EXP. N.° 04803-2011-PA/TC
LIMA
GUILLERMO EUGENIO
AZAÑERO NEGRETE
(EXP. N° 05378-2006-PA/TC)
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 31 de octubre de 2012
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Eugenio Azañero Negrete contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 211, su fecha 1 de julio de 2011, que declaró infundada la observación planteada por el recurrente; y,
ATENDIENDO A
1. Que en la etapa de ejecución de sentencia del proceso de amparo seguido contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recaído en el Exp. N.º 05378-2006-PA/TC, se le ordenó a ésta que cumpla con ejecutar la sentencia de vista de fecha 5 de febrero de 2007 (f. 39). En respuesta la ONP emitió la Resolución 763-2008-ONP/DC/DL 18846, de fecha 18 de febrero de 2008 (f. 53), por la cual otorgó al actor pensión de invalidez vitalicia por el monto ascendente a S/. 220.80 nuevos soles, a partir del 6 de octubre de 2004.
2. Que el demandante formula observación contra la mencionada resolución, aduciendo que la pensión no ha sido calculada teniendo en cuenta las 12 últimas remuneraciones mensuales percibidas, sino que indebidamente aplica el tope pensionario del Decreto Ley 25967.
3. Que el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima (f. 163) ordenó que se expida una nueva resolución otorgando la pensión de invalidez vitalicia al demandante, debiendo tener en cuenta el promedio de las remuneraciones asegurables de los 12 meses anteriores a la enfermedad profesional, por lo que la demandada expidió la Resolución 3414-2010-ONP/DPR.SC/DL 18846 (f. 184), mediante la cual se le otorgó pensión de invalidez vitalicia por la suma de S/. 600.00 nuevos soles, a partir del 6 de octubre de 2004.
4. Que el actor formuló una nueva observación respecto de la resolución mencionada en el considerando precedente, alegando que la sentencia de fecha 5 de febrero de 2007 no se está ejecutando correctamente puesto que la pensión de invalidez vitalicia le ha sido otorgada con el tope pensionario establecido en el Decreto Ley 25967.
5. Que por su parte la ONP expresa que la pensión de invalidez vitalicia del actor ha sido calculada del promedio de sus 12 últimas remuneraciones asegurables percibidas, correspondiéndole a éste el 50% de la remuneración promedio, y que sin embargo, teniendo en cuenta que este monto es mayor al monto máximo de la pensión vigente para los pensionistas de renta vitalicia (S/. 600.00 nuevos soles), su pensión de invalidez vitalicia se reduce a dicho monto.
6. Que en la RTC 00201-2007-Q/TC, de fecha 14 de octubre de 2008, se ha señalado que “[...] sobre la base de lo desarrollado en la RTC 0168-2007-Q/TC, este Colegiado considera que de manera excepcional puede aceptarse la procedencia del RAC cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias estimatorias emitidas en procesos constitucionales, tanto para quienes han obtenido una sentencia estimatoria por parte de este Colegiado, como para quienes lo han obtenido mediante una sentencia expedida por el Poder Judicial.
La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad restablecer el orden jurídico constitucional, correspondiendo al Tribunal valorar el grado de incumplimiento de las sentencias estimatorias expedidas por el Poder Judicial cuando éste no cumple dicha función, devolviendo lo actuado para que la instancia correspondiente dé estricto cumplimiento a lo declarado por el Tribunal. Asimismo los órganos jurisdiccionales correspondientes se limitarán a admitir el recurso de agravio constitucional, teniendo habilitada su competencia este Colegiado, ante la negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja a que se refiere el artículo 19 del Código Procesal Constitucional”.
7. Que en el caso la controversia consiste en determinar si en fase de ejecución de sentencia se desvirtuó lo decidido a favor del recurrente en el proceso de amparo a que se ha hecho referencia en el considerando 1, supra.
8. Que de la resolución cuestionada (f. 184) se desprende que se otorgó pensión de invalidez vitalicia al recurrente por la suma de S/. 600.00 nuevos soles, de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 25967. De otro lado, a fojas 185 obra el Informe de la Sub Dirección de Calificaciones de la ONP, el cual en sus párrafos 8 y 9 señala que:
“Para efectos de determinar la remuneración mensual se procedió a dividir entre 12 el monto total resultante de las 12 últimas remuneraciones asegurables percibidas anteriores a la fecha de cese (19 de febrero de 2001), esto es, por el periodo comprendido desde el 1 de febrero de 2000 hasta el 31 de enero de 2001, obteniendo la suma de S/. 2,413.89 nuevos soles (…)
Al haberse determinado 50% de incapacidad por enfermedad profesional, corresponde otorgar el 50% de la remuneración mensual, monto que quedó determinado en la suma de S/. 1,206.95 nuevos soles (…)”.
9. Que de ello se evidencia que la emplazada otorgó al recurrente pensión de invalidez vitalicia sujeta al tope pensionario establecido en el Decreto Ley 25967, y no conforme a la Ley 26790 y a su reglamento, el Decreto Supremo 003-98-SA. Entonces la controversia se circunscribe a determinar si la pensión de invalidez vitalicia se encuentra sujeta al tope previsional mencionado, para lo cual corresponde efectuar, en principio, un análisis respecto a la aplicación del Decreto Legislativo 817 a la pensión de invalidez por enfermedad profesional.
10. Que al respecto este Tribunal en la STC 2513-2007-PA/TC, que constituye precedente vinculante, en sus fundamentos 30 y 31 ha reiterado las consideraciones expuestas en los fundamentos 87 y 117 de la STC 10063-2006-PA/TC, en el sentido de que los montos de pensión mínima establecido por la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 817 para los regímenes a cargo de la ONP, no son aplicables a la pensión vitalicia del Decreto Ley 18846 ni a su sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley 26790, básicamente porque los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cubiertos por el Decreto Ley 18846 no están comprendidos en el régimen del Decreto Ley 19990 y porque es una pensión adicional a la generada por el riesgo de la jubilación (edad y aportaciones).
Asimismo, que los montos de pensión mínima establecidos por la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 817 no son aplicables a la pensión vitalicia del Decreto Ley 18846 ni a su sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley 26790, debido a que ambas prestaciones se encuentran previstas para cubrir riesgos y contingencias diferentes y se financian con fuentes distintas e independientes.
11. Que, de lo reseñado este Colegiado concluye que si a la pensión vitalicia regulada por el Decreto Ley 18846, o su sustitutoria la pensión de invalidez de la Ley 26790, no le resulta aplicable el tope mínimo regulado por el Decreto Legislativo 817 por las razones expuestas, tampoco correspondería aplicarse a éstas pensiones el monto de la pensión máxima regulada por el artículo 3 del Decreto Ley 25967, pues este último decreto ley es norma modificatoria del Decreto Ley 19990.
12. Que en ese sentido este Colegiado considera que la emplazada, en etapa de ejecución, evacuó la resolución cuestionada de manera defectuosa, omitiendo los parámetros indicados en la sentencia de vista de fecha 5 de febrero de 2007, por cuanto al ser una pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional conforme a la Ley 26790, el monto otorgado no debió estar supeditado al monto de la pensión máxima regulado por el Decreto Ley 25967, motivo por el cual la ONP deberá emitir nueva resolución otorgándole al actor la referida pensión sin aplicar monto máximo conforme al Decreto Ley 25967, sino conforme al monto calculado por ella misma (f. 186), tal como se ha mencionado en el considerando 8, es decir S/. 1,206.95; por consiguiente debe estimarse la pretensión planteada por el actor en el recurso de agravio constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
RESUELVE
1. Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional porque se ha demostrado el incumplimiento de la sentencia emitida en el Exp. N.º 05378-2006-PA/TC.
2. Ordenar a la ONP que cumpla en forma inmediata con ejecutar la sentencia de este Tribunal de fecha 5 de febrero de 2007 en sus propios términos, para lo cual debe expedir nueva resolución otorgándole al demandante pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional, conforme a la Ley 26790 y su reglamento el Decreto Supremo 003-98-SA, y conforme a los considerandos de la presente resolución.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ