EXP. N.° 00002-2013-PA/TC
LAMBAYEQUE
PAULINO LAVAN ADRIANO
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Paulino Lavan Adriano contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 146, su fecha 1 de octubre de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que con fecha 31 de enero de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión de jubilación del régimen especial conforme con el Decreto Ley 19990, reconociéndole previamente 23 años de aportaciones. Asimismo, solicita el pago de los devengados, los intereses legales, las costas y los costos del proceso.
2. Que conforme a la redacción original del artículo 38 del Decreto Ley 19990, para obtener una pensión de jubilación se requiere tener 60 años de edad, en el caso de los hombres.
3. Que de otro lado, con relación al régimen especial de jubilación, vigente hasta el 18 de diciembre de 1992, el artículo 47 del Decreto Ley 19990 dispone que “Están comprendidos en el régimen especial de jubilación los asegurados obligatorios y los facultativos a que se refiere el inciso b) del artículo 4, en ambos casos, nacidos antes del 1 de julio de 1931 o antes del 1 de julio de 1936, según se trate de hombres o mujeres, respectivamente, que a la fecha de vigencia del presente Decreto Ley, estén inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del empleado”. Asimismo, el artículo 48 del referido Decreto Ley señala que “El monto de la pensión que se otorgue a los asegurados comprendidos en el artículo anterior, que acrediten las edades señaladas en el artículo 38, será equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración de referencia por los primeros cinco años completos de aportación [...]”.
4. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, así como en su resolución aclaratoria, este Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin.
5. Que del expediente administrativo 00300041509, presentado en copia fedateada (cuerda separada), así como de los documentos que obran en autos, se advierte que el demandante ha presentado certificados de trabajo (f. 5 y 6) y boletas de pago (f. 7 a 9-A) de sus ex empleadores Haciendas San Antonio y Las Cidras, por el periodo comprendido del 1 de enero de 1940 al 31 de diciembre de 1948 y del 1 de enero de 1952 al 31 de diciembre de 1965, respectivamente; sin embargo, obra el Informe Grafotécnico 154-2010-DSO.SI/ONP, del 5 de febrero del 2010 (f. 68 del expediente administrativo), que concluyó que las boletas de pago presentadas por el demandante “son apócrifos (sic) por haber sido elaborados por un mismo puño gráfico a pesar de provenir de diferentes empleadores”; asimismo, que “contienen el anacronismo de contener la siglas SNP (Sistema Nacional de Pensiones) institución que aún no existía a la fecha de emisión de los referidos documentos”, por lo que no generan certeza suficiente.
6. Que, en consecuencia, al existir serios cuestionamientos respecto de los documentos presentados por el demandante, corresponde que estos hechos controvertidos se diluciden en un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, por lo que queda expedita la vía para acudir al proceso a que hubiere lugar.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BEAUMONT CALLIRGOS
MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ
EMG