EXP. N.º 04140-2011-PHC/TC
LIMA
GUILLERMO MAURA
BERAMENDI
A FAVOR DE
RICARDO FELIPE
JULCA BÉJAR
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 30 de enero de 2012
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Maura Beramendi, a favor de don Ricardo Felipe Julca Béjar, contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 371, su fecha 10 de mayo de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que con fecha 5 de noviembre de 2010, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el fiscal titular y el fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios de Lima, siendo este último don Miguel Ángel Puicón Yaipén, alegando la afectación a los derechos al debido proceso, de defensa y libertad personal, entre otros, con ocasión de la investigación preliminar seguida en contra del favorecido (Ingreso N.º 93-2010). Se solicita que se disponga que los emplazados sean investigados y que los actuados fiscales sean derivados a otro fiscal.
Al respecto, afirma que los fiscales demandados han omitido la identificación del supuesto denunciante de parte, lo que se advierte de la notificación de fecha 30 de setiembre de 2010, acto procesal en el cual se imputa hechos falsos que no se encuentran acordes con la verdad y que a su vez ponen al favorecido en un estado de indefensión. Agrega que los emplazados y el aludido denunciante han perjudicado al favorecido, ya que le han imputado la supuesta comisión del delito de defraudación tributaria basándose en hechos falsos.
2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200º, inciso 1 que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal.
Todo ello implica que, para que proceda el hábeas corpus, el hecho denunciado debe necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual o, dicho de otro modo, la afectación de los derechos constitucionales conexos debe incidir de manera negativa en el derecho a la libertad individual. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé, en su artículo 5°, inciso 1, que “no proceden los procesos constitucionales cuando: (...) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.
3. Que, respecto a la procedencia del hábeas corpus, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien es cierto que el juez constitucional puede pronunciarse sobre la eventual violación o amenaza de violación a los derechos constitucionales conexos, tales como el derecho al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, de defensa, etc.; también lo es que ello ha de ser posible siempre que exista conexión, entre estos y el derecho a la libertad individual, de modo que la amenaza o violación al derecho constitucional conexo incida también, en cada caso, en un agravio al derecho a la libertad individual.
4. Que del análisis de los hechos de la demanda de autos, este Colegiado aprecia que la alegada afectación a los derechos reclamados se sustenta en una presunta omisión de identificación en la tramitación de la investigación preliminar del delito seguida en contra del favorecido. Asimismo, se aduce que los hechos materia de incriminación, y consecuente investigación fiscal, son falsos y no se encuentran acordes con la verdad.
5. Que, al respecto, se debe destacar que este Tribunal ha precisado que si bien es cierto que la actividad del Ministerio Público, en la investigación del delito, al formalizar la denuncia penal o formular la acusación fiscal, se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo es que sus actuaciones durante la investigación preliminar son postulatorias respecto de lo que el juzgador resuelva en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad personal; y es que incluso ante una eventual denuncia o acusación fiscal será el juez penal competente el que determinará la restricción de este derecho que pueda corresponder al inculpado en concreto [Cfr. RTC 07961-2006-PHC/TC, RTC 02688-2008-PHC/TC, entre otras]. En este sentido, corresponde el rechazo de la presente demanda que cuestiona la presunta omisión de identificación del denunciante de parte que se habría materializado en la aludida notificación fiscal, toda vez que aquella no determina la restricción a la libertad individual, que es el derecho fundamental materia de tutela del hábeas corpus.
6. Que, finalmente, en cuanto al alegato de inocencia del favorecido que sostiene que “los hechos imputados son falsos y no se encuentran acordes a la verdad”, este Colegiado considera pertinente señalar que el Tribunal Constitucional viene subrayando en reiterada jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como valoración de las pruebas penales y su suficiencia, no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez que son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete a la justicia constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-PHC/TC, RTC 05157-2007-PHC/TC, RTC 00572-2008-PHC/TC, entre otras].
7. Que, en consecuencia, la demanda debe ser rechazada, en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que el petitorio y los hechos fácticos que sustentan la demanda no están referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
ETO CRUZ