapacidad legal e inconsistencia por temporalidad impropia) en la información y/o documentación presentada por las personas mencionadas en el Anexo 1, entre las que se encontraba el demandante, y que los informes grafotécnicos señalaban: “las firmas contenidas en las liquidaciones de beneficios sociales atribuidas a José Almenara Rodríguez (Gerente de la Negociación Agrícola Cascajal) son diametralmente opuestas a la muestra auténtica de comparación, por lo que no corresponde a la firma que el titular tiene registrada en RENIEC” (fundamento 13).
9. En el caso de autos se ha presentado una situación similar a la evaluada en las SSTC 03540-2010-PA/TC y 03545-2010-PA/TC, que resuelven pretensiones sobre restitución de pensiones de jubilación, puesto que en el expediente administrativo 1800148604, perteneciente al actor, obran:
a. La liquidación de beneficios sociales del Fundo Mercedes Bajo, suscrita por don Adolfo Draxl Elias (f. 53).
b. El informe grafotécnico 497-2008-SAACI/ONP (f. 73 y 74) que concluye que en la liquidación antes citada existe uniprocedencia mecanográfica señalando que “se advierte coincidencias tipográficas en cuanto a su diseño, calibre, interlineado y defectos de impresión” de dicho documento con otros de diferente empleadores.
c. El Informe 619-2010-DSO.SI.D/ONP (f. 96 a 94) que concluye que “[…]advirtiéndose coincidencias tipográficas en cuanto a su diseño, calibre, interlineado y defectos de impresión, permitiendo establecer que dichos documentos atribuidos a diferentes empleadores, han sido dactilografiados por una misma máquina de escribir mecánica, es decir corresponden a un mismo origen, constituyendo uniprocedencia mecanográfica; en consecuencia dichos documentos revisten la calidad de irregulares”, de lo que se infiere “percibió indebidamente pensión de jubilación”.
10. Por consiguiente este Tribunal considera que la medida de suspensión del pago de la pensión de jubilación del actor es razonable mientras se realizan las investigaciones correspondientes, por lo que se debe desestimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión de la demandante.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ