EXP. N.° 01027-2013-PC/TC
TACNA
FLORA GÓMEZ GARCÍA
VDA. DE HUACLLA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flora Gómez García Vda. de Huaclla contra la resolución de fojas 316, su fecha 11 de enero de 2013, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que declaró fundada la excepción de incompetencia por razón de la materia y nulo todo lo actuado; y,
ATENDIENDO A
1. Que la recurrente interpone demanda de cumplimiento contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitando que se cumpla con lo establecido en el Decreto Ley 25569 y el numeral 7 de la Circular 001-92-JUS-CCPG, emitida el 10 de julio de 1992 por la Comisión Calificadora de Merecimiento de Pensión de Gracia, para que su pensión de gracia sea reajustada a partir del mes de octubre de 1996, alegando que la indicada comisión ordenó que “cuando la Remuneración Mínima Vital sea aumentada o reajustada, el incremento de la Pensión de Gracia será automático, y que no se necesitará la opinión de la Comisión” (sic).
2. Que mediante Resolución Directoral 464-2006-EF/43.40, de fecha 23 de noviembre de 2006 (ff. 3 y 4), en aplicación de las normas invocadas por la actora se procedió a reajustar la pensión de gracia en cuestión, primero en S/. 144.00 a partir del 1 de julio de 1992, seguidamente, a partir del 21 de abril de 1994 en la suma de S/. 264.00, suma que viene percibiendo la demandante, pues el MEF no continuó reajustando por considerar que “el Decreto Legislativo N.º 847 del 25 de setiembre de 1996, estableció que “las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en general cualquier retribución, [...] continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero recibido actualmente”, por lo que los reajustes de pensión corresponden otorgarse por ley expresa” (énfasis agregado).
3. Que el Decreto Ley 25569 dispuso el reajuste automático de las pensiones de gracia que fueron otorgadas con referencia al ingreso mínimo legal, desde la fecha de su vigencia, esto es, desde el 24 de junio de 1992. Empero, posteriormente el Decreto Legislativo 847, en su artículo 1, establece que “Las (…) pensiones y, en general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del Sector Público, (…) continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos actualmente”. Esta disposición que implica un congelamiento de los montos sobre diversas prestaciones, derogó todas las disposiciones legales o administrativas que se le opusieran, encontrándose en conflicto ambos textos legales.
4. Que este Colegiado en la STC 0168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del presente proceso constitucional.
5. Que en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye precedente vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver –que, como se sabe, carece de estación probatoria–, se pueda expedir sentencia estimatoria es preciso que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.
6. Que en el presente caso las normas cuyo cumplimiento se requiere no cumplen los requisitos señalados en el considerando anterior, el dispositivo legal cuyo cumplimiento se exige estuvo sujeto a controversia compleja y a interpretaciones dispares hasta la fecha de su derogación expresa por la Ley 27747, que dispuso el tratamiento de las nuevas pensiones de gracia.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA