EXP. N.° 03045-2012-PA/TC
ICA
JUAN PASTOR
DONAYRE RAMÍREZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 18 días del mes de septiembre de 2012, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Mesía Ramírez y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Pastor Donayre Ramírez contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 209, su fecha 23 de mayo de 2012, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 3337-2007-ONP/DP/DL 19990, expedida con fecha 14 de noviembre de 2007, que dispone que a partir del mes de diciembre de 2007, se suspenda el pago de la pensión de jubilación adelantada que le fue otorgada en virtud de la Resolución 54969-2005-ONP/DC/DL19990, de fecha 21 de junio de 2005, reconociéndole 32 años completos de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; y que se ordene a la entidad demandada restituirle su pensión de jubilación, así como el pago de los devengados, intereses legales, bonificaciones y gratificaciones correspondientes y costos del proceso.
Alega que la citada resolución vulnera, entre otros, sus derechos al debido proceso, a la motivación y a la pensión, toda vez que de manera unilateral y arbitraria, y sin permitirle ejercer su derecho a la contradicción, decide suspenderle el pago de su pensión.
La ONP contesta la demanda y solicita que ésta sea declarada infundada, argumentando que la cuestionada resolución se sustenta en la revisión del expediente administrativo del recurrente, en el que se evidencia que existen indicios de falsedad o adulteración en la información y/o documentación presentada con el fin de obtener la pensión de jubilación.
El Cuarto Juzgado Civil Transitorio de Ica, con fecha 18 de mayo de 2011, declaró fundada la demanda, por estimar que la entidad, para ordenar la suspensión del pago de la pensión, debió acreditar debidamente la falsedad o adulteración de los documentos presentados por el recurrente.
La Sala Superior revisora, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar que la resolución que ordena que se suspenda la pensión de jubilación se sustenta en la existencia de indicios razonables de adulteración de la documentación que sustenta el derecho pensionario del actor, lo cual constituye una medida razonable mediante la cual Administración garantiza que dichas prestaciones se otorguen de acuerdo a ley.
FUNDAMENTOS
1. Delimitación del petitorio
El recurrente interpone demanda de amparo contra la ONP, con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 3337-2007-ONP/DP/DL 19990, expedida por el Jefe de la División de Pensiones, con fecha 14 de noviembre de 2007, que dispone que a partir del mes de diciembre de 2007, se suspenda el pago de la pensión de jubilación adelantada que le fue otorgada en virtud de la Resolución 54969-2005-ONP/DC/DL19990, de fecha 21 de junio de 2005; y que se ordene a la entidad demandada restituirle su pensión de jubilación, así como el pago de los devengados, intereses legales, bonificaciones, gratificaciones correspondientes y costos del proceso.
Considera que la citada resolución vulnera su derecho constitucional al debido procedimiento administrativo, en particular, el derecho a la motivación, así como su derecho fundamental a la pensión, toda vez que en forma arbitraria y sin permitirle ejercer su derecho a la contradicción, ordena se le suspenda el pago de su pensión de jubilación adelantada que venía percibiendo en virtud de la Resolución 54969-2005-ONP/DC/DL19990, de fecha 21 de junio de 2005.
De acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-AI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión constituye un elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo, de conformidad con los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 01417-2005-PA/TC; por lo tanto, corresponde verificar si en la resolución que ordena la suspensión del pago de pensión del recurrente, se ha respetado el derecho al debido procedimiento administrativo, en el que se encuentra comprendido el derecho a una debida motivación.
Por su parte, si se tiene en cuenta que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones que resultan necesarias para su goce, corresponde verificar que aquellas restricciones temporales a su ejercicio, como ocurre en el caso sub exámine, se encuentren debidamente sustentadas a efectos, de evitar arbitrariedades en la intervención de este derecho.
2. Sobre la afectación al debido proceso (artículo 139.3 de la Constitución)
2.1. Argumentos del demandante
Manifiesta que con la Resolución 54969-2005-ONP/DC/DL 19990 (fojas 3), la ONP le otorgó, a partir del 30 de marzo de 2003, la pensión de jubilación adelantada; disponiendo, además, que el abono de pensiones devengadas se genere a partir del 26 de abril de 2004, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 del Decreto Ley 19990.
No obstante, aduce que, con fecha 14 de noviembre de 2007, la demandada ONP expidió la Resolución 3337-2007-ONP/DP/DL19990 (fojas 4), con lo cual, a su juicio, vulnera su derecho al debido proceso y en particular su derecho a la motivación, toda vez que de manera arbitraria y sin permitirle el derecho a la defensa ordena suspenderle del pago de su pensión de jubilación adelantada.
2.2. Argumentos de la demandada
Solicita que la demanda sea declarada infundada debido a que su actuación a través de la Resolución 54969-2005-ONP/DC/DL 19990, se encuentra sujeta a derecho, debiendo permanecer la medida de suspensión del pago de la pensión adoptada hasta que concluya el procedimiento de fiscalización en el cual se encuentra comprendido el recurrente.
Sostiene, asimismo, que la resolución materia de cuestionamiento ha sido expedida conforme a ley, al advertirse que existen indicios de falsedad o adulteración en la información y/o documentación que sustentan los derechos pensionarios del actor.
2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional
El derecho a un debido proceso en sede administrativa
2.3.1. El derecho constitucional al debido proceso, tipificado en la Constitución Política de 1993 establece, en el inciso 3) del artículo 139 que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.
Dicha disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general, por lo que constituye también un principio y un derecho del proceso administrativo.
2.3.2. Al respecto, con relación al debido proceso en sede administrativa, este Tribunal en la STC 4289-2004-AA/TC, ha expresado en los fundamentos 2 y 3, respectivamente, que “(…) el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. …”; y que “El derecho al debido proceso y los derechos que contiene son invocables y, por lo tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.)” (subrayado agregado).
Posteriormente, en lo que se refiere al contenido constitucional del derecho al debido proceso, este Colegiado ha establecido en la STC 0023-2005-AI/TC, fundamento 43 que: “(…) los derechos fundamentales que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares (procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, entre otros)”y fundamento 48 que: “(…) este contenido presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”. (subrayado agregado).
2.3.3. Por su parte, este Tribunal ha precisado que el derecho al debido proceso comprende, a su vez, un conjunto de derechos constitucionales que forman parte de su estándar mínimo, entre los cuales se encuentra el derecho a la motivación. Así, en el presente caso, especial relevancia adquiere confirmar si se ha respetado el derecho a la motivación, como parte integrante del derecho al debido procedimiento administrativo.
La motivación como parte integrante del debido procedimiento administrativo
2.3.4. En lo que refiere a la motivación de los actos administrativos, este Colegiado en la STC 2192-2004-AA/TC, ha señalado: “La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático de derecho, que se define en los artículos 3º y 43º de la Constitución como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En el Estado constitucional democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”.
2.3.5. A su vez, este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición en la STC 00091-2005-PA/TC, fundamento jurídico 9, párrafos 3 y 5 al 8; criterio reiterado en las STC 294-2005-PA/TC, 5514-2005-PA/TC, entre otras, en los siguientes términos:
“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […].
La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.
El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.
Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.
En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo”.
2.3.6. Adicionalmente, en el fundamento 40 de la STC 8495-2006-PA/TC, ha determinado que: “(…) un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”.
2.3.7. Sobre el particular, el inciso 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que el debido procedimiento administrativo es uno de los principios del procedimiento administrativo. En atención a éste, reconoce que: “Los administrados gozan de todos los derecho y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho…” (subrayado agregado).
2.3.8. A su vez, el artículo 3.1. de la Ley 27444, sobre los requisitos de validez de los actos administrativos, precisa que: “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”; y en el artículo 6, sobre la motivación del acto administrativo, señala: “6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado; 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se le identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto”; 6.3 No son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto…”.
2.3.9. Abundando en la obligación de la motivación, incluso cuando se hubiera efectuado una motivación por remisión, el artículo 24.1.1 de la Ley 27444, exige a la Administración que la notificación contenga “El texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación”.
2.3.10. Por último, en el Título V, Capítulo II, denominado “Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública” de la Ley 27444, el artículo 239.4 preceptúa que “las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de: (…) Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia”.
2.3.11. Por su parte, cabe precisar, además, que este Tribunal, tal como lo ha expuesto en anterior jurisprudencia, considera que la motivación no solo es una obligación legal de la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda interponer los recursos de impugnación pertinentes, cuestionado o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo que expiden y que, como en el presente caso, involucran una medida de suspensión del goce de derechos pensionarios.
El derecho a la motivación en las decisiones de la entidad previsional referidas a la suspensión del pago de pensión
2.3.12. En lo que se refiere a la suspensión del pago de la pensión, cuando la causa de ésta estuviera referida a documentos que sustentan las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones –SNP, como ocurre en el caso sub exámine, la Administración deberá respetar las normas que regulan el procedimiento administrativo general, a fin de ejercer la facultad de fiscalización posterior y, de ser el caso, su cuestionamiento de validez.
2.3.13. Al respecto, el artículo 32.3 de la Ley 27444, a la letra dice: “En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos (…)”; procediendo a iniciarse el trámite correspondiente para que se declare la nulidad del acto administrativo, la determinación de las sanciones correspondientes y responsabilidades penales, de ser el caso.
2.3.14. Obviamente, se entiende que la consecuencia inmediata y lógica, previa a la declaración de nulidad del acto administrativo, es la suspensión de sus efectos, dado que lo contrario sería aceptar que, pese a comprobar la existencia de ilícito o fraude en la obtención de un derecho, la Administración se encuentre obligada a mantenerlo hasta que se declare su nulidad.
2.3.15. Así, en materia previsional, conforme a las normas que regulan los requisitos indispensables para el reconocimiento del derecho pensionario, la ONP está facultada para suspender el pago de las pensiones obtenidas fraudulentamente, toda vez que continuar con el pago supondría poner en riesgo el equilibrio económico del Sistema Nacional de Pensiones y el incumplimiento de la obligación de velar por la intangibilidad de los fondos de la seguridad social. Ello sin dejar de recordar que, conforme a las normas que regulan el Procedimiento Administrativo General a que se ha hecho referencia, procederá a condición de que la ONP compruebe la ilegalidad de la documentación presentada por el pensionista, luego de lo cual asume la carga de realizar las acciones correspondientes para declarar la nulidad de la resolución administrativa que reconoció derechos pensionarios sustentada en documentación y/o información falsa, adulterada y/o irregular presentada por el administrado.
2.3.16. Por su parte, cabe precisar que el artículo 3.14 de la Ley 28352, ha establecido como una de las funciones de la ONP “Efectuar las acciones de fiscalización que sean necesarias, con relación a los derechos pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su otorgamiento con arreglo a ley” (subrayado agregado). A su vez, el artículo 32.1, en concordancia con el artículo IV, inciso 1.16 de la Ley 27444, establece que la entidad ante la que se ha realizado un procedimiento de aprobación automática o evaluación previa, por la fiscalización posterior, queda obligada a verificar de oficio, mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado. Por consiguiente, en caso de que existan indicios razonables de acceso ilegal a la prestación pensionaria, la ONP está obligada a investigar a fin de determinar o comprobar si efectivamente existió fraude para acceder a ésta, e iniciar las acciones legales correspondientes, en caso que la información presentada no sea veraz.
2.3.17. Siendo así, en el caso que la ONP decida suspender el pago de la pensión, la resolución administrativa que al efecto se expida debe establecer con certeza si uno o más documentos e información que sustentan el derecho a la pensión son falsos, adulterados y/o irregulares; además, y en vista de la gravedad de la medida, toda vez que deja sin sustento económico al pensionista, debe cumplir con su obligación de fundamentar debida y suficientemente su decisión, dado que carecerá de validez en caso de que la motivación sea insuficiente o esté sustentada en términos genéricos o vagos. Y ello es así, porque la motivación de los actos administrativos, más aún de aquellos que extinguen o modifican una relación jurídica (caducidad y suspensión) es una obligación de la Administración y un derecho del administrado, incluso considerando la motivación por remisión a informes u otros, caso en el cual la ONP está en la obligación de presentarlos para sustentar su actuación y poder efectuar el control constitucional de su actuación.
2.3.18. En el caso de autos, consta de la Resolución 3337-2007-ONP/DP/DL 19990 (fojas 4), que se suspende el pago de la pensión de jubilación adelantada del demandante, fundamentando la decisión en que: “(…) mediante Informe 332-2007-GO.DC/ONP, de fecha 7 de noviembre del 2007, la División de Calificaciones de la Gerencia de Operaciones comunicó que de las investigaciones y verificaciones basadas en el principio de privilegio de controles posteriores, Artículo 4º del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, realizadas en los expedientes administrativos de las personas mencionadas en el referido ANEXO Nº 1, se ha podido concluir que existen suficientes indicios razonables de irregularidad en la información y/o documentación presentada con el fin de obtener la pensión de jubilación”; con lo cual, agrega, se evidencia que existe información y/o documentación con indicios de falsedad o adulteración que sirvieron de sustento para que el actor obtenga la pensión de jubilación solicitada. Señala, además, que la citada medida de suspensión de la pensión se mantendrá hasta que la División de Calificaciones concluya el procedimiento de fiscalización en el que se encuentra comprendido el recurrente, para lo cual, resuelve en el artículo 2 lo siguiente: “Artículo 2º: Comunicar a la División de Calificaciones para que realice las acciones correspondientes a fin de comprobar la falsedad, adulteración o irregularidad de la información y/o documentación que sirvió como sustento para el reconocimiento de la pensión de jubilación, sin perjuicio de las acciones legales que se vienen llevando a cabo”.
2.3.19. Al respecto, se advierte que la motivación de la resolución cuestionada resulta en sí misma arbitraria, al sustentarse en meros indicios para ordenar la suspensión del pago de la pensión de jubilación adelantada del actor; lo que se agrava, cuando remitiéndose al Informe 332-2007-GO.DC/ONP, expedido por la División de Calificaciones de la Gerencia de Operaciones, con el que se demostraría la existencia de suficientes indicios razonables de irregularidades en la documentación y/o información que el demandante habría presentado, éste no aparece en autos. Asimismo, a pesar del tiempo transcurrido, no se advierte de los actuados que la entidad previsional haya informado del resultado de la fiscalización llevada a cabo con el fin de comprobar las presuntas irregularidades alegadas; y desde la suspensión de la pensión ordenada con fecha 14 de noviembre de 2007, que haya presentado medio probatorio alguno en el que se compruebe que el recurrente solicitó su pensión de jubilación sustentándose en documentos o información falsa, adulterada o irregular.
2.3.20. Sobre el particular, cabe precisar que el Decreto Supremo 092-2012-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 16 de junio de 2012, que “Aprueba el Reglamento de la Ley 29711 y dicta otras disposiciones” y deroga el Decreto Supremo 082-2001-EF, así como el artículo 54 del Reglamento del Decreto Ley 19990, aprobado por Decreto Supremo 011-74-TR y modificado por los Decretos Supremos 001-98-TR, 122-2002-EF y 063-2007-EF; en su Segunda Disposición Complementaria Final, precisa: “En todos los casos que la Oficina de Normalización Previsional –ONP, compruebe que existe falsedad, adulteración y/o irregularidad en la documentación y/o información a través de la cual se ha reconocido derechos pensionarios, ésta queda facultada para suspender los efectos de los actos administrativos que los sustentan, sin perjuicio de las acciones que la Administración pudiera implementar en observancia de lo establecido en el artículo 32º de la Ley Nº 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General”.
2.3.21. Consecuentemente, se concluye que ha quedado acreditada la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones administrativas, integrante del derecho al debido proceso en sede administrativa.
3. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución)
3.1. Argumentos del demandante
Sostiene que luego de haber pasado las once etapas de evaluación exigidas por la demandada, en las que los funcionarios encargados revisaron minuciosamente los documentos presentados para obtener su pensión de jubilación adelantada; con Resolución 54969-2005-ONP/DC/DL19990, de fecha 21 de junio del 2005, se le otorgó la pensión de jubilación solicitada. No obstante, dos años después, con Resolución 3337-2007-ONP/DP/DL 19990, la ONP decide arbirariamente suspenderle el pago de la referida pensión adelantada que venía percibiendo, vulnerando su derecho a la pensión.
3.2. Argumentos de la demandada
Manifiesta que la medida de suspensión del pago de la pensión del demandante ha sido ordenada en el marco de la ley, al advertirse que existen indicios de falsedad o adulteración en la información y/o documentación con la cual se ha reconocido sus derechos pensionarios
3.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional
3.3.1. El derecho fundamental a la pensión se encuentra reconocido en el artículo 11 de la Constitución Política, y debe ser otorgado en el marco del sistema de seguridad social reconocido en el artículo 10 de la referida Norma Fundamental.
3.3.2. En el fundamento 32 de la STC 1417-2005-PA/TC, este Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a la pensión:
“Tiene la naturaleza de derecho social -de contenido económico-. Surgido históricamente en el tránsito del Estado liberal al Estado social de Derecho, impone a los poderes públicos la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en función a criterios y requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los estándares de la ‘procura existencial’. De esta forma se supera la visión tradicional que suponía distintos niveles de protección entre los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, atendiendo al principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales y a que cada uno formaba un complejo de obligaciones de respeto y protección -negativas- y de garantía y promoción -positivas- por parte del Estado.” (STC 0050-2004-AI , 0051-2004-AI / 0004-2005-AI, 0007-2005-AI, 0009-2005-AI, acumulados, fundamento 74)”.
3.3.3. Por su parte, en lo que se refiere a no ser privado de modo arbitrario e injustificado de la pensión, este Colegiado, en el fundamento 107 de la STC 00050-2004-AI/TC y otros acumulados, ha precisado:
“ (…) en concordancia con el principio de dignidad humana y con valores superiores como la igualdad y solidaridad, además de los derechos fundamentales a la vida y al bienestar, se puede inferir que la Constitución de 1993 reconoce el derecho fundamental a la pensión, el cual adquiere relevancia porque asegura a las personas llevar una vida en condiciones de dignidad e igualdad.
El contenido esencial del derecho fundamental a la pensión está constituido por tres elementos, a saber:
- el derecho de acceso a una pensión;
- el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella; y,
- el derecho a una pensión mínima vital.
Mediante el derecho fundamental a la pensión, la Constitución de 1993 garantiza el acceso de las personas a una pensión que les permita llevar una vida en condiciones de dignidad. Este derecho fundamental también comporta el derecho de las personas a no ser privadas de modo arbitrario e injustificado de la pensión; de ahí que corresponda garantizar, frente a la privación arbitraria e irrazonable, el goce de este derecho (…)”.
3.3.4 En el presente caso se tiene que la Resolución 3337-2007-ONP/DP/DL 19990, de fecha 14 de noviembre de 2007, expedida por el Jefe de la División de Pensiones de la ONP, que ordena que se suspenda el pago de la pensión de jubilación adelantada del demandante, se fundamenta en la evidencia de que existe información y/o documentación con indicios de falsedad o adulteración que sirvieron de sustento para que el actor obtenga la referida pensión de jubilación. No obstante, conforme los actuados se advierte que la ONP, hasta la fecha, no ha acreditado que los documentos que la accionante presentó en sede administrativa para obtener su pensión de jubilación, sean falsos, adulterados y/o irregulares.
3.3.5. Así las cosas, se concluye que el accionar de la ONP ha sido arbitrario, vulnerando el derecho a la pensión del actor.
4. Efectos de la sentencia
En consecuencia, se acredita la vulneración del derecho del debido proceso administrativo, en particular, del derecho a la motivación como parte integrante del derecho del debido proceso en sede administrativa; así como del derecho fundamental a la pensión.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Publíquese y notifíquese.
SS.
BEAUMONT CALLIRGOS
MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ