EXP. N.° 02832-2012-AA/TC

LIMA

JOSÉ ANTONIO

CASTILLO TAVARA

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 2 días del mes de enero de 2013, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Mesía Ramírez y, Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia con los fundamentos de voto de los magistrados Beaumont Callirgos y Calle Hayen.

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Antonio Castillo Távara contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 371, su fecha 2 de marzo de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 13 de mayo del 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo solicitando su inmediata reposición en el cargo que  venía ocupando y que se ordene el pago de las remuneraciones y beneficios dejados de percibir, más intereses legales, costos y costas del proceso. Refiere que prestó servicios mediante contratos civiles y contratos administrativos de servicios desde el 15 de noviembre de 2000 hasta el 15 de marzo de 2011, fecha en que fue despedido, pese a que realizaba labores de naturaleza permanente, bajo subordinación y dependencia.

 

El Decimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 17 de mayo de 2011, declara liminarmente improcedente la demanda, por considerar que la vía idónea para dilucidar la pretensión es la contenciosa administrativa por ser la adecuada e igualmente satisfactoria.

 

La Sala competente confirma la apelada por similares fundamentos.

 

FUNDAMENTOS

 

Procedencia de la demanda

 

1.             La demanda de autos ha sido rechazada liminarmente tanto en primera como en segunda instancia, argumentándose que existe otra vía igualmente satisfactoria para ventilar la pretensión del recurrente, conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional.

 

2.             Este Colegiado estima que aun cuando en el presente caso se ha producido un rechazo liminar de la demanda, a partir de lo que aparece objetivamente en el expediente es posible emitir un pronunciamiento de fondo, en atención a los principios de economía y celeridad procesales (Cfr. artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil), y a que se ha puesto en conocimiento del emplazado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda y de su concesorio, por lo que se encuentra garantizado el derecho de defensa de estos, conforme se aprecia de la constancia de notificación que obra en autos a fojas 301.

 

3.             La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando, dado que habría sido cesado arbitrariamente antes del vencimiento del plazo de su contrato administrativo de servicios, vulnerándose sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la proscripción del despido arbitrario.

 

4.             Considerando los argumentos expuestos por las partes y los criterios de procedencia establecidos en el precedente vinculante de la STC N.º 00206-2005-PA/TC, en el presente caso corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.

 

Análisis del caso concreto

 

5.             Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC N.º 00002-2010-PI/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo – reparador contra el despido arbitrario, previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios, guarda conformidad con el artículo 27º de la Constitución.

 

         Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, los servicios civiles que prestó el demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un periodo independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, lo que es constitucional.

 

6.             Hecha la precisión que antecede, cabe señalar que con los contratos administrativos de servicios obrantes de foja 89 a 98, queda demostrado que el demandante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que debió culminar al vencerse el plazo del contrato, es decir, el 31 de marzo de 2011. Sin embargo, en la demanda se alega que ello no habría sucedido, por cuanto el demandante ha cesado el 15 de marzo de 2011. Al respecto, mediante la Carta N.º 02-2011-MTPE/4/12, de fecha 14 de marzo de 2010, al amparo de lo señalado en el numeral 6.3.6 de la Directiva General Nº.001-2010-MTPE/4, Directiva para los contratos administrativos de servicio, se comunica al actor la entrega inmediata de su cargo y devolución del fotocheck. De la lectura de la carta de imputación de cargos (fs. 20) se deduce que se imputó al actor “el probable incumplimiento de obligaciones”, pues “habría infringido la cláusula sexta” de su CAS; resolviéndose su CAS mediante carta de fecha 14 de marzo de 2009 (fs. 3). Ante lo cual el actor negó haber cometido falta alguna, en la carta de descargos de fojas 8.

 

Al respecto, este colegiado concluye que, ante la falta de acreditación e indeterminación de la falta imputada, la resolución de contrato no se justificó en el incumplimiento injustificado del actor de las obligaciones derivadas del contrato, conforme al art. 13.f) del Decreto Supremo 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM. La relación laboral que mantuvieron las partes culminó por decisión unilateral de la emplazada.

 

7.             Sin embargo, sobre la pretensión de reposición en el régimen del contrato administrativo de servicios, es pertinente precisar que conforme al criterio establecido por este Tribunal Constitucional en la STC N.º 03818-2009-PA/TC “(…) al régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios no le resulta aplicable el régimen procesal de eficacia restitutoria (readmisión en el empleo), sino únicamente el régimen procesal de eficacia restitutiva (indemnización)”, motivo por el cual el demandante sólo tendría derecho a percibir la indemnización prevista en el artículo 13.3 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración del derecho alegado.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

BEAUMONT CALLIRGOS

MESÍA RAMÍREZ

CALLE HAYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 02823-2012-PA/TC

LIMA

AGUSTÍN CACSIRE

CHUQUITAY

 

 

FUNDAMENTO DE VOTO DE MAGISTRADO CALLE HAYEN

 

Con el debido respeto que me merece la sentencia puesta a mi consideración, procedo a emitir el presente fundamento de voto, por las consideraciones siguientes:

 

1.-  Estando a los fundamentos expuestos en la sentencia, a la cual me adhiero, y si bien en el caso concreto no se presenta la figura de desnaturalización contractual que generaría la reposición del trabajador, por cuanto nos encontramos frente a una figura contractual de carácter; tampoco le genera al actor el derecho restitutorio que le corresponde a los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada.

 

2.-  En el caso de autos el contrato administrativo de servicios se ha truncado por decisión unilateral de la demandada, conforme a lo discernido en el fundamento 6 de la sentencia, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.3 del Decreto Supremo 075-2008-PCM, y de acuerdo con lo estipulado en el fundamento 7 de la STC 3818-2009-PA, corresponde que el empleador abone al accionante en forma automática la indemnización equivalente a 2 meses de remuneración, conforme a la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional en la sentencia acotada, que se transcribe, en razón de que al régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios no le es aplicable el régimen procesal de eficacia restitutoria, sino únicamente el régimen procesal de eficacia restitutiva; esto es, el pago el abono de la indemnización correspondiente, por lo que se deja a salvo el derecho del actor para que lo haga valer en la vía correspondiente. Dice el Tribunal: 

 

Declarar que la interpretación constitucional del numeral 13.3 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM es la siguiente:

 

“Si el despido se produce por terminación injustificada, el empleador tiene la obligación de pagar automáticamente al trabajador la indemnización equivalente a las remuneraciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos meses. En caso de que el empleador no abone en forma automática la indemnización, el trabajador podrá interponer la demanda correspondiente.

 

Si el trabajador considera que no ha cometido la falta imputada que sustenta su despido o éste constituye una sanción desproporcionada, podrá interponer una demanda solicitando que se le abone una indemnización equivalente a las remuneraciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos (2) meses”.

 Por las consideraciones expuestas, dejando a salvo el derecho del actor para que lo haga valer en la vía correspondiente, mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda.

 

 

Sr.

 

CALLE HAYEN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 02823-2012-PA/TC

LIMA

AGUSTÍN CACSIRE

CHUQUITAY

 

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS

 

Teniendo en cuenta que en el presente caso se verifica la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el denominado “Contrato Administrativo de Servicios” (CAS), y sin perjuicio de lo expresado en la STC Nº 00002-2010-PI/TC y su respectiva resolución de aclaración, juzgo conveniente manifestar algunos argumentos adicionales:

 

1.      En principio, se constata que el CAS ha establecido condiciones más favorables para los trabajadores del sector público que se encontraban sujetos a los contratos por locación de servicios (mal llamados contratos de servicios no personales, SNP) y otras contrataciones estatales irregulares, que en la práctica han sido recurrentemente usados de manera fraudulenta para encubrir relaciones de trabajo, tal y como lo ha evidenciado la reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional. Aún cuando cabe reconocer que en el contexto actual el CAS es más ventajoso y por ello resulta válido desde una perspectiva constitucional, según ha quedado expresado en la STC Nº 00002-2010-PI/TC, en tanto ha reconocido algunos derechos laborales básicos (jornada máxima semanal, descanso semanal, vacaciones obligatorias, entre otros); es de precisar, desde mi punto de vista, que la “constitucionalidad” de la que goza hoy el régimen CAS es un estatus que con el tiempo devendría en inconstitucional si es que el Estado mantiene indefinidamente dicho régimen tal y como está actualmente regulado, esto es, i) sin particularizar las funciones y tareas del personal CAS, ii) sin normar el tiempo de permanencia total en el régimen y, en general, iii) sin igualar los derechos laborales con los derechos que sí gozan otros trabajadores de otros regímenes de trabajo que realizan las mismas funciones. Nuestras autoridades, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, en ese sentido, dentro de un plazo razonable, deben adoptar las políticas dirigidas a mejorar las condiciones ya implementadas, caso contrario, las limitaciones que actualmente establece el CAS se convertirían en discriminatorias y, desde luego, serían susceptibles de control constitucional.

 

2.      El periodo razonable estará determinado por la disponibilidad presupuestaria del Estado, pues dicha circunstancia será concluyente para la configuración de la medida política más satisfactoria para el respeto de los derechos de los trabajadores del CAS; situación la misma, que es de resaltar, es de atención prioritaria por ser una necesidad de naturaleza “básica”, puesto que su regulación incidirá en el aumento de la calidad de vida de los trabajadores del CAS. Y en ese objetivo, se ha publicado la Ley Nº 29849, ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales, publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de abril del 2012, y que constituye un paso importante en la tarea de establecer mejores condiciones iusfundamentales para el CAS. En ella se reconoce que, en el tránsito hacia el nuevo régimen, los trabajadores del CAS gozarán de distintos derechos como el de libertad sindical, la igualdad de jornada (con la de los trabajadores permanentes de la misma entidad), el aumento de vacaciones a treinta días, el aguinaldo por fiestas patrias y navidad, la licencia por maternidad y paternidad, entre otros. De igual manera, se señala el carácter transitorio del régimen y se establece su eliminación gradual a partir del 2013, fecha en la que se prevé la implementación del denominado Régimen del Servicio Civil.

 

3.      En efecto, según la Primera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 29849 se establece que la “La eliminación del Decreto Legislativo 1057 se produce de manera gradual a partir del año 2013, con la implementación del nuevo Régimen del Servicio Civil” (resaltado agregado). Si bien la opción del legislador ha sido por la eliminación progresiva del CAS y la implementación del nuevo Régimen del Servicio Civil, al cual se señalan que ingresarán los trabajadores del CAS, no debe dejarse de advertir dos cuestiones que resultan primordiales atender si es que el objetivo es la efectiva progresividad del goce de los derechos del personal del CAS. La primera cuestión es que la Ley Nº 29849 no ha indicado un plazo para la transitoriedad, solo se limita a señalar que la eliminación del CAS será “gradual”, lo cual es susceptible de prestarse a dilaciones que incidan en la aludida progresividad. Como es evidente, la transitoriedad hacia el nuevo Régimen del Servicio Civil no puede ser indefinido, por lo que estimo que el lapso de siete años resulta prudente y razonable para evaluar la completa derogación del CAS; no obstante, debe dejarse claro que mientras mayor sea el tiempo que transcurra hasta su completa derogación, mayor será el peso de la carga justificatoria del Estado respecto de la demora en la eliminación del CAS. Asimismo, una segunda cuestión es que la Ley Nº 29849 no ha señalado en que condiciones ingresarán los trabajadores del CAS al citado nuevo régimen, silencio el cual genera incertidumbre que no permite concluir objetivamente si es que el nuevo régimen constituirá o no un progreso en el goce de los derechos laborales.

 

4.      En ese sentido, se debe exhortar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo cumplan con normar en el más pronto tiempo estas materias expuestas supra con la finalidad de que dichas omisiones no corran el riesgo de inconstitucionalidades futuras.

 

 

Sr.

 

BEAUMONT CALLIRGOS

 

 

 

 

 

MRS