EXP. N.° 00685-2013-PA/TC
PIURA
SANTOS HIGINIO
NAMUCHE HUIMAN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 8 días del mes de agosto de 2013, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santos Higinio Namuche Huiman contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 164, su fecha 2 de julio de 2012, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 14 de marzo de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra Mamut Perú S.A.C., solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario del que fue objeto; y que, en consecuencia, sea repuesto en el cargo que venía ocupando, y se ordene el pago de las costas y costos procesales. Sostiene que laboró para la sociedad demandada desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2010, mediante la suscripción de un contrato de trabajo por inicio de actividad, y que desde el 18 de mayo hasta el 9 de julio de 2010 había sido contratado por Manpower Perú S.A. para que lo capacitara y evaluara en el manejo de camiones por encargo de Mamut Perú S.A.C. Refiere que fue despedido arbitrariamente como represalia por haber participado en la constitución del sindicato del cual llegó a ser secretario de Defensa. Manifiesta que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad sindical y al trabajo.
El apoderado de la sociedad emplazada propone la excepción de incompetencia por razón de la materia y contesta la demanda argumentando que el vínculo laboral que existía entre las partes culminó por vencimiento del plazo establecido en el contrato de trabajo por inicio de actividad que habían suscrito, y que no habiéndose desnaturalizado el referido contrato, no corresponde ordenar la reposición del actor. Señala que el demandante no fue cesado por motivos antisindicales, toda vez que se puede corroborar en autos que luego de que la emplazada tomara conocimiento de la constitución del sindicato, el demandante continuó laborando en cumplimiento del contrato suscrito el 1 de agosto de 2010, lo que evidencia que no fue cesado por ser un dirigente sindical.
El Juzgado Mixto Transitorio de Descarga Procesal de Paita, con fecha 26 de agosto de 2011, declaró infundada la excepción propuesta; y con fecha 12 de diciembre de 2011, declaró infundada la demanda, por estimar que si bien es cierto el demandante ha acreditado en autos que conjuntamente con otros trabajadores constituyeron el Sindicato Unitario de Trabajadores de la empresa demandada, no es menos cierto que el vínculo se extinguió automáticamente por haberse cumplido el plazo previsto en la cláusula sétima del contrato de fecha 1 de agosto de 2010, siendo válida y legítima la decisión de la empleadora de no renovarle su contrato, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos constitucionales invocados en la demanda.
La Sala revisora confirmó la apelada por similares fundamentos.
El demandante interpone recurso de agravio constitucional contra la sentencia de vista ratificándose en los términos de su demanda.
FUNDAMENTOS
1) Delimitación del petitorio
El demandante solicita su reposición en el cargo que venía desempeñado porque sostiene haber sido despedido arbitrariamente por haber colaborado en la constitución del sindicato y por ser un dirigente sindical. Alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y a la libertad sindical.
2) Consideraciones previas
En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a la materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal considera que, en el presente caso, corresponde evaluar si el recurrente ha sido objeto de un despido arbitrario conforme señala en su demanda.
3) Sobre la afectación del derecho a la libertad sindical
3.1. Argumentos del demandante
El actor sostiene que su despido se produjo debido a su participación activa en la constitución del sindicato y por ejercer el cargo de Secretario de Defensa.
3.2. Argumentos de la sociedad demandada
Por su parte la sociedad emplazada sostiene que no ha vulnerado el derecho a la libertad sindical, pues no ha realizado alguna conducta o comportamiento que restrinja la actividad del sindicato. Manifiesta que aun después de la constitución del sindicato el demandante continuó laborando en cumplimiento del contrato suscrito el 1 de agosto de 2010, lo que evidencia que no fue cesado por ser un dirigente sindical.
3.3 Consideraciones del Tribunal Constitucional
3.3.1 En la STC 0008-2005-PI/TC este Tribunal estableció que la libertad sindical se define como la capacidad autoderminativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical, e indica también que la libertad sindical intuito persona se encuentra amparada genéricamente por el inciso 1 del artículo 28.º de la Constitución.
Asimismo, el inciso a) del artículo 29.º del Decreto Supremo N.° 003-97-TR prescribe que se considera nulo el despido que tenga por motivo la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales.
3.3.2.Conforme se señala en la demanda, el recurrente laboró para la sociedad emplazada desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2010, periodo en el cual suscribió contrato de trabajo sujeto a modalidad por inicio de actividad (fs. 3 y 4). Mientras que con el Oficio N.º 001-2010-SUTEMAPE, de fecha 18 de noviembre de 2010, se comunicó a la sociedad demandada respecto a la constitución de la organización sindical (f. 18). En consecuencia, se advierte que el demandante continuó trabajando incluso después de que la sociedad emplazada tomara conocimiento de la formación del sindicato, por lo que no puede concluirse que su cese haya sido originado por causa de su afiliación y dirigencia sindical. Asimismo, tampoco se puede determinar de autos que haya existido una práctica antisindical ejercida por la sociedad demandada. Por tanto, no se ha acreditado fehacientemente la vulneración del derecho a la libertad sindical alegado por el actor.
3.3.3 Sin embargo, en virtud de los artículos II y III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, del principio de suplencia de queja deficiente y del deber especial de protección de los derechos fundamentales que informa los procesos constitucionales, este Tribunal considera que también debe analizarse si los contratos de trabajo sujeto a modalidad por inicio de actividad fueron desnaturalizados por simulación o fraude a las normas establecidas en el Decreto Supremo N.º 003-97-TR.
4) Sobre la afectación del derecho al trabajo
4.1. Argumentos del demandante
El actor sostiene que se ha vulnerado su derecho al trabajo porque fue despedido arbitrariamente sin expresión de una causa justa prevista en la ley.
4.2 Argumentos de la sociedad demandada
Se argumenta que los contratos de trabajo por inicio de actividad se celebraron conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 003-97-TR, y que, por tanto, al no haberse desnaturalizado estos, resultaba válida la extinción de la relación laboral por vencimiento del plazo contractual.
4.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional
4.3.1. El artículo 22º de la Constitución Política del Perú establece que: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de realización de una persona”, y el artículo 27º señala que: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”.
4.3.2 Del texto del contrato de trabajo por inicio de actividad, obrante a fojas 3 y 4, puede advertirse que en estos no se consigna la causa objetiva determinante de la contratación de la demandante, es decir, que no establece en forma precisa y clara qué actividad de la sociedad emplazada se habría iniciado para que se justifique la contratación temporal del demandante.
Por esta razón, debe concluirse que los contratos de trabajo sujetos a modalidad suscritos por las partes a plazo determinado encubrieron una relación laboral de naturaleza indeterminada, por haber sido suscritos con fraude a las normas establecidas en el Decreto Supremo N.º 003-97-TR.
4.3.3 En consecuencia, al haberse determinado que entre las partes existía una relación laboral de naturaleza indeterminada, el demandante solo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, por lo que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en el vencimiento del plazo del contrato, tiene el carácter de un despido arbitrario, lesivo del derecho al trabajo, frente a lo cual procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales.
5) Efectos de la sentencia
5.1 En la medida en que en este caso se ha acreditado que la parte demandada ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo, corresponde ordenar la reposición del demandante como trabajador a plazo indeterminado en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos 22º y 59º del Código Procesal Constitucional.
5.2 Asimismo, de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, la emplazada debe asumir los costos y costas procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneración del derecho al trabajo; en consecuencia, NULO el despido arbitrario de que ha sido víctima el demandante.
2. ORDENAR a Mamut Perú S.A.C. que cumpla con reincorporar a don Higinio Namuche Huiman como trabajador a plazo indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo máximo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22º y 59º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos y costas procesales.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA