EXP. N.° 02492-2012-PA/TC
LIMA NORTE
SOLEDAD ETELVINA
BEGAZO MEDRANO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 17 días del mes de julio de 2012, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli y, Calle Hayen pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Soledad Etelvina Begazo Medrano contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 296, su fecha 20 de enero de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 25 de abril del 2011 la demandante interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de Comas solicitando su inmediata reposición en la plaza de obrera. Refiere que prestó servicios del 8 de enero del 2007 al 31 de marzo del 2011, fecha en que sin motivación alguna fue despedida a pesar de que venía realizando labores de naturaleza permanente y de manera ininterrumpida.
La procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad Distrital de Comas propone las excepciones de incompetencia y oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, y contesta la demanda expresando que en el presente caso el vinculo laboral fenece tras la expedición de la Resolución N.º 0709-2011-MDC, de fecha 28 de marzo de 2011, que declaró la nulidad de la Resolución Nº 1890-2010-A/MC, de fecha 30 de noviembre de 2010; y que consecuentemente, su cese es producto de un acto administrativo; asimismo alega que es irrelevante o improcedente que se pretenda dilucidar si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios la demandante prestó servicios bajo subordinación, encubiertos en contratos civiles.
El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, con fecha 25 de julio de 2011, declara infundadas las excepciones propuestas, y con fecha 27 de julio de 2011, declara improcedente la demanda por considerar que es de aplicación el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, y que corresponde ventilarse la presente controversia en una vía procedimental igualmente satisfactoria.
La Sala revisora declara improcedente la demanda por fundamentos similares.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1. De la demanda y de lo actuado se desprende que la demandante pretende que se ordene la reposición en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de despido arbitrario.
2. Considerando los argumentos expuestos por las partes y los criterios de procedencia establecidos en el precedente vinculante de la STC N.º 00206-2005-PA/TC, en el presente caso corresponde evaluar si la demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.
Análisis del caso concreto
3. Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC N.º 00002-2010-PI/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo – reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios guarda conformidad con el artículo 27º de la Constitución.
Consecuentemente en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la celebración del contrato administrativo de servicios, los contratos civiles que suscribió la demandante fueron desnaturalizados pues en el caso que ello hubiese ocurrido dicha situación de fraude constituiría un periodo independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, lo que es constitucional.
4. Hecha la precisión que antecede cabe señalar que con los contratos administrativos de servicios obrantes de fojas 160 a 171, queda demostrado que la demandante mantuvo una relación laboral a plazo determinado, que debió culminar al vencer el plazo del contrato, es decir, el 31 de diciembre de 2010.
Sin embargo de autos consta que ello no habría sucedido, por cuanto conforme al propio dicho de ambas partes, la demandante continuó laborando para la emplazada hasta el 31 de marzo de 2011, fecha en que cesó en mérito de la Resolución de Alcaldía N.º 0709-2011-MDC, de fecha 28 de marzo de 2011. Al respecto cabe reconocer que a la fecha de interposición de la demanda las consecuencias de este hecho (trabajar después de la fecha de vencimiento del plazo del contrato administrativo de servicios) no estaban previstas en el Decreto Legislativo N.º 1057 ni en el Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, es decir, que existía una laguna normativa; sin embargo a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, dicho supuesto se encuentra regulado en el artículo 5.2 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, que fue incorporado por el Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM.
5. Destacada esta precisión este Tribunal considera que el contrato administrativo de servicios se prorroga en forma automática si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato administrativo. Este hecho no genera que el contrato administrativo de servicios se convierta en un contrato de duración indeterminada, debido a que el artículo 5º del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM prescribe que la “duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación”. En la actualidad, este parecer se encuentra reconocido –como ya se ha señalado supra– en el artículo 5.2 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, que fue incorporado por el Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM.
6. De otro lado es pertinente precisar que en el supuesto de que termine la relación laboral de forma unilateral y sin que medie incumplimiento del contrato, se genera el derecho de percibir la indemnización prevista en el artículo 13.3 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por el artículo 1º del Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM.
7. Asimismo se debe anotar que si bien la Resolución de Alcaldía N.º 1890-2010-A/MC, de fecha 30 de noviembre de 2010, reconoció a la actora la condición de trabajadora con contrato a plazo indeterminado, dicha resolución fue declarada nula mediante la Resolución de Alcaldía N.º 0709-2011-MDC, por lo que carece de eficacia jurídica.
8. Finalmente este Tribunal considera pertinente destacar que el hecho de que un trabajador continúe laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en el contrato administrativo de servicios, constituye una falta administrativa que debe ser objeto de un procedimiento disciplinario, a fin de que se determine las responsabilidades previstas en el artículo 7º del Decreto Legislativo N.º 1057, pues tal hecho contraviene el procedimiento de contratación previsto en el artículo 3º del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración del derecho alegado.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN