EXP. N.° 02529-2012-PA/TC

AREQUIPA

JOSÉ ANTONIO

TUBILLAS VALENZUELA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 5 de septiembre de 2012

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Antonio Tubillas  Valenzuela contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 151, su fecha 27 de marzo de 2012, que declaró infundada la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare nula la Resolución 34963-2004-ONP/DC/DL19990; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación minera como trabajador de mina subterránea, conforme a la Ley 25009.

2. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, así como en su resolución aclaratoria, este Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin.

3. Que a efectos de acreditar la totalidad de sus aportaciones, el recurrente ha adjuntado,  de fojas 3 a 7, los certificados de trabajo emitidos por Minas Cuno Cuno S.A.C., Minas Ocoña S.A.A., Oro Mercedes S.A. y Compañía Minera Posco S.A., los cuales no generan convicción en la vía del amparo para el reconocimiento de aportes, dado que no se han sustentado con la documentación adicional exigida en el precedente citado.

4. Que si bien en la STC 04762-2007-PA/TC se señala que en el caso de que el documento presentado en original, copia legalizada o fedateada sea el único medio probatorio adjuntado para acreditar periodos de aportaciones, el juez deberá requerir al demandante para que presente documentación adicional que corrobore lo que se pretende acreditar, es necesario precisar que dicha regla es aplicable sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando la mencionada sentencia fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el presente caso, debido a que la demanda se interpuso el 21 de octubre de 2009.

5. Que, en consecuencia, se concluye que se trata de una controversia que debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional; por lo que queda expedita la vía para que el demandante acuda al proceso que corresponda.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS

MESÍA RAMÍREZ

ETO CRUZ