EXP. N.° 04568-2011-PA/TC
LIMA NORTE
JUAN PABLO
CUBAS TORRES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 31 días del mes de octubre de 2012, la Sala Primera del Tribunal Constitucional pronuncia la siguiente sentencia con el voto en mayoría de los magistrados Álvarez Miranda y Mesía Ramírez, y el voto dirimente del magistrado Calle Hayen, tras haberse compuesto la discordia suscitada por el voto del magistrado Beaumont Callirgos y no resuelta con el voto del magistrado Eto Cruz, por haberse adherido a la postura discrepante
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Pablo Cubas Torres contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 326, su fecha 14 de setiembre de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 19 de abril de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de Comas, solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario del que fue víctima y que, consecuentemente, se ordene su reposición en el cargo de “obrero-servicios generales de la Subgerencia de Logística” (sic). Refiere que prestó servicios desde el 14 de julio de 2006 en la Subgerencia de Logística y que mediante Resolución de Alcaldía N.º 1786-2010-A/MC, de fecha 30 de noviembre de 2010, fue reconocido como trabajador permanente e incluido en planillas, habiendo adquirido la condición de contratado a plazo indeterminado, pues incluso habría laborado sin contrato alguno de enero a marzo de 2011; no obstante lo cual el primero de abril de 2011 se le impidió ingresar a su centro de trabajo sin que exista causa alguna.
El procurador público de la Municipalidad demandada contesta la demanda señalando que el actor prestó servicios como locador de servicios y que a partir del 31 de julio de 2008 laboró bajo el régimen de contratos administrativos de servicios hasta el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, refiere que la gestión municipal saliente ilegalmente emitió la Resolución de Alcaldía N.º 1786-2010-A/MC, de fecha 30 de noviembre de 2010, que nombraba al actor trabajador permanente con retroactividad al año 2007, cuando se encontraba vigente y a punto de vencer el plazo de su último contrato administrativo de servicios, vulnerando la Ley 29465, la Ley 28175 y el Decreto Legislativo N.º 1057; por lo que se declaró la nulidad de oficio de la citada resolución mediante la Resolución de Alcaldía N.º 0683-2011-MDC, de fecha 28 de marzo de 2011, pues el actor pertenece al régimen del Decreto Legislativo N.º 1057.
El Segundo Juzgado Civil de Lima Norte, con fecha 30 de mayo de 2011, declara improcedente la demanda por considerar que en el presente caso no ha sido objeto de cuestionamiento la Resolución de Alcaldía N.º 0683-2011-MDC, de fecha 28 de marzo de 2011, que declaró nula la contratación a plazo indeterminado del actor, pese a haberse emitido con anterioridad a la presentación de la demanda, por lo que debe recurrirse a otra vía procesal que cuente con etapa probatoria pues existen hechos controvertidos.
La Sala revisora confirma la apelada por similares fundamentos.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Se alega que el demandante, a pesar de haber suscrito contratos civiles y contratos administrativos de servicios, en los hechos se estableció una relación laboral a plazo indeterminado, pues incluso mediante la Resolución de Alcaldía N.º 1786-2010-A/MC se habría reconocido esta condición.
2. Por su parte, la parte emplazada manifiesta que el demandante no fue despedido arbitrariamente, sino que cuando venció el plazo de su último contrato administrativo de servicios se extinguió su respectiva relación contractual. Asimismo, señala que su supuesto nombramiento en la Municipalidad Distrital de Comas fue declarado nulo por la Resolución de Alcaldía N.º 0683-2011-MDC, por lo que carecía de efectos jurídicos su supuesto nombramiento.
3. Expuestos los argumentos por las partes y conforme a los criterios de procedencia establecidos en el precedente vinculante de la STC 00206-2005-PA/TC, este Tribunal considera que en el presente caso procede evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.
Análisis de la controversia
4. Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC 00002-2010-PI/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios guarda conformidad con el artículo 27 de la Constitución.
Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, los contratos civiles que habría suscrito el demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso que ello hubiera ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, que es constitucional.
5. Asimismo, debe precisarse que si bien mediante Resolución de Alcaldía N.º 1786-2010-A/MC, de fecha 30 de noviembre de 2010, se reconoció al actor como obrero contratado a plazo indeterminado a partir del 14 de julio de 2006, la Municipalidad Distrital de Comas mediante Resolución de Alcaldía N.º 0683-2011-MDC, de fecha 28 de marzo de 2011, de fojas 250, notificada mediante carta notarial el 29 de marzo de 2011, declaró nula la resolución que reconocía al actor como trabajador contratado a plazo indeterminado por contravenir el ordenamiento legal; razón por la cual carece de efectos jurídicos y no puede ser tomada en consideración en el presente proceso constitucional.
6. Hecha la precisión que antecede, cabe señalar que con los contratos administrativos de servicios, de fojas 253 a 258, queda demostrado que el demandante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que debió culminar al vencer el plazo contenido en el contrato administrativo de servicios suscrito por las partes, esto es, el 31 de diciembre de 2010.
7. Sin embargo, en la demanda se alega que ello no habría sucedido, por cuanto el demandante ha venido laborando después de la fecha de vencimiento del plazo del contrato administrativo de servicios. Este hecho se encuentra acreditado con la copia de la constatación policial, de fecha 1 de abril de 2011, de fojas 5, y la boleta de pago de marzo de 2011, de fojas 10, de lo que se concluye que el actor laboró de enero a marzo de 2011 sin contrato.
8. Al respecto, cabe reconocer que, a la fecha de interposición de la demanda, las consecuencias de este hecho (trabajar después de la fecha de vencimiento del plazo del contrato administrativo de servicios) no se encontraban previstas en el Decreto Legislativo N.º 1057 ni en el Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, es decir, que existía una laguna normativa; sin embargo, a la fecha dicho supuesto se encuentra regulado en el artículo 5.2 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, que fue incorporado por el Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM.
9. Destacada esta precisión, este Colegiado considera que el contrato administrativo de servicios se prorroga en forma automática si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato administrativo de servicios. Este hecho no genera que el contrato administrativo de servicios se convierta en un contrato de duración indeterminada, debido a que el artículo 5 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM prescribe que la “duración del contrato no puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación”. En la actualidad, este parecer se encuentra reconocido en el artículo 5.2 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, que fue incorporado por el Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM.
10. Por lo tanto, cuando se termina la relación laboral sin que se presente alguna de las causas de extinción del contrato administrativo de servicios, se genera el derecho a percibir la indemnización prevista en el artículo 13.3 del Decreto Supremo 075-2008-PCM.
11. Finalmente, resulta pertinente destacar que el hecho de que un trabajador continúe laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato administrativo de servicios constituye una falta administrativa que debe ser objeto de un procedimiento disciplinario a fin de que se determine las responsabilidades previstas en el artículo 7º del Decreto Legislativo N.º 1057, pues dicho hecho contraviene el procedimiento de contratación previsto en el artículo 3 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA
la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos alegados.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ÁLVAREZ MIRANDA
MESÍA RAMÍREZ
CALLE HAYEN
EXP. N.° 04568-2011-PA/TC
LIMA NORTE
JUAN PABLO
CUBAS TORRES
VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN
Puesto los autos a mi despacho para dirimir la discordia surgida; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, parágrafo 5º, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Nº 28301 y art. 11 y 11º-A de su Reglamento normativo, procedo a emitir siguiente voto:
1.- Conforme es de verse de autos, la pretensión del accionante está dirigida a que se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Refiere que ha sido trabajador obrero- servicios generales de la Municipalidad demandada, habiendo ingresado a prestar servicios el 14 de julio de 2006 hasta el 31 de marzo del 2011 fecha en la que fue despedido. Precisa además que ha laborado en los meses de enero, febrero y marzo del 2011 sin contrato ni prórroga de contrato, por lo que refiere ha adquirido la condición de trabajador a plazo indeterminado.
2. Que de la Resolución de Alcaldía que corre a fojas 7, se infiere que en efecto el actor ingresó a prestar servicios para la demandada el 14 de julio del 2006 suscribiendo contrato de locación de servicios, relación contractual en la que se mantuvo hasta el mes de julio del 2008. Aparece también que a partir del mes de agosto del 2008 procede a suscribir contrato administrativo de servicios para laborar en la sub gerencia de logística, modalidad contractual en la que ha permanecido hasta el 31 de diciembre del 2010, habiendo sido inscrito en planillas en razón a lo resuelto mediante Resolución de Alcaldía Nº 1786-2010-A/MC de fecha 30 de noviembre de 2010, mediante la cual se resolvió declarar procedente lo solicitado por el accionante en el Expediente administrativo Nº 20031.2010, reconociéndose a partir del 14 de julio de 2006 como trabajador obrero contratado a plazo indeterminado como operario en la Municipalidad demandada. Sin embargo a fojas 250 de autos corre la Resolución de Alcaldía Nº 0683-2011-MDC de fecha 28 de marzo de 2011 mediante la cual se resolvió declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía Nº 1786-2010-A/MC DE FECHA 30 de noviembre del 2010 e improcedente la solicitud del trabajador ahora demandante, por lo que la resolución de nombramiento carece de objeto jurídico.
3. Respecto a las labores realizadas durante los meses de enero a marzo del 2011, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 del Decreto Supremo 075-2008 que establece que “ En caso el trabajador continúe laborando después de vencimiento del contrato sin que previamente se haya formalizado su prórroga o renovación, el plazo de dicho contrato se entiende automáticamente ampliado por el mismo plazo del contrato o prórroga que esté por vencer, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios o servidores que generaron tal ampliación automática. Para tal efecto, la entidad contratante informa al trabajador sobre la no prórroga o la no renovación con una anticipación no menor de cinco días hábiles previos al vencimiento de contrato.” Siendo esto así, dada la continuidad de la relación laboral y habiendo la demandada en el presente caso sustituido el contrato de Prestación de Servicios por el contrato Administrativo de Servicios el mismo que culminó el 31 de marzo del 2011, consecuentemente el cese se produjo por vencimiento de contrato.
Por los fundamentos expuestos y aunándome a la posición de los magistrados Álvarez Miranda y Mesía Ramírez, mi voto también es porque se declare INFUNDADA la demanda.
Sr.
CALLE HAYEN
EXP. N.° 04568-2011-PA/TC
LIMA NORTE
JUAN PABLO
CUBAS TORRES
Concuerdo con los fundamentos y el
fallo contenidos en el voto del magistrado Beaumont Callirgos,
por lo que mi voto es porque se declare FUNDADA
la demanda y NULO el despido
arbitrario del demandante, en consecuencia ORDENAR
que la emplazada reponga a don Juan Pablo Cubas Torres como trabajador a plazo
indeterminado en el cargo que venía
desempeñando o en otro de similar categoría o nivel, en el plazo de dos días,
bajo apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas coercitivas
previstas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional.
SS.
ETO CRUZ
EXP. N.° 04568-2011-PA/TC
LIMA NORTE
JUAN PABLO
CUBAS TORRES
VOTO DE LOS
MAGISTRADOS ÁLVAREZ MIRANDA
MESÍA
RAMÍREZ
Sustentamos
el presente voto en las consideraciones siguientes
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Se alega que el demandante, a pesar de haber suscrito contratos civiles y contratos administrativos de servicios, en los hechos se estableció una relación laboral a plazo indeterminado, pues incluso mediante la Resolución de Alcaldía N.º 1786-2010-A/MC se habría reconocido esta condición.
2. Por su parte, la parte emplazada manifiesta que el demandante no fue despedido arbitrariamente, sino que cuando venció el plazo de su último contrato administrativo de servicios se extinguió su respectiva relación contractual. Asimismo, señala que su supuesto nombramiento en la Municipalidad Distrital de Comas fue declarado nulo por la Resolución de Alcaldía N.º 0683-2011-MDC, por lo que carecía de efectos jurídicos su supuesto nombramiento.
3. Expuestos los argumentos por las partes y conforme a los criterios de procedencia establecidos en el precedente vinculante de la STC 00206-2005-PA/TC, consideramos que en el presente caso procede evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.
Análisis del caso concreto
4. Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC 00002-2010-PI/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios guarda conformidad con el artículo 27 de la Constitución.
Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, los contratos civiles que habría suscrito el demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso que ello hubiera ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, que es constitucional.
5. Asimismo, debe precisarse que si bien mediante Resolución de Alcaldía N.º 1786-2010-A/MC, de fecha 30 de noviembre de 2010, se reconoció al actor como obrero contratado a plazo indeterminado a partir del 14 de julio de 2006, la Municipalidad Distrital de Comas mediante Resolución de Alcaldía N.º 0683-2011-MDC, de fecha 28 de marzo de 2011, de fojas 251, notificada mediante carta notarial el 29 de marzo de 2011, declaró nula la resolución que reconocía al actor como trabajador contratado a plazo indeterminado por contravenir el ordenamiento legal; razón por la cual carece de efectos jurídicos y no puede ser tomada en consideración en el presente proceso constitucional.
6. Hecha la precisión que antecede, cabe señalar que con los contratos administrativos de servicios, de fojas 253 a 258, queda demostrado que el demandante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que debió culminar al vencer el plazo contenido en el contrato administrativo de servicios suscrito por las partes, esto es, el 31 de diciembre de 2010.
7. Sin embargo, en la demanda se alega que ello no habría sucedido, por cuanto el demandante ha venido laborando después de la fecha de vencimiento del plazo del contrato administrativo de servicios. Este hecho se encuentra acreditado con la copia de la constatación policial, de fecha 1 de abril de 2011, de fojas 5, y la boleta de pago de marzo de 2011, de fojas 10, de lo que se concluye que el actor laboró de enero a marzo de 2011 sin contrato.
8. Al respecto, cabe reconocer que, a la fecha de interposición de la demanda, las consecuencias de este hecho (trabajar después de la fecha de vencimiento del plazo del contrato administrativo de servicios) no se encontraban previstas en el Decreto Legislativo N.º 1057 ni en el Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, es decir, que estábamos ante una laguna normativa; sin embargo, a la fecha dicho supuesto se encuentra regulado en el artículo 5.2 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, que fue incorporado por el Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM.
9. Destacada esta precisión, consideramos que el contrato administrativo de servicios se prorroga en forma automática si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato administrativo de servicios. Este hecho no genera que el contrato administrativo de servicios se convierta en un contrato de duración indeterminada, debido a que el artículo 5 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM prescribe que la “duración del contrato no puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación”. En la actualidad, este parecer se encuentra reconocido en el artículo 5.2 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, que fue incorporado por el Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM.
10. Por lo tanto, cuando se termina la relación laboral sin que se presente alguna de las causas de extinción del contrato administrativo de servicios, se genera el derecho a percibir la indemnización prevista en el artículo 13.3 del Decreto Supremo 075-2008-PCM.
11. Finalmente, consideramos pertinente destacar que el hecho de que un trabajador continúe laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato administrativo de servicios constituye una falta administrativa que debe ser objeto de un procedimiento disciplinario a fin de que se determine las responsabilidades previstas en el artículo 7º del Decreto Legislativo N.º 1057, pues dicho hecho contraviene el procedimiento de contratación previsto en el artículo 3 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM.
Por lo expuesto, estimamos que se debe declarar
INFUNDADA la demanda de amparo por
cuanto no se ha acreditado la vulneración de los derechos alegados.
SS.
ÁLVAREZ MIRANDA
MESÍA RAMÍREZ
EXP. N.° 04568-2011-PA/TC
LIMA NORTE
JUAN PABLO
CUBAS TORRES
Con el debido respeto por la opinión expresada por mis colegas, no concuerdo con los argumentos ni con el fallo de la resolución de mayoría, pues considero que la demanda de autos debe ser declarada FUNDADA. Los argumentos que respaldan mi posición son los siguientes:
1. Es importante destacar que lo expresado en el presente voto se circunscribe a la denominada “regla jurisprudencial” de presunción de prórroga automática del contrato administrativo de servicios (CAS) vencido aplicado a los casos de trabajadores que continúen laborando en la respectiva institución. Dicha regla, cabe precisar, no se encuentra normada en el Decreto Legislativo 1057 (que regula el régimen especial del CAS) y tampoco ha sido abordada por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 00002-2010-PI/TC (publicada el 15 de noviembre de 2010) que confirmó la constitucionalidad del referido decreto.
2. La posición que aquí expreso no se ve alterada por la reciente expedición de la norma reglamentaria, Decreto Supremo 065-2011-PCM, publicado el 27 de julio del 2011 en el diario oficial El Peruano, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo 1057 y que introduce en su artículo 5 la presunción de la prórroga automática del CAS vencido.
Estimo que la citada modificatoria es inválida. Primero, porque, conforme lo exigen los parágrafos a) y b) del inciso 24 del artículo 2 de la Norma Fundamental y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los derechos fundamentales sólo pueden limitarse, restringirse o intervenirse por ley (Cfr. STC 02235-2004-AA/TC, Fundamentos Jurídicos 3, 4 y 6) y no por normas reglamentarias; y, más aun, dicha ley debe superar exigencias de proporcionalidad y razonabilidad. Y segundo, porque la modificatoria reglamentaria en mención no desarrolla ningún extremo del Decreto Legislativo 1057, sino que, por el contrario, excede sus alcances al establecer consecuencias jurídicas respecto de un estado de cosas (trabajadores con CAS vencidos) no regulado en dicho decreto. Es consabido que las normas reglamentarias tienen un alcance limitado por la ley, pues es ésta la que establece y orienta su marco de actuación. Un reglamento no puede reemplazar la voluntad de la ley. Si el órgano que ha legislado el CAS no ha evidenciado expresamente los supuestos de presunción de su prórroga automática en caso de vencimiento, entonces, el órgano reglamentario se encuentra impedido de expedir normas que establezcan tal presunción jurídica.
3. Aclarado lo anterior, tenemos que en el presente caso, la resolución de mayoría declara infundada la demanda por considerar que, si bien en el periodo posterior al 31 de diciembre de 2010 el demandante laboró sin suscribir contrato, ello no implica que la relación encubierta se encuentre regulada por el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Supremo 003-97-TR, porque antes de tal periodo el demandante había suscrito un CAS (vencido el 30 de junio de 2010); por lo que, agregan, debe sobrentenderse que en la práctica éste se “prorrogó automáticamente”. Por lo tanto, siendo que el CAS se prorrogó en forma automática y que se extinguió sin una causa de extinción legal, correspondería percibir la indemnización prevista en el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057 en los términos interpretados por este Tribunal Constitucional en el STC 03818-2009-PA/TC; pero, como el despido se produjo antes de que se publicara la precitada sentencia, no le resulta aplicable dicha interpretación.
4. Al respecto, considero que a efectos de dar respuesta a la pretensión planteada, deben examinarse dos puntos controvertidos. En primer lugar, si es constitucionalmente válida la regla jurisprudencial planteada por la mayoría sobre la presunción de “prórroga automática” de los CAS vencidos, en la hipótesis que los trabajadores continúen laborando y, con ello, la pertenencia al Decreto Legislativo 1057 (con todas sus limitaciones laborales); y en segundo lugar, de ser inaplicable la citada regla, cuál sería la protección al trabajador en el caso concreto y si corresponde o no la reposición por vulneración del derecho fundamental al trabajo.
1)
Respecto de la regla jurisprudencial que
establece la “presunción de prórroga automática”
5. Respecto a esta primera cuestión, considero que no existen razones que justifiquen el establecimiento y aplicación al presente caso de la denominada presunción de “prórroga automática” como medio de solución. En mi opinión, tal falta de justificación se fundamenta básicamente en tres argumentos: 1) por la ausencia de regulación en el Decreto Legislativo 1057; 2) por la interpretación extensiva de las limitaciones de derechos que ya contiene el Decreto Legislativo 1057; y 3) por la incompatibilidad de la “prórroga automática” con el régimen constitucional del trabajo.
1.1. Ausencia de regulación en el Decreto
Legislativo 1057, CAS
6. En cuanto al punto 1.1, considero que la solución planteada por la mayoría no tiene cobertura legal y además carece de suficiente motivación. En primer lugar, porque el régimen laboral especial establecido en el Decreto Legislativo 1057 no regula expresamente, en ningún extremo (como he adelantado en el Fundamento 2 supra), el supuesto de un trabajador que labora con un CAS vencido. En segundo lugar, porque tampoco se puede desprender una regulación implícita, toda vez que en ningún extremo del articulado del Decreto Legislativo 1057 existe alguna regla que permita u ordene a los “agentes de aplicación” tomar como verdadero o hecho cierto la existencia tácita de un CAS o, lo que es lo mismo, una “prórroga automática” del CAS. En stricto sensu, estimo que esta presunción de “prórroga automática” del CAS constituye, en la práctica, la creación ex novo de una regla jurisprudencial, la misma que, desde mi punto de vista, es innecesaria y, además, se implementa (i) sin una evaluación preliminar de la constatación de la existencia de una laguna normativa y (ii) sin examinarse si el sistema jurídico ya ofrece o no alguna consecuencia jurídica, que resulte de aplicación, para esta tipología de supuestos.
Debe resaltarse que ante la existencia de vacíos normativos en las leyes, es el legislador ordinario el órgano competente para regular tal vacío, salvo, claro está, que otra norma jurídica del sub-sistema jurídico laboral, ya haya previsto una solución válida. Si el Tribunal Constitucional crea reglas jurisprudenciales (como la existencia de una presunción de prórroga automática del CAS), pese a la presencia de otras normas del sub-sistema laboral que ya regulan ese supuesto, genera innecesariamente antinomias, es decir, contradicciones respecto de un mismo supuesto de hecho.
En efecto, la precitada regla jurisprudencial de la “presunción de prórroga automática del CAS” genera una estéril situación antinómica con el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR ––aplicable al presente caso, dado que su régimen laboral es el de la actividad privada––, el mismo que establece que en las relaciones de trabajo se presume un contrato a plazo indeterminado. Así, prevé que “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado” [resaltado agregado]. En ese sentido, cabe preguntarse ¿cuál sería la justificación de crear jurisprudencialmente una regla jurídica, aplicándola al caso concreto, y descartar el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR, teniendo en cuenta que en ambos casos nos encontramos ante trabajadores que continuaron laborando sin suscribir contrato y fueron despedidos sin causa motivada? La respuesta es evidente. En los supuestos de vacíos legales, la jurisprudencia sólo puede generar soluciones interpretativas cuando de ninguna otra norma se desprenda la solución (discrecionalidad). En el caso del vacío normativo objeto de pronunciamiento (situación jurídico-laboral que tiene el trabajador que sigue trabajando en la respectiva institución pese al vencimiento del CAS), existe el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR que resulta de aplicación, por lo que es claro que ésta es la norma que debe emplearse, no siendo adecuada ni pertinente la creación de la denominada regla jurisprudencial de “prórroga automática del CAS”.
1.2. Interpretación extensiva injustificada
de las restricciones de derechos que ya contiene el Decreto Legislativo 1057,
CAS
7. En
cuanto al punto 1.2, considero que la posición de la mayoría extiende las
limitaciones de los derechos laborales del Decreto Legislativo 1057 a un
universo de casos no regulados por ella; pues, como he referido en los párrafos
anteriores, el Decreto Legislativo 1057 no se coloca en la hipótesis y, menos
aún, establecen cuál es la protección de los trabajadores que laboran con CAS
vencidos. En este punto, debo de precisar que en anteriores oportunidades (Cfr.
Fundamentos de Voto de las SSTC 3211-2010-PA/TC, 0204-2011-PA/TC,
01479-2011-PA/TC, entre otros), he señalado que si bien el régimen laboral del
Decreto Legislativo 1057 goza de compatibilidad constitucional conforme se ha expuesto
en
Los órganos
jurisdiccionales no pueden establecer mayores restricciones a los derechos
fundamentales que aquellas ya establecidas en determinadas leyes. Ello se
desprende del artículo 1 de
De este modo, no considero justificado que se extienda el régimen especial del Decreto Legislativo 1057, CAS –mediante una denominada regla jurisprudencial de prórroga automática del CAS–, a un trabajador que seguía trabajando pese a vencimiento del CAS–, cuando en realidad correspondía aplicar, sin mayor duda, el aludido artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR.
1.3. Incompatibilidad de la regla
jurisprudencial de “prórroga automática” con el régimen constitucional del
trabajo
8. En
cuanto al punto 1.3., considero que la regla jurisprudencial de presunción de “prórroga
automática del CAS vencido” no es compatible con nuestro régimen constitucional
del trabajo, pues no protege los derechos del trabajador como parte débil de la
relación laboral; por el contrario, se interpreta a favor del empleador y en
contra del trabajador, lo que justamente
Si conforme lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, el principio de favorabilidad en materia laboral, “hace referencia al deber de los operadores jurídicos de aplicar, en caso de duda, la fuente formal de derecho vigente más favorable al trabajador, o la interpretación de esas fuentes que les sea más favorable (in dubio pro operario)” (STC 00016-2008-PI/TC Fundamento Jurídico 11), y conforme se sostiene en doctrina laboral autorizada, el principio “pro operario” “se expresa diciendo que la norma jurídica aplicable a las relaciones de trabajo y de Seguridad Social, en caso de duda en cuanto a su sentido y alcance, debe ser interpretada de la forma que resulte más beneficiosa para el trabajador o beneficiario” [Alonso Olea, Manuel y otra. Derecho del trabajo. 19ª edición, Civitas, 2001, p.971], es absolutamente claro que la condición más favorable para el trabajador está representada por la aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR y con ello la presunción de existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado.
Asimismo, en la posición mayoritaria, tampoco se favorece al trabajador –cuyo CAS venció y sigue trabajando– cuando se asume que la protección contra el despido arbitrario debe ser ventilada en otra vía diferente del amparo, vía en la que se podrá hacer efectivo el cobro de la indemnización regulada en el régimen del Decreto Legislativo 1057, protección que, desde mi óptica, no le corresponde justamente porque su contrato en ese régimen ya culminó y, por tanto, ya no pertenece a él.
Por otro
lado, la regla de presunción de “prórroga automática” además genera otra
situación de desigualdad, pero ya no entre empleador – trabajador, sino que
entre trabajador – trabajador. La aludida regla distingue implícitamente en dos
grupos la problemática de los trabajadores que laboran sin suscribir contrato
(por supuesto, no sujetos al régimen laboral público, cfr. STC
0206-2005-PA/TC, Fundamento Jurídico 21). Un grupo de trabajadores sin
antecedentes de un CAS y otro grupo con antecedentes de un
CAS. A los primeros, el juez constitucional los repone en su puesto de
trabajo por vulneración al derecho del trabajo por presumirse un contrato
laboral a plazo indeterminado, mientras que al segundo grupo se presume un
contrato de trabajo temporal y los redirige (indirectamente) al juez ordinario
para el cobro de una reparación económica. En ambos supuestos nos encontramos
ante trabajadores que no son del régimen público y, a su vez, ambos continúan
como trabajadores en
9. En
consecuencia, por las razones expuestas, estimo que la regla jurisprudencial de
presunción de la “prórroga automática” de la posición en mayoría es
incompatible en el presente caso con el artículo de
2)
Respecto del nivel de protección al
trabajador en el caso concreto y verificación sobre si corresponde o no la
reposición por vulneración del derecho al trabajo
10. Descartada
entonces la regla jurisprudencial de la mayoría, estimo que la controversia que
plantea el caso no se circunscribe a
verificar lo que dice o quiso decir el Decreto Legislativo 1057 y su reglamento
(como creo que erróneamente se ha asumido), sino a verificar qué exige
11. En ese sentido, en tanto el demandante se ha desempeñado sin contrato laboral con posterioridad al 31 de diciembre de 2010 (fecha de vencimiento de su último CAS) en el puesto de obrero de la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad de Comas conforme acredita con las boletas de pago de los meses de enero, febrero y marzo de 2011 (fojas de 10 a 12), las papeletas de salida por comisión de servicios (fojas 15 y 16) de fechas 31 de enero y 15 de marzo de 20011, respectivamente, y la Constancia Policial del 1 de abril de 2011 (fojas 13); consecuentemente, al haber sido despedida sin expresarle causa alguna derivada de su conducta o capacidad laboral que justifique tal decisión, se ha producido un despido arbitrario, frente a lo cual corresponde estimar la demanda.
En ese sentido, por las consideraciones expuestas, mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental al trabajo, nulo el despido y se ORDENE la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar nivel o categoría en el plazo de dos días.
Asimismo, exhortar a la emplazada, y a
S.
BEAUMONT CALLIRGOS