EXP. N.° 00429-2013-PA/TC

LIMA

FILIBERTO ENRIQUE

COSSÍO PÓMEZ

 

           

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 11 días del mes de julio de 2013, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Vergara Gotelli, Calle Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Filiberto Enrique Cossío Pómez contra la resolución de foja 262, su fecha 14 de noviembre de 2012, expedida por la Cuarta Sala Civil de Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 24188-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990 y 108769-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990, del 4 de marzo de 2011 y 30 de noviembre de 2010 respectivamente; y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación con arreglo al régimen del Decreto Ley 19990. Asimismo solicita el abono de devengados, intereses legales, costas y costos procesales.

 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no ha adjuntado documentos idóneos que acrediten la totalidad de aportaciones para acceder a la pensión que solicita.

 

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima con fecha 23 de mayo de 2012, declaró improcedente la demanda por considerar que para resolver el presente proceso es necesaria una etapa probatoria.

 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por el mismo fundamento.

 

FUNDAMENTOS

 

1.    Delimitación del petitorio

 

En el presente caso, el actor pretende que se le otorgue una pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, más devengados, intereses legales, costas y costos procesales. En consecuencia, la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida.

 

En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, sobre la base de los alcances  del derecho fundamental a la pensión como derecho de configuración legal, este Colegiado delimitó los lineamientos jurídicos que permiten ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial de dicho derecho o estar directamente relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. Por ello, en el literal b) del mismo fundamento, se precisó que “forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho”.

 

En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues de ser así se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de la entidad demandada.

 

2.      Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución)

 

2.1. Argumentos del demandante

 

Afirma que los documentos presentados acreditan que reúne los requisitos para acceder a la pensión que solicita.

 

2.2. Argumentos de la demandada

 

Alega que los documentos presentados no son idóneos para acreditar que se hayan realizado las respectivas aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones.

 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional

 

2.3.1.  Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la Ley 26504, y al artículo 1 del Decreto Ley 25967 establece que para gozar de una pensión general de jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones.

 

2.3.2.  Del documento nacional de identidad de fojas 2, se advierte que el actor nació el 20 de agosto de 1942, por lo que cumplió los 65 años el 20 de agosto de 2007.

 

2.3.3. Se desprende de las resoluciones cuestionadas y del Cuadro Resumen de Aportaciones (ff. 4, 7 y 8) que al actor se le reconoce 13 años y 10 meses de aportaciones en los periodos 1965-67 (2 años, 7 meses y 15 días) y 1968-79 (13 años, 2 meses y 16 días).

 

2.3.4. En la STC 04762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde) publicada en El Peruano el 25 de octubre de 2009, este Tribunal ha establecido los criterios para el reconocimiento de periodos de aportaciones, que no han sido considerados por la ONP.

 

2.3.5. Para verificar si el demandante acredita las aportaciones necesarias, este colegiado ha evaluado la siguiente documentación presentada por el accionante, así como la contenida en el expediente administrativo 12300259509, respecto de la empleadora Calzado Emily SAC:

 

a.    Copia fedateada de la constancia de trabajo, donde se advierte que el actor laboró en dicha empresa del 1 de marzo de 1957 al 29 de mayo de 1967(f. 117).

 

b.    Copias legalizadas de las planillas donde figura el nombre del actor de abril y mayo de 1967 (f. 16 a 24).

 

c.    Un recibo de entrega de la libreta del seguro social del actor (f. 10).

 

En consecuencia, el actor ha acreditado en total 10 años, 2 meses y 29 días de aportaciones en el periodo 1957-67, los que sumados a los 13 años, 2 meses y 16 días de aportaciones correspondientes al periodo 1968-79, hacen un total de 23 años, 5 meses y 14 días de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones.

 

2.3.6.      Por tanto, ha quedado acreditado que el demandante reunió los requisitos para acceder el derecho a una pensión del régimen general de jubilación conforme lo establece el Decreto Ley 19990 por lo que la demanda debe ser estimada.

 

3.   Efectos de la presente sentencia

 

3.1. Habiéndose acreditado la vulneración del derecho pensionario del demandante, corresponde ordenar que se le otorgue pensión de jubilación conforme a los fundamentos de la presente sentencia más el pago de los devengados, intereses legales y costos del proceso de conformidad con lo expuesto precedentemente, el artículo 1246 del Código Civil y el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, respectivamente.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.        Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del derecho a la pensión del demandante; en consecuencia, NULAS las Resoluciones 24188-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990 y 108769-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990, del 4 de marzo de 2011 y 30 de noviembre de 2010 respectivamente.

 

2.        Ordena que la emplazada expida la resolución administrativa que reconozca el derecho del demandante a una pensión de jubilación con arreglo al régimen general del Decreto Ley 19990 conforme a los fundamentos de la presente sentencia, en el plazo de dos días hábiles, con el abono de los devengados, intereses legales y costos.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

VERGARA GOTELLI 

CALLE HAYEN 

ÁLVAREZ MIRANDA