EXP. N.º 04719-2011-PA/TC
HUAURA
SIMEÓN MOYA POMA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 16 de enero de 2012
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Simeón Moya Poma contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 331, su fecha 1 de setiembre de 2011, que declaró infundada la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que con fecha 6 de diciembre de 2010 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 79044-2007-ONP/DC/DL 19990, que declaró caduca su pensión de invalidez definitiva, y que, consecuentemente, se restituya la pensión de invalidez que se le otorgó mediante Resolución 35717-2004-ONP/DC/DL 19990, con el abono de devengados e intereses legales.
2. Que de acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-PI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión se constituye como un elemento del contenido esencial de este derecho, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de acuerdo a los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/TC.
3. Que estando a que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones que resultan necesarias para su goce; se concluye que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio deben encontrar debido sustento legal, así como una argumentación suficiente y razonable, para efectos de evitar la arbitrariedad en la intervención de este derecho.
4. Que considerando que la pretensión demandada se encuentra dirigida a cuestionar la caducidad del derecho a la pensión del recurrente, corresponde efectuar la evaluación del caso concreto en atención a lo precitado, teniendo presente que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito.
5. Que conforme al artículo 33.a) del Decreto Ley 19990, las pensiones de invalidez caducan “Por haber recuperado el pensionista la capacidad física o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en grado tal que le permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la pensión que recibe”.
6. Que el artículo 24.a) del Decreto Ley 19990 establece que se considera inválido: Al asegurado que se encuentra en incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región.
7. Que el segundo párrafo del artículo 26º del Decreto Ley 19990, señala que en caso de enfermedad terminal o irreversible, no se exigirá la comprobación periódica del estado de invalidez. Cabe precisar que sólo está excluida la comprobación periódica –que en esencia está regulada para la incapacidad de carácter temporal- mas no la comprobación o fiscalización posterior que la ONP realice en cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en el artículo 3.14 de la Ley 28532, y en mérito a la facultad de fiscalización posterior otorgada por el artículo 32.1 de la Ley 27444.
A este respecto el tercer párrafo del artículo 26º del Decreto Ley 19990, regula que si, efectuada la verificación posterior, se comprobara que el certificado médico de invalidez es falso o contiene datos inexactos, serán responsables de ello, penal y administrativamente, los médicos e incluso el propio solicitante.
8. Que de la Resolución 35717-2004-ONP/DC/DL 19990, de fecha 20 de mayo de 2004, se evidencia que al demandante se le otorgó pensión de invalidez definitiva porque según el Certificado Médico de Invalidez, de fecha 29 de noviembre de 2002, emitido por el Hospital Gustavo Lanatta Luján Huacho, su incapacidad era de naturaleza permanente (f. 3 y 14).
9. Que no obstante lo expuesto, de la Resolución 79044-2007-ONP/DC/DL 19990, de fecha 27 de setiembre de 2007, se desprende que de acuerdo con el Certificado Médico 4145 el recurrente presenta una enfermedad distinta a la que generó el derecho a la pensión que se le otorgó y con un grado de incapacidad que no le impide ganar un monto equivalente al que percibe como pensión, por lo que se declaró caduca la pensión de invalidez conforme al artículo 33º del Decreto Ley 19990 (f. 5).
10. Que la emplazada, a fojas 178, ofrece como medio de prueba el Certificado de la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades de EsSalud, de fecha 16 de julio de 2007, con el que demuestra lo argumentado en la resolución que declara la caducidad de la pensión de invalidez del demandante, que diagnostica traumatismo del ojo izquierdo, con un menoscabo global de 29%, que no le impide seguir trabajando.
11. Que a su turno, el recurrente para acreditar su pretensión presenta el Certificado de la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad de fecha 20 de febrero de 2008, del Hospital Nacional Cayetano Heredia (f. 22), que diagnostica que padece de ametropía del ojo derecho y ceguera del ojo izquierdo, con un menoscabo global de 35%.
12. Que por consiguiente este Colegiado estima que es necesario determinar fehacientemente el estado actual de salud del actor y el grado de incapacidad que posee, ya que existe un grado de contradicción respecto a lo argumentado por ambas partes. En ese sentido estos hechos controvertidos deberán dilucidarse en un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º del Código Procesal Constitucional, precisándose que queda expedita la vía para que se acuda el proceso a que hubiere lugar.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
ETO CRUZ