EXP. N.° 00369-2013-PA/TC
CUSCO
UNIVERSIDAD ANDINA
DEL CUSCO
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Universidad Andina del Cusco contra la resolución de fojas 103, su fecha 7 de octubre del 2012, expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que con fecha 21 de junio del 2012, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Resolución N.° 19, de fecha 23 de abril del 2012 emitida por el Tribunal Unipersonal de la Sala Constitucional y Social del Corte Superior de Justicia del Cusco, mediante la cual se declara fundada la demanda de beneficios sociales interpuesta por doña Karina Coral Rodríguez Barrionuevo contra la Universidad Andina del Cusco. Refiere que el magistrado demandado declaró fundada la citada demanda laboral sin que haya existido prueba que acredite y sustente su decisión. En tales circunstancias considera que la resolución en mención vulnera sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso.
2. Que con resolución de fecha 26 de junio del 2012, el Juzgado Constitucional y Contencioso del Cusco declara improcedente la demanda, por considerar que si bien se alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, este juzgado no puede convertirse en un juzgado ordinario que revise cual es el criterio de un juzgador en la valoración de los hechos para tomar una decisión en el proceso laboral. A su turno la Sala revisora confirma la apelada por similar fundamento.
3. Que el Tribunal Constitucional ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales “está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales toda vez que a juicio de este Tribunal, la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4 del CP Const. (Cfr. STC N.º 3179-2004-PA/TC, FJ 14).
4. Que este Colegiado ha establecido que el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio mediante el cual se continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria. En tal sentido, el amparo contra resoluciones judiciales requiere como presupuesto procesal indispensable la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales de las personas que comprometa seriamente su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal Constitucional) (RRTC N.os 03939-2009-PA/TC, 3730-2010-PA/TC, 03578-2011-PA/TC, 03758-2011-PA/TC, 03571-2011-PA/TC, 03469-2011-PA/TC, 01053-2011-PA/TC, entre otras).
5. Que por ello, a juicio del Tribunal Constitucional, la presente demanda debe desestimarse, pues vía el proceso de amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie sobre materias ajenas a la tutela de derechos fundamentales, como son las relativas a la aplicación de las normas en materia laboral, siendo pertinente señalar que tanto la valoración y/o la determinación de la suficiencia de los medios probatorios como la interpretación de las normas legales y/o administrativas para cada caso concreto son asuntos que deben ser dilucidados únicamente por el juez ordinario al momento de expedir la sentencia, y que por tanto, escapa del control y competencia del juez constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso, en que por el contrario se advierte que la decisión de estimar la demanda de beneficios sociales de doña Karina Coral Rodríguez Barrionuevo contra la universidad recurrente se sustentó en una actuación legítima de la autoridades judiciales de acuerdo con lo establecido en el proceso laboral, de la cual no se aprecia un agravio manifiesto al derecho que invoca la recurrente, constituyendo una decisión emitida dentro del ámbito de las competencias asignadas por la norma constitucional, las mismas que fueron ejercidas razonablemente conforme a su Ley Orgánica, razón por la cual no corresponde evaluarlas mediante proceso de amparo.
6. Que por consiguiente, no apreciándose que los hechos cuestionados incidan sobre el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, la demanda debe desestimarse de acuerdo con el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA