EXP. N.° 02245-2012-PA/TC

LORETO

GOBIERNO REGIONAL

DE LORETO

 

           

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 17 de julio de 2012

 

VISTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Gobierno Regional de Loreto contra la resolución expedida por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 60, su fecha 5 de marzo de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

 

ATENDIENDO A

 

1.      Que con fecha 11 de octubre de 2011, la procuradora pública adjunta del Gobierno Regional de Loreto interpone demanda de amparo contra la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto solicitando la nulidad de la Resolución N.° 33, de fecha 17 de agosto de 2011, recaída en el expediente N.° 515-2007-0-1903-JR-CI-01, seguido por don Carlos Fernando Salazar Vigo sobre acción contencioso administrativa, en el extremo que dispone la reposición del referido ciudadano como servidor público contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276, y que en consecuencia, se emita una nueva resolución disponiendo la reposición laboral bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 1057. Invoca la afectación de sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, a la defensa y el acatamiento de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional.

 

Sostiene que la resolución judicial cuestionada no se encuentra debidamente motivada debido a que se pretende reincorporar a don Carlos Fernando Salazar Vigo como servidor bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276, regimen que no corresponde aplicarse en su caso, desconociendo la constitucionalidad y vigencia del Decreto Legislativo N.° 1057, más aún cuando la sentencia de primera instancia del referido proceso contencioso administrativo no señala ni ordena que se reincorpore al referido ciudadano bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 276, y el numeral 9.1 de la Ley de Presupuesto para el año 2011 prohíbe el ingreso de personal al sector público por contratos de servicios personales o nombramiento.

 

2.      Que el Primer Juzgado Civil de Maynas, con fecha 7 de noviembre  de 2011, declaró improcedente la demanda por estimar que los hechos y el petitorio no se encuentran referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados,pues el amparo contra resoluciones judiciales requiere como presupuestos procesales indispensables la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales que comprometa seriamente su contenido constitucionalente protegido, lo que no se pretende con la demanda. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por estimar que el demandante no ha agotado los medios impugnatorios que la ley franquea al interior del proceso contencioso-administrativo que pretende cuestionar, pues la resolución cuya nulidad pretende, es de primera instancia.

 

3.      Que el Tribunal Constitucional ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales “está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales toda vez que, a juicio de este Tribunal, la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4 del C.P.Const." (Cfr. STC N.º 3179-2004-PA/TC, FJ 14).

 

4.      Que asimismo, este Colegiado ha establecido que el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria. En tal sentido, el amparo contra resoluciones judiciales requiere como presupuesto procesal indispensable la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales de las personas que comprometa seriamente su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal Constitucional) (RRTC N.os 03939-2009-PA/TC, 3730-2010-PA/TC, 03578-2011-PA/TC,  03758-2011-PA/TC, 03571-2011-PA/TC, 03469-2011-PA/TC, 01053-2011-PA/TC, entre otras).

 

5.      Que en el presente caso, se advierte de autos que lo que la procuradora recurrente pretende cuestionar son los actos de ejecución de la sentencia de fecha 13 de abril de 2009, emitida en el expediente N.º 515-2007-0-1903-JR-CI-01, por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto (f. 22) en el proceso contencioso administrativo seguido por don Carlos Fernando Salazar Vigo contra el Gobierno Regional de Loreto, pues en efecto, ello se evidencia en el hecho de plantear en su demanda de amparo una interpretación particular a la forma de ejecución de la reposición laboral que le correspondería al citado ciudadano, pues a su parecer, dicha reposición debería efectuarse bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 1057 y no bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276, alegato que no hace más que demostrar su disconformidad con lo decidido en la referida sentencia, que tiene la calidad de cosa juzgada, pero que en modo alguno acredita la afectación de los derechos invocados, más aún cuando se aprecia que a la fecha del despido del referido ciudadano –esto es al 31 de diciembre de 2006, f. 19–, no se encontraba vigente el Decreto Legislativo N.º 1057, por lo que su invocación en la fase de ejecución resulta impertinente.

 

6.      Que en consecuencia, no apreciándose que los hechos y el petitorio de la demanda incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca la procuradora recurrente, resulta aplicable lo previsto en el inciso 1 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE

 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

URVIOLA HANI

VERGARA GOTELLI

CALLE HAYEN