EXP. N.° 05014-2011-PA/TC
HUAURA
EMETERIA ALVARADO
VENEGAS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 3 días del mes de mayo de 2021, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Emeteria Alvarado Venegas contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 344, su fecha 27 de setiembre de 2011, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 5221-2008-ONP/DPR/DL 19990, de fecha 5 de noviembre de 2008; y que, en consecuencia, se restituya la vigencia de la Resolución 81204-2005-ONP/DC/DL 19990, que le otorgó pensión de viudez. Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas y los intereses legales.
La ONP contesta la demanda y solicita que se la declare infundada, argumentando que la resolución que declara la nulidad de la pensión de viudez de la demandante fue expedida en cumplimiento de los artículos 10º, numero 4), y 202.1º de la Ley 27444, porque se encontraron indicios razonables de comisión de ilícito penal.
El Primer Juzgado Civil de Huaral, con fecha 10 de mayo de 2011, declara fundada la demanda, por estimar que al expedir la resolución impugnada no se ha observado el procedimiento legal para declarar la nulidad de un acto administrativo, impidiendo que la actora ejerza su derecho de defensa.
La Sala Superior competente revoca la apelada y, reformándola, la declara infundada, por considerar que la demandante no ha demostrado que la decisión de la emplazada es arbitraria.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1. De acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-PI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión constituye un elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de conformidad con los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 01417-2005-PA/TC.
2. Teniendo en cuenta que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones necesarias para su goce, debe concluirse que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio han de estar debidamente sustentadas, a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención de este derecho.
Delimitación del petitorio
3. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución 5221-2008-ONP/DPR/DL 19990 y se restituya el pago de la pensión de viudez de la demandante, correspondiendo efectuar la evaluación del caso concreto en atención a lo antes precitado, considerando además que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento.
La motivación de los actos administrativos
4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, considerando que:
[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]
La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.
El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.
Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.
En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo (STC 00091-2005- PA/TC, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las SSTC 294-2005-PA/TC, 5514-2005-PA/TC, entre otras).
Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que:
un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada.
5. Por tanto, la motivación de actos administrativos constituye una garantía constitucional del administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos. En ese sentido, la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el artículo IV del Título Preliminar establece que el debido procedimiento es uno de los principios del procedimiento administrativo, el cual reconoce que “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (…)”.
6. A su turno, los artículos 3.4º, 6.1º, 6.2º y 6.3º señalan, respectivamente, que para su validez “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado; Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto; No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto” (énfasis agregado).
7. Abundando en la obligación de motivo, incluso cuando se hubiera efectuado una motivación por remisión, el artículo 24.1.1 exige a la Administración que la notificación contenga "el texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación".
8. Por último se debe recordar que en el artículo 239.4, desarrollado en el Capítulo II del Título IV sobre Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública, se señala que serán pasibles de sanción las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, [que] incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de: (…) Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
Análisis del caso concreto
9. De las copias de las Resoluciones 49671-2005-ONP/DPR/DL 19990 (f.280) y 81204-2005-ONP/DC/DL 19990 (f. 3), se desprende que se otorgó pensión de jubilación especial al cónyuge de la demandante y a esta pensión de viudez.
10. De otro lado, de la copia de la Resolución 5221-2008-ONP/DC/DL 19990 (f. 4), se advierte que en virtud de lo establecido por el artículo 32 de la Ley 27444 y el artículo 3, numeral 14, de la Ley 28532, se realizó la revisión del expediente administrativo del cónyuge causante de la demandante comprobándose que los informes de verificación de fechas 12 de febrero de 2005 y 16 de febrero de 2005 fueron realizados por los verificadores Víctor Collantes Anselmo y Verónica Ruiz Azahuanche, quienes de acuerdo a la sentencia de terminación anticipada expedida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura de la Corte Superior de Justicia de Huaura, del 24 de junio de 2008 y adicionada por la Resolución 8, del 14 de agosto de 2008, fueron condenados por los delitos de estafa y asociación ilícita previstos en los artículos 196 y 317 del Código Penal en agravio de la ONP. Tal situación –según se consigna en la resolución administrativa– determina que los hechos constitutivos de infracción penal agravian el interés público y configuran vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1 y 4 del artículo 10 de la Ley 27444.
11. Con base en lo indicado, la impugnada concluye que la Resolución 49671-2005-ONP/DC/DL 19990 del 6 de junio de 2005, que le otorgó la pensión de jubilación al causante de la demandante considerando como elemento de prueba para el reconocimiento de aportes el informe de verificación emitido por los verificadores Víctor Collantes Anselmo y Verónica Ruiz Azahuanche transgrede el ordenamiento jurídico penal y, por tanto, es nula.
12. De lo anotado fluye que la entidad demandada sustenta la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 49671-2005-ONP/DPR/DL 19990 (f.280) y 81204-2005-ONP/DC/DL 19990 en la intervención de Víctor Collantes Anselmo y Verónica Ruiz Azahuanche al verificar los aportes que sirvieron de base para su expedición.
13. Este Colegiado considera, sin perjuicio de lo que se expondrá infra, que la distribución de la carga de la prueba comporta que la demandada demuestre que se ha configurado la causal de nulidad que le sirve de argumento para sostener su postura en esta litis. En el presente caso, tal exigencia probatoria ha sido satisfecha por la demandada.
14. En efecto, de la revisión de los actuados se observa que la entidad previsional ha presentado copia simple de la sentencia de terminación anticipada expedida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura de la Corte Superior de Justicia de Huaura, del 24 de junio de 2008 (f. 16 a 19) y de la Resolución 8, del 14 de agosto de 2008 (f. 19 vuelta). Asimismo, con su escrito de fecha 21 de setiembre de 2011 (f. 339) la ONP presenta copia fedatada del expediente administrativo de la recurrente, en la que se aprecian los informes de verificación de fechas 16 de febrero de 2005 y 12 de febrero de 2005 (f. 310 y 323, respectivamente), emitidos por los verificadores Víctor Collantes Anselmo y Verónica Ruiz Azahuanche, con base en los cuales se reconoció aportaciones y se otorgó pensión de jubilación especial al causante y posteriormente de viudez a la demandante; sin embargo, realizada una verificación posterior la ONP determinó que la información contenida en los mencionados informes no era fidedigna, puesto que, como se desprende de los Informes de Verificación de fechas 19 de octubre de 2007 y 18 de setiembre de 299076 (f. 211 y 223), emitidos por otros verificadores, no se encontraron las aportaciones supuestamente realizadas por el causante durante la relación laboral con los empleadores Cooperativa Agraria de Producción Los Laureles y Eduardo Vizquerra Febres.
15. En tal sentido se aprecia que el acto administrativo cuestionado se encuentra debidamente motivado. Por otro lado, la actora no ha acreditado que la decisión adoptada por la emplazada sea arbitraria, toda vez que no ha cumplido con sustentar con medio de prueba alguno y en los términos establecidos por el precedente vinculante recaído en el fundamento 26.a) de la STC 04762-2007-PA/TC la validez de las aportaciones que habrían verificado Víctor Collantes Anselmo y Verónica Ruiz Azahuanche.
16. En consecuencia, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos a la pensión y al debido proceso, la demanda debe ser desestimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración de los derechos a la pensión y al debido proceso.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ÁLVAREZ MIRANDA
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN