EXP. N.º 04374-2011-PA/TC
PIURA
LUIS CHERO ANCAJIMA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 31 días del mes de enero de 2012, Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Chero Ancajima contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 97, su fecha 12 de setiembre de 2011, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le restituya la pensión de jubilación otorgada conforme al Decreto Ley 19990, y que se disponga el pago de los devengados, los intereses legales y los costos.
La emplazada contesta la demanda señalando que en ejercicio de su facultad de fiscalización posterior, se determinó que existen indicios de adulteración de los documentos que sustentaron el vínculo laboral del actor con el empleador Ganadera Amazonas S.A., los mismos que a su vez sustentaron la pensión otorgada.
El Juzgado Mixto de Chulucanas, con fecha 22 de marzo de 2011, declara fundada la demanda, sosteniendo que la resolución que suspende la pensión de jubilación del demandante se emitió sin haberse declarado previamente la nulidad del acto administrativo, vulnerando el derecho de defensa y el debido procedimiento administrativo.
La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la demanda, estimando que la resolución que suspende la pensión de jubilación del actor se basa en indicios razonables de adulteración de la documentación que la sustenta, por lo que, siendo una medida razonable, la demandada no ha incurrido en acto arbitrario alguno.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1. De acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-AI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión se constituye en un elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de conformidad con los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 01417-2005-PA/TC.
2. Teniendo en cuenta que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones que resultan necesarias para su goce, se concluye que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio deben estar debidamente sustentadas, a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención de este derecho.
Delimitación del petitorio
3. El demandante solicita que se restituya el pago de la pensión de jubilación reducida que percibió a partir de 1987.
Análisis de la controversia
4. Cuando la causa de suspensión del pago de la pensión estuviera referida a documentos que sustentan aportaciones al Régimen del Decreto Ley 19990, la Administración deberá respetar las normas que regulan el procedimiento administrativo general para ejercer la facultad de fiscalización posterior y, de ser el caso, cuestionar la validez.
5. A este respecto, el artículo 32.3 de la Ley 27444 expresa que: “En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos [...]” debiendo iniciarse el trámite correspondiente para la declaración de su nulidad y determinación de las responsabilidades correspondientes.
6. Obviamente, la consecuencia inmediata y lógica, previa a la declaración de nulidad del acto administrativo, es la suspensión de sus efectos, dado que lo contrario sería aceptar que pese a comprobar la existencia de ilícito o fraude en la obtención de un derecho, la Administración se encuentre obligada a mantenerlo hasta que se declare la nulidad.
7. Así, en materia previsional se deberá proceder a suspender el pago de las pensiones obtenidas fraudulentamente, pues su continuación supondría poner en riesgo el equilibrio económico del régimen y el incumplimiento de la obligación de velar por la intangibilidad de los fondos de la seguridad social. Ello sin dejar de recordar que, conforme a las normas que regulan el procedimiento administrativo, procederá a condición de que la ONP compruebe la ilegalidad de la documentación presentada por el pensionista, luego de lo cual asume la carga de realizar las acciones tendientes a declarar la nulidad de la resolución administrativa que reconoció un derecho fundado en documentos fraudulentos.
9. Es en este sentido que este Tribunal se ha pronunciado en la STC 1254-2004-PA/TC, cuando sostuvo que: “la alegación de poseer derechos adquiridos presupone que estos hayan sido obtenidos conforme a ley, toda vez que el error no genera derechos; por consiguiente, cualquier otra opinión vertida con anterioridad en que se haya estimado la prevalencia de la cosa decidida, sobre el derecho legalmente adquirido, queda sustituida por los fundamentos precedentes”.
10. Cabe señalar que a tenor del artículo 3.14) de la Ley 28532, este Colegiado entiende que la ONP tiene la obligación de efectuar las acciones de fiscalización necesarias con relación a los derechos pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su otorgamiento conforme a ley. A su vez, el artículo 32.1 de la Ley 27444 establece que por la fiscalización posterior, la entidad ante la que se realiza un procedimiento de aprobación automática o evaluación previa queda obligada a verificar de oficio, mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado. Por lo tanto, la ONP está obligada a investigar, debidamente, en caso de que encuentre indicios razonables de acceso ilegal a la prestación pensionaria, a fin de determinar o comprobar si efectivamente existió fraude para acceder a esta, e iniciar las acciones legales correspondientes.
11. Siendo así, si la ONP decide suspender el pago de la pensión, la resolución administrativa que al efecto se expida debe establecer certeramente que uno o más documentos que sustentan el derecho a la pensión son fraudulentos o contienen datos inexactos; además, y en vista de la gravedad de la medida, toda vez que deja sin sustento económico al pensionista, debe cumplirse la obligación de fundamentar debida y suficientemente la decisión, dado que carecerá de validez en caso de que la motivación sea insuficiente o esté sustentada en términos genéricos o vagos. Y ello es así porque la motivación de los actos administrativos, más aún de aquellos que extinguen o modifican una relación jurídica (caducidad y suspensión) es una obligación de la Administración y un derecho del administrado, incluso considerando la motivación por remisión a informes u otros, caso en el cual la ONP está en la obligación de presentarlos para sustentar su actuación y poder efectuar el control constitucional de su actuación.
12. Consta del segundo considerando de la Resolución 1672-2010-ONP/DSO.SI/DL 19990, de fecha 14 de octubre de 2010 (f. 2), que se otorgó pensión de jubilación reducida al demandante de conformidad con el Decreto Ley 19990, reconociéndole 8 años y 1 mes de aportaciones. Asimismo, se advierte de la misma resolución que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3º del Decreto Supremo 063-2007-EF, la demandada suspendió el pago de la pensión de jubilación por considerar que, según el Informe Grafotécnico 159-2008-SAACI/ONP, de fecha 8 de julio de 2008, expedido por la Subdirección de Inspección y Control de la ONP, y el Informe Grafotécnico 0414-2010-DSO.SI/ONP, de fecha 22 de febrero de 2010, algunos de los documentos presentados con el fin de obtener la pensión son apócrifos.
13. Así, en el Informe Grafotécnico 159-2008-SAACI/ONP, obrante a fojas 60, adjuntado por la demandada, se indica que al haberse analizado los documentos que integran el expediente administrativo del actor, se observó que el membrete de la Liquidación por tiempo de servicios emitida por el empleador Rozo Amparo Valdiviezo Benites Agricultor Propietario Chulucanas ha sido pulverizado, difuminado y rociado por microgotas de impresora de inyección de tinta, lo que resulta inconsistente pues en 1987 no existían este tipo de impresoras, lo cual revela temporalidad impropia. Asimismo, en el Informe Grafotécnico 0414-2010-DSO.SI/ONP (f. 62), presentado a la Subdirección de Inspección y Control de la ONP, se concluye que las boletas de pago emitidas por el empleador Ganadera Amazonas S.A. son documentos apócrifos, dado que presentan anacronismo en el sistema de impresión del formato y las características, incompatibles con su fecha escrita. Adicionalmente, a fojas 61 obra el Informe Técnico N.º 207-2008-SAACI/ONP, de fecha 8 de julio de 2008, en el que se señala que el contenido de las boletas de pago emitidas por el empleador Eduardo Valdiviezo Benites Rozo Amparo resulta inconsistente con la fecha en la que fueron emitidas.
13. De lo anterior se advierte que la suspensión de la pensión de jubilación del demandante ha sido justificada por la existencia de indicios razonables de adulteración de la documentación que sustenta su derecho. Ello configura una medida razonable mediante la cual la Administración garantiza que el otorgamiento de dichas prestaciones esté arreglado a ley. Por lo tanto, en el presente caso, se concluye que la Administración no ha cometido un acto arbitrario que vulnere el derecho a la pensión del demandante; por el contrario, ha ejercido de manera legítima su facultad de fiscalización.
14. Por consiguiente, este Tribunal considera correcta la medida de suspensión del pago de la pensión del demandante mientras se realicen las investigaciones correspondientes, por lo que corresponde desestimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones administrativas, ni el derecho a la pensión del actor.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
ETO CRUZ