EXP. N.° 00184-2013-PA/TC

LIMA

ANA MARÍA

LUNA VINCES

 

           

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 21 de mayo de 2013

 

VISTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana María Luna Vinces contra la resolución de fojas 61, su fecha 4 de setiembre del 2012, expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

 

ATENDIENDO A

 

1.      Que con fecha 9 de marzo del 2012, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Resolución N.° 4, de fecha 18 de enero del 2012 emitida por la primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la cual  confirmando la apelada se declara infundada la demanda interpuesta por la recurrente sobre despido arbitrario interpuesta contra el Banco Hipotecario en Liquidación. Refiere que los magistrados demandados declararon infundada la citada demanda laboral a pesar de haber sido despedida arbitrariamente. En tales circunstancias considera que la resolución en mención vulnera sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva.

 

2.      Que con resolución de fecha 22 de marzo del 2012, el Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que no se ha trasgredido el contenido esencial de los derechos a la tutela judicial efectiva ni al debido proceso, toda vez que la actora ha accedido al proceso al haber promovido una demanda en la vía laboral ordinaria; que asimismo, ha ejercitado su derecho de instancia plural, agregando que el hecho de que el órgano jurisdiccional haya desestimado su pretensión no implica que se haya trasgredido los derechos que invoca. A su turno la Sala revisora confirma la apelada por similar fundamento.

 

3.      Que el Tribunal Constitucional ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales “está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales toda vez que a juicio de este Tribunal, la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4 del CP Const. (Cfr. STC N.º 3179-2004-PA/TC, FJ 14).

 

4.      Que este Colegiado ha establecido que el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio mediante el cual se continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria. En tal sentido, el amparo contra resoluciones judiciales requiere como presupuesto procesal indispensable la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales de las personas que comprometa seriamente su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional) (RRTC N.os 03939-2009-PA/TC, 3730-2010-PA/TC, 03578-2011-PA/TC, 03758-2011-PA/TC, 03571-2011-PA/TC, 03469-2011-PA/TC, 01053-2011-PA/TC, entre otras).

 

5.      Que por ello, a juicio del Tribunal Constitucional, la presente demanda debe desestimarse, pues vía el proceso de amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie sobre materias ajenas a la tutela de  derechos fundamentales, como son las relativas a la aplicación de las normas en materia laboral, siendo pertinente señalar que tanto la valoración y/o la determinación de la suficiencia de los medios probatorios como la interpretación de las normas legales y/o administrativas para cada caso concreto son asuntos que deben ser dilucidados únicamente por el juez ordinario al momento de expedir la sentencia, y por tanto, escapan del control y competencia del juez constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de  derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso en que por el contrario se advierte que la decisión de desestimar la demanda de despido arbitrario de doña Ana María Luna Vinces, al habérsele otorgado una compensación económica según el fundamento 3.5 de la resolución cuestionada de autos, se sustentó en una actuación legítima de la autoridad judicial de acuerdo con lo establecido en el proceso laboral, de la cual no se aprecia un agravio manifiesto al derecho que invoca la recurrente, constituyendo una decisión emitida dentro del ámbito de las competencias asignadas por la norma constitucional, las mismas que fueron ejercidas razonablemente conforme a su Ley Orgánica, razón por la cual no corresponde evaluarla mediante el proceso de amparo.

 

6.      Que por consiguiente, no apreciándose que los hechos cuestionados incidan sobre el contenido constitucionalmente protegido de los derechos reclamados, la demanda debe desestimarse de acuerdo con el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE

 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

VERGARA GOTELLI 

CALLE HAYEN 

ÁLVAREZ MIRANDA