EXP. N.° 02129-2011-PA/TC
LIMA
JOSÉ AMÉRICO
REYES MANTILLA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 8 de marzo de 2012
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Américo Reyes Mantilla contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 146 del cuaderno de apelación, su fecha 25 de enero de 2011, que confirmando la apelada declaró infundada la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que con fecha 29 de diciembre del 2006 don José Américo Reyes Mantilla interpone demanda de amparo contra los integrantes de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Andrés Carbajal Portocarrero, Ana María Aranda Rodríguez y Carlos Arias Lazarte, la Oficina de Normalización Previsional y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, solicitando que se declare inaplicable e inejecutable la Resolución N.° 4, de fecha 5 de junio de 2006, que en vía de ejecución de un anterior proceso constitucional revoca la Resolución N.° 23, de fecha 11 de enero de 2006, y reformándola declara fundada la observación formulada por la Oficina de Normalización Previsional al dictamen pericial y dispone tener por cumplido el mandato judicial de la sentencia de vista, y que reponiendo las cosas al estado anterior a la afectación constitucional, se expida nueva resolución. A su juicio, la decisión judicial cuestionada lesiona sus derechos a la pensión, a la tutela procesal efectiva y al debido proceso.
2. Que con fecha 28 de octubre de 2009 la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda por estimar que el monto pensionario asignado al demandante constituye el máximo otorgado por el Estado a las personas cuya pensión se encuentra regulada por el Decreto Ley N.° 19990; y que resulta irrelevante que al accionante se le consideren más años de aportaciones, puesto que el beneficio pensionario que percibe es el máximo, el cual no variará. En cuanto a la aplicación del Decreto Ley N.° 25967, concluye que en atención a lo expresado dicha afirmación carece de sustento. La correspondiente Sala revisora confirma la apelada por similares argumentos.
3. Que este Tribunal ha venido señalando que la procedencia del amparo contra amparo es de naturaleza sumamente excepcional y que se encuentra limitada a una serie de supuestos precisados en la STC N.º 4853-2004-AA/TC y complementados por la STC N.º 3908-2007-AA/TC, y posteriores ejecutorias aplicables al caso, de acuerdo con los mismos a) su procedencia se condiciona a los casos en que la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta; b) su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad; c) resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales estimatorias como contra las desestimatorias; d) su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales independientemente de la naturaleza de los mismos; e) procede en defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional; f) se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como en beneficio del recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder al agravio constitucional; g) procede como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional, h) no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional, i) procede, incluso, cuando el proceso se torna inconstitucional en cualquiera de sus fases o etapas, como por ejemplo la de ejecución de sentencia.
4. Que en el caso que aquí se analiza se denuncia la vulneración de los derechos constitucionales del recurrente, la que se habría producido durante la tramitación de un proceso anterior de amparo, específicamente en la fase de ejecución de sentencia. En efecto, la pretensión contenida en la demanda es la inaplicabilidad e inejecución de la Resolución N.° 4, de fecha 5 de junio de 2006, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, y que se calcule la pensión con base en 38 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones regido por el Decreto Ley N.° 19990, sin la aplicación del Decreto Ley N.° 25967, tal como lo resolvió la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante Resolución de fecha 1 de julio de 2004, en la cual en forma expresa le reconoce al actor 38 años de aportaciones.
5. Que si bien de autos se advierte que al demandante se le reconoció sólo 32 años de aportes, mediante la Resolución N.° 1816-2005-ONP/DC/DL 19990, hoja de liquidación N.° 00579751 y la boleta de pago obrantes de fojas 3, 4 y 217, incumpliéndose la Resolución de vista de fecha 1 de julio de 2004, este Colegiado debe señalar que dicha situación en nada repercute sobre los derechos del recurrente, pues la pensión otorgada se calculó tomando en consideración los artículos 10° y 78° del Decreto Ley N.° 19990 y no el Decreto Ley N.° 25967; por ende recibió la pensión de jubilación máxima, siendo incorrecta la pretensión en el sentido de que por no haberse consignado los 38 años de aportes en su liquidación, dicho monto podría elevar o alterar su ingreso prestacional, puesto como se ha mencionado en los considerandos precedentes, el demandante viene percibiendo el monto máximo del Sistema Nacional de Pensiones.
6. Que este Colegiado debe precisar que las pensiones máximas fueron previstas por el artículo 78° del Decreto Ley N.° 19990, desde la fecha de promulgación de dicha norma, y fueron posteriormente modificados por el Decreto Ley N.° 22847, que estableció una pensión máxima en base a porcentajes. Actualmente, ello está regulado por el Decreto Ley. N.° 25967, que señala que la pensión máxima se fijará mediante decreto supremo, teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias y las posibilidades de la economía nacional, de conformidad con la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución del Perú de 1993.
7. Que en tal sentido, no apreciándose vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados, resulta de aplicación al caso el artículo 5°, inciso 6) del Código Procesal Constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ